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Washington
Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se negaron a otorgarles fondos adicionales a los organismos que velan por el cumplimiento de los derechos humanos en el continente, en el 2017. Costa Rica no expresó objeción alguna a la decisión tomada este lunes en Washington.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana, insistían en la necesidad de que los países duplicaron los aportes que otorgan, para garantizar un funcionamiento pleno y autónomo. Hoy, reciben poco menos de $9 millones, pero requerían $18,2 millones.
México y Argentina presentaron ideas alternativas para cumplir con las necesidades. No obstante, ninguna fue acogida.
Al final, hubo consenso y los países acordaron dejar en $5,6 millones el presupuesto de la Comisión Interamericana, que tiene sede en Washington, Estados Unidos; y en $2,7 millones el de la Corte, que sesiona en San José, Costa Rica.
Si bien los fondos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no sufrieron ningún disminución, tampoco percibieron el incremento que solicitaron James Cavallaro, presidente de la Comisión, y de Roberto Caldas, presidente de la Corte. "Corresponde a los Estados responder", dijo Cavallaro a AFP el lunes, fuera del salón Simón Bolívar de la OEA, antes de la reunión de la Asamblea General.
Costa Rica, representada por el embajador Rogelio Sotela, se limitó a sugerir que, en un momento oportuno, se retome la discusión en torno a la crisis financiera del Sistema Interamericano de Derechos Humanos “para explorar alternativas”.
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"Costa Rica como país donde se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el llamado pacto de San José, reitera el llamado a seguir buscando soluciones y forjar consensos para realmente llegar a un pleno funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es un reto que tenemos pendiente y Costa Rica estará dispuesto a considerar más allá de este presupuesto, en otras oportunidades, alternativas para el fortalecimiento del Sistema", expresó Sotela el lunes.
Si bien el gobierno de Luis Guillermo Solís se comprometió a defender el presupuesto del Sistema de Derechos Humanos, el 19 de octubre, el embajador cuestionó la propuesta de elevar los aportes de los Estados miembros de la OEA.
"Mi delegación se pregunta si el nuevo presupuesto que presentan, tanto la delegación de México como la Comisión, está basado en el análisis de funciones o simplemente en duplicar un presupuesto. ¿Esa duplicación de ese presupuesto obedece a qué? A los documentos que mi delegación tiene, tal vez le hace falta algunos, pero tenemos rubros en cuanto a personal, en cuanto al secretario, en cuanto a funcionarios, pero no en cuanto a departamentos, en cuanto a actividades, en cuanto a procesos. Considero que un presupuesto se arma a partir de actividades que se van a realizar, no a partir de gente", declaró Sotela ese día.
Este mismo lunes, los Estados miembros de la OEA también recortaron en $10,5 millones el presupuesto de esa Organización. En la Asamblea General especial, la mayoría de los 34 países miembros se pronunciaron a favor de desembolsar $73,5 millones para el fondo regular de este ente. El recorte principalmente se generó mediante una reducción de personal y la eliminación de algunos programas.
En cuanto al plan de gastos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, El 19 de octubre, James Cavallaro alegó que un incremento de los aportes estatales permitiría al Sistema Interamericano de Derechos Humanos dejar de depender de las contribuciones voluntarias de otros países del hemisferio y cooperantes de otras regiones.
Oposición. El representante de Ecuador, Marco Albuja, rechazó aprobar el presupuesto y se lamentó: "El Sistema Interamericano deberá seguir mendigando su supervivencia".
En tanto, el embajador de Argentina, Juan José Arcurri declaró: "Es un monto exiguo".
Argentina aprobó el presupuesto con reserva, acusando a los países de tomar "una decisión política" para no desembolsar más recursos a la CIDH y la Comisión.
Ante la falta de recursos, la Corte debió reducir sus sesiones, mientras que la Comisión suspendió visitas a los países, mientras que la manutención de casi la mitad de su personal y la realización del periodo de sesiones de la segunda parte de este año estuvieron amenazados hasta que fueron cubiertos por donaciones de último minuto.
El embajador mexicano Luis Alfonso de Alba no descartó llevar su propuesta, que implica alimentar la CIDH y la Corte con recursos nuevos al fondo regular de la OEA, a la siguiente Asamblea General ordinaria en México el próximo año.
