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Las límites reclamados por Costa Rica, en el juicio por la delimitación marítima con Nicaragua, dejan en territorio costarricense 37 bloques que el gobierno de Daniel Ortega publicitó a nivel internacional como zonas de posible exploración petrolera en el 2013.
Precisamente, esta disputa limítrofe detonó el 25 de febrero del 2014, cuando San José acusó a Managua de promover la actividad petrolera con un mapa en el que dibujó cuadrantes dentro de los límites oceánicos costarricenses tanto en el Pacífico como en el Caribe.
Ahora, que el asunto se debate en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Holanda, trasciende que, a la luz de las líneas propuestas por Costa Rica, 25 bloques petroleros pretendidos por Nicaragua estarían total o parcialmente en su mar territorial del Caribe y 12 en el Pacífico.
El Estado costarricense prohibió la exploración petrolera, mediante una moratoria vigente hasta el 2021, y con los límites propuestos se garantizaría no poner en riesgo el denominado "Bloque 11", un área de 523 kilómetros cuadrados ubicada en la costa frente al extremo norte de Limón, en la que se ubicarían las mejores reservas de petróleo y gas natural del Caribe, según un estudio de la Refinador Costarricense de Petróleo (Recope).
Hace 15 años, en el 2002, hubo un antecedente de reclamo diplomático de parte de Costa Rica, cuando Nicaragua publicó otro mapa con una serie de bloques marítimos para la exploración petrolera que se traslapaba con el Bloque 11 costarricense, en la zona norte de Limón.
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Hoy, Costa Rica propone en La Haya que el límite marítimo se fije mediante el método de equidistancia tanto en el Caribe como en el Pacífico. Dicha metodología consiste en trazar una línea imaginaria a partir de distancias similares desde diversos puntos de la costa de ambos países.
Con base en ese método, San José trazó líneas que dejarían en mar costarricense bloques que Managua considera como propios.
La representación nicaragüense ante La Haya alega que utilizar el método de la equidistancia es "injusto" y, en su respuesta a la demanda costarricense, trazó líneas distintas considerando como inaceptables las que propuso Costa Rica.
En el caso del Caribe, Nicaragua se opone a que Costa Rica utilice la playa de isla Portillos, en el extremo norte, como punto de referencia en tierra para trazar la línea de equidistancia.
Managua pretende que, si se aplica la equidistancia, la línea se empiece a dibujar unos 1,5 kilómetros más al sur, en Punta Castilla, con lo cual la línea de equidistancia dejaría más territorio marítimo bajo la soberanía nicaragüense, lo que le permitiría conservar total o parcialmente 14 de los bloques petroleros que el gobierno sandinista trazó en el 2014.
En el Caribe, ni siquiera por la línea de equidistancia trazada por Nicaragua se vería afectada la posesión costarricense sobre el bloque 11 que el Gobierno identificó en los años 80.
Hay un elemento que complica todavía más la disputa en el Caribe, que es la instalación, a finales del 2016, de un campamento militar nicaragüense en la playa de isla Portillos, en una playa que Costa Rica considera como parte de su territorio.
Según Sergio Ugalde, embajador de Costa Rica en Holanda y coagente ante la CIJ, Costa Rica no acepta la pretención de Nicaragua de reabrir el litigio por la propiedad de la playa de isla Portillos, asunto que San José ya había dado por juzgado desde diciembre del 2015, cuando la Corte falló a favor de Costa Rica declarando su soberanía sobre ese territorio.
"Nosotros lo que hemos dicho es que la fijación de límites se tiene que hacer de acuerdo con la Convención del Derecho del Mar, que dispone la línea de equidistancia, porque no hay ninguna razón para utilizar ningún otro método", recalcó Ugalde.
Nicaragua se basa en un tratado negociado con Costa Rica en 1977, pero no ratificado por San José, para reclamar mayor territorio en el Caribe. Alega que el Estado costarricense no incluyó en el área en disputa una zona relevante que La Haya le concedió a Nicaragua, en el 2012, cuando disputó límites marítimos con Colombia.
Costa Rica argumenta que el gobierno de Ortega no puede hacer reclamos con base en una delimitación con un tercer país.
Océano Pacífico. En el caso del Pacífico, Costa Rica propone que el punto desde el que se trace la línea de equidistancia sea Bahía Salinas, lo cual le daría abarcaría aguas que Nicaragua expuso como puntos de interés para la exploración de yacimientos petroleros.
Por el contrario, esa nación quiere que la línea salga desde un sitio cercano al cabo Santa Elena, lo que le permitiría salvar esas zonas en las que pretende aventurarse en la búsqueda de vetas del hidrocarburo.
En la contramemoria que presentó en La Haya, de hecho, Nicaragua presentó un mapa en el que elimina la península de Nicoya para trazar esa línea, alegando que la forma de ese territorio le concede a Costa Rica una ventaja injusta a la hora de proyectar los límites marítimos.
Managua insistió en que el método propuesto por San José no provee equidad. "La línea de equidistancia provisional de Costa Rica no hace tal cosa. Porque está dibujada exclusivamente a partir de puntos de base situados en una pronunciada protrusión costera (la península de Nicoya). La línea propuesta por Costa Rica se proyecta sustancialmente hacia el norte y corta significativamente las proyecciones marítimas de Nicaragua", se lee en el documento que presentó ese país ante la CIJ.
Si Nicaragua lograra convencer a los jueces con dicho argumento, Costa Rica perdería porciones de mar en las que actualmente se desenvuelven actividades como la pesca y el turismo.
La delegación costarricense en La Haya consideró como "risible" el argumento defendido por Nicaragua.
"Eliminan la península de Nicoya, como si no existiera. Entonces, claro, sobre la base de eliminar la realidad geográfica de una parte importante de nuestro territorio, le piden a la Corte una línea que se traza desde muchísimo más abajo de lo que en Derecho Internacional debería ser", remarcó el embajador Sergio Ugalde.
A diferencia de Costa Rica, que tiene vigente una moratoria para la explotación petrolera, Nicaragua tiene un extenso recorrido en materia de exploración de cúmulos de hidrocarburos. Por ejemplo, desde el 2008 el Gobierno adjudicó a la empresa MKJ Exploraciones Internacionales varios contratos de exploración de yacimientos de petróleo en el Caribe.
Dicha disposición, no obstante, no ha sido recompensado hasta ahora con la ubicación de yacimientos. Más bien, el panorama es desilusionante.
A finales del año pasado, el diario La Prensa publicó que la empresa Noble Energy liquidó sus operaciones en Nicaragua después de invertir más de $265 millones en exploraciones poco exitosas en el Caribe sur y norte.
La expectativa del Gobierno era extraer de esos posibles yacimientos 55.000 barriles de crudo diarios, unos 500 millones de barriles en 25 años que le hubieran generado a Nicaragua ingresos por $700 millones anuales, un total de $17.500 millones durante ese cuarto de siglo de explotación.
