Gerardo Vargas Varela, diputado y jefe de fracción del Frente Amplio (FA), paga el impuesto de bienes inmuebles de ocho de sus terrenos en Turrialba como si estos valieran ¢800, aunque él mismo reportó a la Contraloría General de la República este año que el precio real de las fincas es de ¢84 millones.
Las propiedades suman más de 56.000 m² (5,6 hectáreas), de acuerdo con datos del Registro Nacional. Con el valor fiscal registrado, la Municipalidad de Turrialba solo puede cobrarle al diputado ¢2 anuales de impuesto (el 0,25% del precio).
Si el tributo se calculara sobre los ¢84 millones, el impuesto sería de ¢210.000 anuales.
La situación se presenta desde abril del 2011, año en el que Vargas inscribió los terrenos luego de que un hermano mayor segregó una finca y se los donó.
Según consta en la escritura, de la cual este medio tiene copia, en ese momento se estableció que cada una de las propiedades tendría un valor fiscal de ¢100 (a un promedio de ¢0,014 el m²).
Luego de que el elmundo.cr diera a conocer este caso, Vargas admitió este martes a La Nación que no ha actualizado el valor de sus propiedades ante la Municipalidad y que paga tributos sobre el monto original, el cual calificó de “bajo”.
Alegó que, en enero pasado, asistió al Ayuntamiento para actualizar el precio de los terrenos, pero no pudo hacerlo porque el gobierno local tenía problemas de actualización.
María Elena Montoya, alcaldesa de Turrialba, dijo que el legislador se presentó justo después de que, a finales del año pasado, el municipio entró en un proceso de actualización de la plataforma de valores, lo cual impidió hacer ajustes.
Laura Ramírez, abogada y notaria que levantó la escritura de las propiedades en el 2007, alegó no recordar el caso en específico. Sin embargo, mencionó que en las donaciones, como no hay dinero de por medio, no es necesario establecer el valor real de la transacción. “Yo no puedo pedir un avalúo a las partes”, dijo.
Vargas tiene otras siete propiedades en Turrialba que superan los 70.000 m², pero con valor fiscal inferior a los ¢5 millones.
En promedio, cada m² está tasado en ¢70. Por ejemplo, hay una finca de 1.500 m² tasada en ¢6.000 (a ¢4 el m²); y otra de 120.000 m², en ¢230.000 (a ¢500 el m²).
Algunas datan desde 1989. La más reciente es del 2014.
El congresista reconoció que tampoco ha actualizado el valor de esas propiedades, pese a que la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles establece que los propietarios deberán declarar, por lo menos cada cinco años, el valor de sus bienes a la Municipalidad.
Lo justifica. El excandidato presidencial del FA, José María Villalta, justificó la situación tributaria del diputado Vargas.
Argumentó que el municipio dijo que no podía actualizarle los valores: “Me parece que ahí no hay ninguna irregularidad porque el propio diputado, sin que nadie le diga, fue a la Municipalidad a hacer la declaración correcta para el pago del impuesto de bienes inmuebles y, entonces, eso no tiene nada que ver con otros casos donde políticos o funcionarios públicos, pues han intentado ocultar o no declarar el valor real de sus bienes para ganar menos impuestos... ¿Qué más puede hacer? ¿Una huelga de hambre?
”Las propiedades hay que actualizarlas en las municipalidades cada cinco años, según la ley de bienes inmuebles. Si él fue ahora en enero del 2015 a hacer la declaración voluntariamente, sin que la Municipalidad le cobrara, yo no veo cuál es la irregularidad; está yendo dentro del plazo establecido”, continuó.
Al consultársele sobre las propiedades que datan desde 1989 y que Vargas tampoco ha actualizado, Villalta respondió: “No sé, no vamos a especular, yo no conozco esos otros casos que usted está planteando. Voy a preguntarle a él, pero no puedo especular porque no sé qué fue lo que pasó exactamente”.
Por un caso similar a este, renunció en el 2012 el entonces ministro de Hacienda, Fernando Herrero. Dimitió al conocerse que no actualizó el valor de dos de sus casas durante más de una década. Él alegó que el problema era de las municipalidades.
En ese momento, el entonces diputado Villalta dijo: “Está claro que él utiliza toda clase de matráfulas legales para evadir y, encima, cuando se le pone en evidencia, dice que no conoce la ley y culpa a las municipalidades”.
Albino pide explicación. Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), pidió cuentas claras al parlamentario Vargas.
Dijo que, si el caso es cierto, sería éticamente muy duro: “Son situaciones que golpean desde el punto de vista del clamor por la transformación tributaria estructural, que a nadie exime”.
Colaboró con esta información la periodista Mónica Cordero.