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El gobierno de Luis Guillermo Solís le quitó a la Procuraduría General de la República (PGR) la defensa de Costa Rica en la demanda por la prohibición de la fecundación in vitro (FIV), ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego de que esa institución defendió al país en el proceso ante ese tribunal internacional.
La representación fue trasladada a la Dirección Jurídica de Casa Presidencial en agosto del año pasado, justo en el momento en que ese despacho redactaba el fallido decreto ejecutivo con el que Solís pretendió regular la FIV.
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Sin dar mayores detalles, la decisión fue comunicada a la procuradora general Ana Lorena Brenes, en una carta enviada por el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, el 10 de agosto del 2015.
“Mediante el presente oficio se procede a poner en su conocimiento la decisión de la Presidencia de la República de asumir la representación como Agente del Estado en el caso Artavia Murillo vs Costa Rica en la Corte IDH, con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”, señala la nota DM-1140-2015, de la cual La Nación tiene copia.
Sin detalles. Brenes confirmó su separación del caso, pero evitó ahondar en los motivos y en calificar si la decisión del Gobierno fue prudente o no.
La Procuraduría es el abogado del Estado en casos nacionales. En casos internacionales, esa función le corresponde a la Cancillería, pero el presidente puede delegarla en terceros.
En el 2011, la entonces mandataria Laura Chinchilla le pidió a la PGR asumir la defensa en el caso de FIV. A finales del 2012, la Corte IDH condenó al país por prohibir la fertilización in vitro y ordenó permitir de nuevo la aplicación de esa técnica.
Ante reiteradas consultas de este medio, la jerarca de la Procuraduría se limitó a responder que el retiro de su institución fue una decisión de la Presidencia.
“Eso es una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo, la representación la tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores y, por ende, el Poder Ejecutivo decide si es representado por el propio ministerio, por la Procuraduría o por otro”, declaró Brenes.
Contradicción. Si bien la carta de Alfaro es clara, no es coincidente con la postura expresada por el presidente Solís, quien negó que le haya prohibido a Brenes actuar o referirse sobre los procesos en la Corte IDH.
Ante una consulta de este medio, el miércoles 17 de febrero, enfatizando cada palabra que pronunciaba, el mandatario aseguró que él no se arriesgaría a darle tal orden a la procuradora, pues sería ilegal.
“No he negado, no he ordenado, no le he pedido, no le he mandado a la señora procuradora que no intervenga, y si lo hubiera hecho, conociéndola, estoy seguro que la señora procuradora de haber querido, habría actuado de motu proprio, como corresponde”.
”Yo no le he indicado a la señora procuradora, como no me atrevería a hacerlo a ningún funcionario de esa jerarquía una orden que contravenga lo que la normativa establece. No ha habido ningún tipo de manifestación mía respecto de ese tema hacia la procuradora. Ella hace su trabajo y yo hago el mío, y el que estoy haciendo en esa materia es de conocimiento público”, expresó Solís.
Cuatro años. La Procuraduría, que funge como abogado del Estado, quedó fuera del proceso casi cuatro años después de que la Cancillería le encomendará esa función y en momentos en que el país está a las puertas de un nuevo juicio por la demanda de otras seis parejas que no pudieron acceder a la FIV.
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La Procuraduría asumió la defensa de la primera demanda a finales de julio del 2011, cuando el caso fue elevado a la Corte IDH, luego de que el Estado no legalizara la FIV en los plazos que le concedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ese órgano analizaba una demanda al país que presentaron diez parejas desde enero del 2001, un año despues de que la práctica de ese procedimiento fue prohibida por la Sala Constitucional.
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Para rechazar tal queja ante la Corte Interamericana, la Procuraduría alegó, en su momento, que hay un “derecho a la vida desde la concepción” y que por ende, “a partir de esa etapa es que surge la obligación del Estado de proteger ese nuevo ser”.
La PGR basó esa tesis apoyada en criterios científicos y técnicos que dicen que “la vida se inicia desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen”.
Tal posición es la misma que sostienen quienes se oponen a la FIV, una técnica de fertilización asistida, en la cual las parejas deben recurrir a un laboratorio para que la mujer quede embarazada, pues allí se facilita la unión de los óvulos con los espermatozoides.
“Debe reconocer el Estado la potestad de otorgar el mayor nivel de protección a la vida del embrión, que, como ser humano, merece ser tratado con dignidad”, alegó el 30 de abril el abogado del Estado.
Colaboraron con esta información los periodistas Gerardo Ruiz Ramón y Óscar Rodríguez.
