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San José
El Gobierno retomó el plan de impulsar un fuerte aumento en los impuestos, quizá hasta con un IVA superior al 15% sobre las compras de productos y servicios, debido a que las finanzas públicas continúan deteriorándose.
La idea de apostar por una reforma tributaria liviana quedó desechada, informó el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez. Los números ya no dan para eso.
En marzo del 2015, el Poder Ejecutivo presentó dos proyectos para aumentar los ingresos públicos. Uno reformaba el tributo de renta. El otro transformaba el impuesto de ventas en impuesto sobre el valor agregado (IVA), con lo que se gravan servicios hoy exentos, y subiendo la tasa del 13% al 15% en tres años.
No obstante, en enero de este año, el Gobierno desistió del plan días después de que el presidente Luis Guillermo Solís concluyera que le veía poco futuro político. La oposición decidió no aprobar los proyectos mientras Zapote no apoyara una reforma al gasto empleo público, algo que Presidencia no hizo.
En su lugar, entonces, Hacienda anunció una reforma 'light' a los impuestos, en la que el IVA se mantendría en un 13%, por ejemplo.
Esta semana, el viceministro declaró que desisten de esta versión liviana porque ya no sirve, pues fue concebida cuando las finanzas públicas gozaron de una mejoría en el déficit fiscal, entre finales del 2016 y principios del 2017. Aunque fue anunciada y presentada a los partidos, esta propuesta nunca fue presentada formalmente a la Asamblea.
Como el proyecto no fue bien acogido en el Congreso y la situación financiera siguió deteriorándose, explicó Rodríguez, ahora Hacienda cree que el país necesita un plan fiscal más agresivo que el que ya le había propuesto al Parlamento.
"Cuidado y, si no, más adelante vamos a tener que hacer ajustes adicionales de esas versiones originales de los proyectos para hacerlas más exigentes, por ejemplo, con una tasa del impuesto al valor agregado (IVA) más elevada", advirtió.
Al mismo tiempo, Hacienda anuncia la posibilidad de endeudarse más en el exterior ante la falta de dinero en el mercado financiero local.
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La versión original del plan para reformar impuestos encarecería sustancialmente los bienes y servicios que consume la población en general.
El texto permitiría cobrar un 15% de IVA en los servicios de salud privada, excepto los servicios de hospitalización y cirugías. El plan liviano, en cambio, bajaba la tasa a un 4% e imponía una similar a la educación privada.
En materia de la reforma al impuesto sobre la renta, el Ejecutivo quiere retornar a la idea de crear dos escalas adicionales del tributo, para gravar con un 20% y un 25%, respectivamente, los salarios más altos. Actualmente, el gravamen máximo es de un 15%. En la versión liviana se limitaba a pedir la aprobación de una única escala adicional de un 20%.
Lo mismo hizo en cuanto a rentas de capital (el dinero que las personas ganan con inversiones como compra de bonos o acciones). Al principio, Hacienda quería subir de un 8% a un 15% el impuesto sobre esas ganancias; después, en el 2017, redujo la expectativa a un 12%.
La reforma original también cobraría el 30% de impuesto de renta a las grandes cooperativas, que hoy están exentas, cambio que no se mencionó en la segunda versión.
"Si no se actúa, la situación se va a seguir deteriorando y va a requerir entonces ajustes adicionales. Así que la versión liviana de los proyectos ya no tiene sentido porque ya no vamos a solucionar el problema de fondo. Hay que volver sobre las versiones originales", justificó Rodríguez.
Según los organismos financieros internacionales el Gobierno necesita elevar sus ingresos fiscales en un monto equivalente a un 3% del PIB.
El primer plan pretendía recaudar un 2,2% del PIB adicional por año (el 0,8% restante se obtendría mediante una lucha contra el fraude fiscal); el segundo aspiraba a un 1,5% del PIB.
Oposición no está anuente a debatir aumento fiscal más elevado
Los líderes de las fracciones de oposición no recibieron bien la noticia de que Hacienda busca reactivar el debate fiscal en el Parlamento, debido a las presiones que enfrenta para hacerle frente a los fuertes vencimientos de deuda, el año entrante, y que no tiene forma de cubrir con los ingresos provenientes de la recaudación fiscal actual.
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William Alvarado, vocero de los diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que su grupo mantiene la posición de no aprobarle al Gobierno más impuestos mientras no ofrezca verdaderas señales de preocupación por reducir el gasto público.
Agregó que el PUSC pediría como mínimo que avance una reforma constitucional para limitar el porcentaje de endeudamiento en los presupuestos del Gobierno Central, y para crear una regla fiscal que impida que en el futuro el déficit crezca a los niveles actuales.
Otto Guevara, del Movimiento Libertario, condenó las intenciones del Ejecutivo, y pidió a la Administración de Luis Guillermo Solís poner énfasis en la reducción de sus gastos.
El libertario consideró que, antes de pensar en más impuestos, el Gobierno debería hacer el esfuerzo por crear las condiciones para dinamizar la economía, como quitar trabas a la inversión y a los pequeños emprendimientos empresariales, actividades que, según él, propiciarían una mayor recaudación tributaria.
Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), tampoco está de acuerdo con las intenciones de Hacienda: "La propuesta del Gobierno sigue imcompleta y recargada en los hombros de los mismos. Falta poner más empeño en materia de racionalización del gasto y empleo público".
Opinaron distinto los jefes de fracción del Frente Amplio y Acción Ciudadana (PAC), Francisco Camacho y Javier Cambronero.
"Estamos absolutamente de acuerdo en sentarnos a hablar de eso, pero hay sectores que no quieren que se les toque la bolsa, pese a la dura situación fiscal del país. Por ejemplo, el sector financiero debe pagar como se debe, pero hay un lobby en la Asamblea Legislativa para evitar que eso ocurra", dijo Camacho.
En tanto, Cambronero cree que el Gobierno ha dado todas las muestras de querer complacer a la oposición con medidas que han provocado ahorros considerables, como la renegociación a la baja de las convenciones colectivas y el freno a la contratación de más empleados públicos.
"Ha sido aberrante la posición del PUSC y de los libertarios, que se han parado en la escoba para evitar que este Gobierno avance en materia fiscal. Será hasta la semana entrante que evaluaremos las posibilidades de reactivar este debate", adelantó el oficialista.
No fue posible entrevistar para este reportaje a la jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), Karla Prendas. Sin embargo, en enero pasado, Antonio Álvarez, entonces diputado y hoy candidato presidencial de ese partido, llamó a sus compañeros de bancada a no respaldar ninguna propuesta fiscal del Poder Ejecutivo. Alega que el Ejecutivo renunció a avanzar en la discusión del límite al gasto en el pago de beneficios salariales para los empleados públicos.
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Desde el 2015, los proyectos de reforma a renta y de creación del IVA ni siquiera han podido dar los pasos iniciales del trámite legislativo en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Fernando Rodríguez reclamó que los diputados de ese panel ni siquiera han cumplido todavía con el requisito básico de enviar los proyectos a consulta a sectores interesados, unas de las condiciones básicas para que avancen en su trámite.
En el 2016 Hacienda recaudó ¢1.416.217 millones por concepto del impuesto sobre la renta y ¢1.414.358 millones mediante la recaudación del impuesto sobre las ventas.
