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"Esto es un negocio, el del cemento, manejado por dos empresas duopólicas en este país, es un negocio de $500 millones al año. Es un negocio que ha impedido que haya competencia para que más empresas, de donde sean, puedan venir a Costa Rica a vender el cemento a un precio más barato para beneficio de las personas que han tenido, durante décadas, que soportar los precios de ese duopolio".
"El único interés del Gobierno en favorecer la importación de cemento, de cualquier parte, es bajar ese precio que en su momento nos dijeron que podía representar hasta el 20% del precio actual, una rebaja del 20%".
De esa manera, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, defendió este martes las gestiones hechas por su administración para permitir que el cemento traído de otros países se pueda comercializar en Costa Rica.
Lo dijo al calor de las investigaciones legislativas sobre el Grupo JCB, del empresario Juan Carlos Bolaños, el cual admitió en el Congreso haber hecho recurrentes visitas a Casa Presidencial en las que, entre otras cosas, él planteó la necesidad de reformar un reglamento del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) que impedía vender cemento con más de 45 días de embodegado, aspecto que dificultaba la importación de este insumo de construcción desde China.
El presidente alega que el negocio del cemento es manejado por dos empresas. Se trata de Holcim y Cemex, aunque el mandatario no las mencionó.
"Ese duopolio ha sido muy exitoso en prevenir que se importara cemento en otros momentos, tanto así, que una empresa, Cementos David, fue literalemente sacada del país como parte de esas acciones de orden comercial, eso es lo que está en el fondo", dijo Solís en un video grabado durante su gira a Limón y divulgado en los perfiles de Presidencia.
Ese fue el caso de la firma Comcoas S. A., comercializadora del cemento marca David, la cual cerró sus operaciones en el país por las constantes trabas e inseguridad jurídica, en mayo del 2012.
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Visitas a Zapote. De esa manera respondió el presidente Solís este lunes, luego de que el viernes, varios diputados cuestionaran las constantes visitas de Juan Carlos Bolaños a Casa Presidencial, así como sus contactos con diputados como Otto Guevara (Movimiento Libertario), Luis Vásquez (PUSC) y Víctor Morales Zapata (PAC). El empresario acudió a Zapote al menos en seis ocasiones entre febrero del 2015 y julio del 2016.
En una de ellas, el importador cementero se reunió con el mandatario y el director de la DIS, Mariano Figueres.
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Las otras cinco reuniones fueron con los entonces ministros Melvin Jiménez, de la Presidencia, y Wélmer Ramos, de Economía, así como con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes; el director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal; y el diputado del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Zapata.
Ramos fue quien modificó el reglamento. Alegó que con la norma anterior no podía haber un mercado abierto del cemento, que el precio venía en aumento y que reglamentos técnicos de otros países, e incluso documentos de Holcim, confirmaban que el cemento no caducaba en 45 días.
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Esa modificación se hizo en marzo del 2015, justo en el momento en que el ritmo de crecimiento en el precio del cemento se moderó y llegó a un nivel negativo en los dos primeros trimestres de este año, de acuerdo con la variación interanual en porcentajes, calculada por el Banco Central, como parte del índice de insumos para la construcción.
La caída fue de un -1,4% en el primer trimestre de este año (enero-marzo) respecto al mismo periodo del 2016, y de un -1,5% en el segundo trimestre (abril-junio).
Entre el 2014 y el 2016, las compras en el exterior de esa materia prima crecieron un 54%, según datos de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer).
Denuncia campaña en su contra
Luis Guillermo Solís insiste en que no hay nada anómalo en los encuentro que él, su equipo de trabajo y su gabinete sostienen constantemente con empresarios de todos los sectores, con líderes sindicales, ambientalistas y cualquier representente de otros sectores.
Asegura que está abierto a que se investiga a cualquier funcionario —a él de primero— y se le castigue si alguno cometió algo indebido.
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"Si ha habido de forma indebida de parte de cualquier funcionario público, una intención de favorecer a cualquier persona en el negocio del cemento, que se investigue, que se identifique y que se castigue. No seré yo como presidente de la República, ni mi gobierno el que entorpezca esas investigaciones, que esas investigaciones se realicen hasta las últimas consecuencias", expresó del gobernante.
También, dijo que todo el escándalo alrededor de esos encuentros responde a una campaña para perjudicarlo a él y a su administración.
"Es una campaña que pretende desprestigiar al Gobierno de la República y al Presidente de la República, está clarísima esa campaña que sigue en evolución y en la cual participan presuntamente intereses de orden político, económico y mediático".
"No nos vamos a quedar quietos, que quede claro, nos vamos a defender de la mentira, de la injuria y de la desorientación que algunos irresponsables, porque eso es lo que son. Pretenden involucrarnos en acciones que no se han cometido y lo vamos a hacer, no solamente para defender la honra de la administración, sino para darle tranquilidad al pueblo de Costa Rica que demasiados sobresaltos tuvo en el pasado, donde en efecto de cometieron actos de una absoluta oscuridad que quedaron en la impunidad, no hubiesen quedado en la impunidad si se hubiesen cometido en este gobierno actos irregulares de ningún tipo", declaró Solís.
El mandatario se refirió al tema desde Limón, donde se encuentra en una gira de trabajo de cuatro días y desde donde hoy realizó el Consejo de Gobierno.
En un video difundido por la Presidencia en la página de Facebook de Solís, se le ve acompañado de sus dos vicepresidentes Helio Fallas y Ana Helena Chacón, y la mayoría de sus ministros, entre ellos, Sergio Alfaro, de la Presidencia; Mauricio Herrera, de Comunicación; German Valverde, de Transportes; Emilio Arias, de Bienestar Social; Mauricio Ventura, de Turismo; Gustavo Mata, de Seguridad; Olga Marta Sánchez, de Planificación; y Alfredo hasbum, de Trabajo.
