Tres asambleas cantonales del Partido Liberación Nacional (PLN) ratificaron el fin de semana como candidatos a puestos de alcaldes a políticos cuestionados incluso dentro de la misma agrupación.
Los alcaldes de Puriscal (San José), Golfito (Puntarenas) y Poás (Alajuela) tienen un historial judicial que transgrede las normas internas de la agrupación, según Alvis González, presidente del Tribunal Electoral liberacionista.
El puriscaleño Enrique Montoya, el golfiteño Deylon Arroyo y el poaseño José Joaquín Brenes (estos últimos alcaldes en la actualidad) recibieron el apoyo de los delegados cantonales respectivos el fin de semana, pero no hay claridad sobre la validez de sus candidaturas de cara a las elecciones del 7 de febrero.
Ellos podrían estar violando una norma interna que prohíbe candidaturas de políticos con juicios pendientes o con condenas vigentes, aunque en el caso de Montoya –asegura él– se trata de un proceso judicial que acabó con un acuerdo satisfactorio entre las partes.
Su caso trata de un juicio por una querella del Instituto Nacional de Seguros (INS) por supuesta estafa, pero todo se arregló con el pago de ¢19 millones a la institución. La clave está en si hubo aceptación de cargos. Montoya asegura que no y Alvis González opina diferente.
“Nosotros estamos manejando que sí hubo una pena. El Partido lo está investigando y la Asamblea Nacional es la que tiene la última palabra en el Partido”, señaló González.
Montoya se aferra a un recurso de amparo electoral que, de momento, ordena garantizarle el derecho a postularse.
En el caso de Poás, hay un juicio pendiente por un presunto prevaricato. Ayer se intentó hablar con Brenes, pero estaba en sesión municipal y adujo no poder contestar la llamada.
El alcalde de Golfito, quien ayer no contestó dos llamadas telefónicas, espera un juicio por presunto peculado.