Escuchar
El presidente Luis Guillermo Solís le pidió la renuncia este martes a todos los miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR), en medio de su preocupación por los créditos otorgados para "negocios cuestionados" y por los conflictos internos que se han generado entre ellos a causa de esos préstamos.
Los directivos son la empresaria Mónica Segnini, los exdiputados Evita Arguedas (independiente), Francisco Molina, Gustavo Arias y Ronald Solís (los tres del PAC), así como los abogados Alberto Raven y Paola Mora.
El mandatario tomó la decisión luego de recibir, el lunes, un informe confidencial de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) sobre el BCR. Esta tarde, el mandatario citó a los directivos a una reunión en Casa Presidencial para solicitarles la dimisión. Al salir de la reunión, ellos no habían puesto sus renuncias. Tienen previsto dar una conferencia a las 7:15 p. m.
A la reunión de hoy no asistieron Segnini ni Arias.
"En la nota, el superintendente (Javier) Cascante detalla, entre otros aspectos, que persisten conflictos internos entre los integrantes de la junta que impactan de manera negativa su funcionamiento, generando condiciones que dificultan su comunicación, colaboración y debate crítico para la toma de decisiones", dijo el mandatario.
"Señala que estas discrepancias no permiten garantizar los controles en las etapas de formalización y seguimiento de créditos. El Superintendente enfatiza que, a pesar de las gestiones previas de la Presidencia de la República y de la propia Sugef, no ha sido posible resolver las discrepancias dentro de la Junta Directiva, y eso podría poner en riesgo la gestión de negocios del banco", continuó Solís.
Consultado por este medio, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, agregó: "Hay un tema de gobernanza que está involucrado y la gobernanza es responsabilidad de la Junta".
"Lo que puedo decir es que (el informe) tiene unas afirmaciones que son suficientes como para que el Poder Ejecutivo tome la decisión de solicitarles la renuncia a los directores", añadió.
En los últimos meses, la Junta Directiva del BCR se ha visto envuelta en la polémica por los créditos otorgados para que la empresa Sinocem importara cemento chino y para que la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) le comprara una planta hidroeléctrica a la cementera Holcim.
Además, la Sugef había advertido en julio de que los negocios y el funcionamiento del BCR estaban en riesgo, debido a que la Junta Directiva debilitó su función de darle rumbo a las operaciones del segundo banco más grande del país.
De hecho, los siete directivos han tenido que ir a comparecer dos veces a la Comisión legislativa que investiga los créditos del BCR y una a la Comisión de Control de Gasto Público, por estos temas.
"El Banco de Costa Rica es una institución sólida, solvente y confiable, y merece toda nuestra atención y cuidado, para que en el futuro siga creciendo y fortaleciéndose. A todos los ciudadanos nos preocupa la información que ha trascendido acerca de las condiciones en las cuales el banco administró créditos para varios negocios que han sido cuestionados", explicó el mandatario.
"De manera reiterada he dicho que actuaríamos con contundencia y que seríamos firmes para proteger al banco y garantizar a las y los costarricenses la solidez de esta institución y que debíamos esperar la información oficial de la Sugef para tomar decisiones. Ayer 25 de setiembre (el lunes), recibí el informe del superintendente, Javier Cascante".
"Si bien es cierto este informe aporta razones suficientes para proceder a una destitución de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, esto obligaría a un procedimiento legal que pueda tardar muchos meses y afectar seriamente el normal funcionamiento del Banco y seguir dañando la institucionalidad. Es por esta razón que he solicitado esta tarde la renuncia en pleno de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica, con el fin de nombrar un nuevo equipo directivo para asegurar el funcionamiento normal, eficaz y eficiente de ese banco", añadió Solís.
El ministro de la Presidencia precisó que la solicitud de renuncia se les planteó a los directivos al inicio de la reunión, a las 4 p. m. "Escucharon la petición y quedaron de conversar entre ellos y darnos una noticia". Añadió que en otra parte de la reunión, luego de que se les expuso el informe, ellos dieron su punto de vista.
Para el presidente Solís y el ministro Alfaro, no hay por qué detener ninguna investigación.
"Hemos dado la cara cada vez que la Asamblea Legislativa o el Poder Judicial nos han pedido explicaciones; lejos de disimular u ocultar una dificultad la discutimos públicamente y exponemos lo que hemos hecho y lo que planeamos para resolverla. Insistimos en que deseamos que se investigue todo, y que cualquier persona sospechosa de actos de corrupción o tráfico de influencias sea investigada y sancionada, si así se demuestra", dijo el mandatario, quien añadió que el martes anunciará a los sustitutos y que el BCR sigue, mientras tanto, bajo la conducción de su gerente interino.
¿Qué pasó con los créditos cuestionados?
Cemento chino
Los créditos por $30 millones para importar cemento chino despertaron polémica en la Junta Directiva del BCR por las siguientes razones:
-Once días antes de que el Comité de Crédito aprobara las líneas de crédito para Sinocem, en setiembre de 2015, ese mismo órgano reformó un reglamento que permitió utilizar seguros de caución de aseguradoras privadas, como garantía para obtener créditos, mecanismo utilizado por Sinocem. La Junta Directiva conoció la modificación cinco días antes de discutir el otorgamiento de las líneas de crédito a la empresa de Juan Carlos Bolaños.
