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Fue como una cubeta de agua helada. El fallo de la Sala Constitucional sobre el polémico y trascendente proyecto de Reforma Procesal Laboral (RPL) sorprendió a unos y otros, tanto que tres semanas después el tema ni se ha tocado en la Asamblea Legislativa.
Después de emitida la sentencia, el pasado 7 de agosto, los diputados no han tenido ni una sola cita formal para tratar este asunto, confirmó el diputado Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio (FA).
Ya acabó el mes de sesiones extraordinarias (con la agenda legislativa bajo control del Ejecutivo) y es posible, solo posible, que esta semana convoquen una reunión para decidir cómo retomar el plan de RPL.
Ello, porque la Sala Constitucional ordenó que el proyecto sea devuelto al Congreso, donde los legisladores pueden resellarlo; esto quiere decir reunir más de 38 votos para volver a aprobar la iniciativa.
Sin embargo, es improbable. El plan ha sido cuestionado por permitir huelgas en servicios públicos esenciales y por ampliar las opciones de estas manifestaciones en firmas privadas.
Pero, por otro lado, hay consensos sobre la mayor parte del proyecto, relacionado con agilizar los juicios laborales y otras garantías para trabajadores.
“Si algunos insisten en puntos polémicos, yo no veo que esto prospere, lo cual sería lamentable”, opinó Mario Redondo, uno de los diputados que más combatió la RPL tal como la pretendía habilitar el gobierno de Luis Guillermo Solís.
En eso coincidió con Vargas, quien señaló que el FA (abanderado de la RPL) está dispuesto a rescatar el grueso del plan, pese a que no ha habido acercamientos.
“Sería una lástima abandonarlo (el plan laboral) después de tantos años y sabiendo que en la mayoría del contenido estamos de acuerdo”, dijo Vargas.
