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El Gobierno puso a consulta de las fracciones legislativas y de los bloques sindicales, desde el miércoles anterior, un borrador de proyecto de ley para limitar los pluses salariales de todo el sector público.
El texto proviene del trabajo de la congresista Sandra Piszk, de Liberación Nacional (PLN) junto con compañeros de distintos partidos y que integran la subcomisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
En ese foro participaron la diputada Emilia Molina, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Luis Vásquez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Patricia Mora, del Frente Amplio.
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Otros fueron invitados a tomar parte en la discusión, como Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (quien finalmente no asistió).
Aclaración y topes. En la propuesta, tanto el Ejecutivo como opositores al plan, proponen aclarar mejor los conceptos asociados a los diferentes pluses, como dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, anualidades, disponibilidad, zonaje y cesantía.
En cuanto a dedicación exclusiva y prohibición, Piszk explicó que se tuvo que diferenciar claramente entre ambos y establecer que solo se pueden recibir luego de la firma de un contrato entre el empleado y la administración.
En ambos casos, el funcionario deberá aportar una certificación del colegio profesional respectivo, donde se indique que el empleado está en facultad de ejercer su profesión.
En ninguno de los dos casos se considerará un derecho adquirido y la administración respectiva no tendría obligación de renovar el contrato sobre ese plus, una vez que haya vencido su plazo.
En cuanto a las anualidades, deja por fuera a los empleados que tengan calificación de ‘bueno’ y solo se les daría a los ‘muy buenos’ y los ‘excelentes’: para los primeros, el porcentaje de la anualidad sería de un 1,94% y los segundos recibirían un 2,56%.
Reglas. Ante las grandes diferencias que actualmente existen sobre varios de los pluses, el proyecto establece cuáles instituciones públicas estarían obligadas a sujetarse a esta legislación.
Los tres poderes, sus órganos desconcentrados y auxiliares, las instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas y municipalidades serían alcanzadas por la iniciativa.
Quedarían fuera bancos, entidades públicas no estatales y empresas públicas en competencia, así como los empleados que estén en régimen de salario único.
Para el viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, se trata de un buen texto, que ya pasó por correcciones desde que Piszk lo puso en conocimiento del Poder Ejecutivo, hace cerca de tres semanas.
“La posición del Gobierno es positiva, es un buen documento para iniciar la discusión”, dijo el viceministro, encargado de los asuntos legislativos.
Mora explicó que las vías para impulsar el proyecto en el Congreso serían: o como un nuevo texto al expediente 19.506, presentado originalmente por Piszk, o como dictamen de la subcomisión, con los cambios sugeridos.
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Prohibiciones. En cuanto a los pluses prohibidos, la iniciativa legal destierra aquellos reconocimientos por discrecionalidad o confidencialidad de los empleados, así como un porcentaje por quinquenios.
Las convenciones colectivas también tendrían que ajustarse a nuevas reglas, como una vigencia máxima de cinco años y el vencimiento automático si no se quiere renegociar, además del cese de sus efectos si en un año no se ha logrado renegociar.
Piszk añadió que habría castigo para jerarcas institucionales o sindicales que, a propósito, atrasen las negociaciones para afectar una modificación de la convención colectiva respectiva.
Los pagos de años de cesantía, según la nueva propuesta, serán los establecidos en el Código de Trabajo, o sea, ocho; sin embargo, si a la entrada en vigencia de la normativa hay trabajadores que acumulan más por regímenes determinados, se les respetará ese derecho adquirido.
Ruta ligera. Antes de que saliera a consulta el plan sobre los beneficios adicionales a las remuneraciones, ya el Gobierno tenía en sus manos tres mociones de vía rápida: una sobre este plan de empleo público, otra sobre el impuesto al valor agregado y una más relacionada al tributo sobre las personas jurídicas.
Mientras que el Frente Amplio asegura que este “acuerdo” entre Gobierno y PLN va de la mano con la ruta expedita de tramitación de proyectos, el libertario Guevara manifestó que no apoya estas mociones, ya que él se opone a los impuestos.
Sin embargo, Guevara alabó la propuesta de Piszk.
Por otro lado, el demócrata cristiano Redondo confirmó que recibió la consulta relacionada al proyecto sobre pluses, pero no así las mociones de vía rápida para ese plan y los tributos.
Según el viceministro Mora, las mociones son prácticamente una copia de la utilizada para aprobar de forma rápida, en setiembre, el plan para mejorar la lucha contra fraude fiscal.