-La circulación de un audio en la Junta Directiva en el que, supuestamente, Juan Carlos Bolaños conversa con el exsubgerente del BCR y actual funcionario de ese banco, Guillermo Quesada, sobre el crédito. Directivos como Alberto Raven calificaron el audio como un supuesto plan para no pagar los créditos. No obstante, Paola Mora consideró inapropiado que el tema no se llevara al Ministerio Público y dijo tener choques con el resto de directivos, porque incluso querían detener los giros con base en el supuesto audio.
-Paola Mora también denunció en la Asamblea que Alberto Raven, quien era fiscal de la cementera Holcim, competencia directa de Sinocem, habló sobre este crédito en Junta Directiva. Incluso, afirmó que un acta fue modificada.
-Paola Mora tuvo seis encuentros con el cliente Juan Carlos Bolaños, lo que el resto de directivos consideró inapropiado.
-La mayoría de la Junta le iba a pedir la renuncia a Mora como presidencia por pérdida de confianza y por sus encuentros con Bolaños, pero ella se adelantó a dimitir a ese cargo.
-Andrés Víquez, subgerente de Banca Mayorista del BCR, dijo en la Asamblea que Paola Mora lo llamó para hacerle una consulta de seguimiento al crédito a Sinocem.
-La semana pasada, Paola Mora se reunión en Tres Ríos con el diputado Víctor Morales Zapata, a quien el presidente Luis Guillermo Solís le pidió la renuncia luego de conocerse sus vínculos con Juan Carlos Bolaños. Por ejemplo, un director de cuatro sociedades del empresario le gestionó unas vacaciones en Guanacaste a Morales a finales del 2015.
-La Junta Directiva suspendió por tres meses a Mario Barrenechea, gerente general del BCR, mientras investiga el crédito a Sinocem. Bolaños reconoció tener negocios con Javier Barrenechea, hijo del gerente bancario.
-Un informe interno del BCR determinó que de $20 millones girados al proveedor de Sinocem en Hong Kong, para la compra de cemento, $7 millones fueron devueltos a cuentas de Bolaños en los bancos Nacional y Cathay, lo que se aleja del plan de investigación.
-El BCR carecía de conocimiento sobre el mercado del cemento al aprobar las líneas de crédito.
La hidroeléctrica
El crédito de $32,7 millones para la compra la hidroeléctrica Aguas Zarcas, por parte de Coopelesca a Holcim, despertó pólémica por las siguientes razones:
-El directivo Alberto Raven era fiscal de Holcim en el momento en que el BCR otorgó el crédito a Coopelesca para que le comprara a la cementera la planta. Además, el negocio se concretó en el bufete del cual Raven es parte.
-La planta fue vendida a la Cooperativa en $35 millones, pero en los libros de Holcim estaba valorada en $12 millones y, restando la depreciación, en $2,7 millones.
-Una sociedad de la cual Raven es dueño del 100% de las acciones participó en el negocio, como fideicomisario de parte de las acciones de la hidroeléctrica, que quedaron en garantía mientras Coopelesca terminaba de pagar a Holcim.
-Después de la compra, los ingresos generados por la planta se vinieron abajo. De hecho, debió ser sacada de operación para recibir reparaciones. Coopelesca incluso pidió un alza en las tarifas eléctricas de los sancarleños, pero luego desistió de esta.
-La operación de la planta, además, depende de que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) quiera vender parte de las tierras en donde la planta opera en San Carlos. Holcim tenía un contrato de arrendamiento de esas tierras que se vence el otro año. El Inder no ve posible prorrogar el contrato de alquiler, por lo que la única opción es vender, algo que está analizando.
-Paola Mora dijo en el Congreso, bajo juramento, que Alberto Raven le pidió al gerente Mario Barrenechea que saliera a dar declaraciones positivas sobre el caso de Coopelesca.
Advertencia anterior
El 24 de julio, la Sugef había enviado un informe a Mónica Segnini, en su condición de presidenta del BCR, en el que advertía de que los negocios y el funcionamiento del BCR estaban en riesgo, debido a que la Junta Directiva debilitó su función de darle rumbo a las operaciones del segundo banco más grande del país.
"Contrario a las mejores prácticas bancarias, esta Superintendencia ha podido constatar que, en las últimas semanas, se observa un debilitamiento del gobierno corporativo del BCR, atribuible a la gestión de su órgano de dirección", señaló el oficio de carácter confidencial.
"De no corregirse, existirá sin duda alguna menoscabo en la gestión de negocios que impactarán la situación financiera y económica de la entidad", añade en el oficio el superintendente de la Sugef, Javier Cascante.
El riesgo no se queda ahí, apuntó Cascante, pues un eventual problema podría tener "efectos sistémicos" en el sistema financiero costarricense, debido al tamaño del BCR.
Según Cascante, entre las situaciones que "podrían poner en riesgo el funcionamiento y desempeño" del Banco está el hecho de que la Junta Directiva abandonara los asuntos relacionados con la estrategia bancaria. "Se observa, durante el segundo trimestre del 2017, una escasa valoración de temas estratégicos", apunta el oficio SGF-2011-2017.
Además, la Sugef advirtió de que existen dudas sobre la forma en que la propia Junta Directiva garantiza el cumplimiento del Código de Ética Corporativo del Conglomerado Financiero BCR, que establece los lineamientos para atender "los temas de conflictos de interés y la difusión de información". A la vez, cuestiona la existencia de "adecuados y oportunos" procesos internos de control al respecto.
"De no corregirse lo anteriormente señalado, la exposición al riesgo de confianza de clientes, depositantes e inversionistas se acrecienta con las consecuentes afectaciones en la solvencia y estabilidad del Banco y otras empresas del conglomerado financiero", alertó Cascante en su carta.
