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Cuando ya parecía que el proyecto de ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal estaba por cerrar su trámite en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa sin mayor tropiezo, la alianza opositora presentó un texto sustitutivo a la iniciativa legal.
Con esa moción, legisldores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario y Alianza Demócrata Cristiana (ADC) pretenden impedir que la Dirección General de Tributación pueda embargar o solicitar a un juez el embargo de las cuentas bancarias de los contribuyentes sospechosos de evasión fiscal.
Tal como está la propuesta legal en el Congreso, se establece que Tributación pueda solicitar, a un juez, el embargo preventivo de bienes y de cuentas.
Además, que ese juez tenga un plazo de tres días para pronunciarse y que, si no resuelve en el tiempo previsto se tenga por aprobada la solicitud, al aplicarse el silencio positivo.
Sin embargo, en la nueva propuesta de redacción del expediente 19.245, planteada por liberacionistas, socialcristianos y libertarios, se amplía el plazo de tres a diez días (cinco para que se ordene una audiencia al contribuyente y cinco para que el juez decida si acepta la “anotación de embargo” solicitada por la Administración Tributaria.
Así mismo, se excluye el término “cuentas” de los objetos embargables a solicitud de las autoridades tributarias, y solo se mantiene esa posibilidad sobre “bienes muebles o inmuebles”.
Además, los siete legisladores de oposición intentan eximir de cualquier sanción a los asesores tributarios de las personas jurídicas morosas, pese a que podrían tener responsabilidad en las estrategias para evitar el pago de los impuestos.
Todos esos cambios preocupan al Gobierno, pues considera que se debilitaría totalmente la capacidad del Ministerio de Hacienda para perseguir el fraude fiscal que cometen las empresas.
Portillo. Fernando Rodríguez, viceministro de Hacienda, consideró que si prospera el planteamiento opositor, la solicitud de embargo preventivo se vuelve inaplicable.
El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, enfatizó que, al permitir un plazo tan amplio para que se decida sobre el congelamiento de bienes y cuentas, la oposición abre un portillo para que los evasores de impuestos distraigan sus bienes.
El caso es simple: mientras un juez decide si acepta el embargo preventivo solicitado por Hacienda, una persona jurídica puede transferir su dinero a otras cuentas e, incluso, deshacerse de sus bienes muebles e inmuebles.
Rodríguez aseguró que el caso es real y que lo han encontrado, al punto de que Tributación ha llegado a cobrar a empresarios que, de la noche a la mañana, ya no tienen nada para cobrarle tributos.
La presidenta de Hacendarios, la socialcristiana Rosibel Ramos, aseguró que tienen los votos para imponer su propuesta, pues el plan es apoyado por el PLN, PUSC, Libertario y Mario Redondo, de la Alianza Demócrata.
Ramos le bajó el tono a la moción y dijo que solo es para “corregir errores”. El texto sustitutivo se debatirá esta tarde en la Comisión, y el plazo para dictaminar el proyecto se vence el jueves.
