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La presidenta de la República, Laura Chinchilla, ordenó a ministros y presidentes ejecutivos de instituciones autónomas rebajar el pago del día de trabajo a los funcionarios que participaron en las marchas de este lunes.
El ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, dijo ayer en la Casa Presidencial que la directriz es firme y que no se pagará al que no trabajó.
“La gente que no trabaja no puede recibir salario y eso es una máxima aplicable desde tiempos inmemoriales en el sector privado, y también debe serlo en el sector público”, afirmó el funcionario.
Banavides dijo que la forma como que se rebajará el día de pago dependerá de cada institución.
Además, señaló que el enojo de los sindicatos por las medidas de austeridad del Gobierno generaron las protestas.
“Este Gobierno no ha aflojado en concesiones al sector sindical. Ha sido austero, igualmente en el tema del aumento de la cantidad de funcionarios públicos”, afirmó.
El ministro de Comunicación, Carlos Roverssi, dijo que participaron cerca de 4.000 funcionarios.
Esa posición es mal vista desde el sector sindical, que acusa al gobierno de Chinchilla de mantener una actitud “provocadora”.
“Es una especie de venganza política. Ellos son un Gobierno bastante desacreditado. Han perdido el respeto de la mayoría ciudadana y nos parece que ya les cogió tarde para jugar a la autoridad”, dijo el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas.
Para el sindicalista, la posición de la Casa Presidencial es “imprudente y desafortunada”.
Sin embargo, en la Casa Presidencial afirman que se causó un daño al país con las protestas callejeras del lunes.
Chinchilla dijo que el paro en instituciones públicas afectó a 2.100 centros educativos que dejaron de impartir lecciones el lunes.
Además, habló de afectaciones en los hospitales México, Calderón Guardia y San Vicente de Paúl, en Heredia, lo que causó problemas con el 20% de citas programadas.
También se reportaron pérdidas en el sector turismo y el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) paralizó los puertos de Moín y Limón.
