Escuchar
Las cinco demandas contra el Estado de Costa Rica, que se tramitan en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), suman reclamos por $503 millones, es decir, ¢272.000 millones.
Esos procesos, conocidos como arbitrajes internacionales, le costarían ¢3.500 millones al país en asesoría legal, de llevarlos todos a término en el Ciadi.
La gestión de los procesos está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y en su presupuesto incluye los costos de servicios jurídicos, económicos, gastos para viajes, así como el pago anual para el centro de arbitraje.
En cuanto a los casos, destaca un reclamo de la empresa minera Infinito Gold contra el país por la anulación del contrato para desarrollar la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos.
También, está la demanda de compañía Revisión Técnica Vehicular SyC por la falta de actualización tarifaria, así como la gestión de las empresas gaseras por el supuesto irrespeto a la normativa internacional del comercio de ese producto.
La lista se completa con los reclamos de propietarios privados de tierras, quienes fueron expropiados por el Estado. Ellos alegan ante el Ciadi pagos menores por sus terrenos, un consorcio con intereses en las playas Ventanas y Grande, en Guanacaste, y en Esterillos, en el Pacífico central.
Los montos. La industria canadiense Infinito Gold Ltd. exige al país un pago por $93,9 millones, mientras Riteve quiere que se le cancelen $260 millones.
Las gaseras de accionistas suizos piden $30 millones. Los reclamos por expropiaciones de tierras en playas ascienden a $119 millones (Esterillos $70 millones; Grande y Ventanas $49 millones).
Alexánder Mora, ministro de Comercio Exterior, explicó que cuatro bufetes internacionales llevan la defensa del país en estos casos, pues uno de ellos ganó la licitación para defender a Costa Rica en dos de los procesos.
Mora añadió que a los bufetes defensores se les paga por todo el proceso. Contra Infinito, los abogados cobran $1,7 millones, mientras que a la defensa contra Riteve se le destina $1,4 millones .
El proceso consta de varias etapas. El Estado puede abandonar en cualquiera de las fases sin pagarle todo el monto al bufete, en caso de que demandante desista de su reclamo. Solo se le cancela a los abogados las etapas concluidas.
Para la defensa de esos procesos, Comex destinó en el Presupuesto Nacional del 2015 ¢1.859 millones para cancelar los servicios jurídicos. A ello se le suma el pago previsto para el Ciadi de ¢500 millones por la administración de los cinco casos de arbitraje.
El ministro Alexánder Mora aseguró que también juegan los costos por pago de viajes y de servicios económicos, para preparar los alegatos de defensa.
¿La culpa? Mientras que el ministro del Comex considera que la culpa del Estado es mínima en la generación de los reclamos internacionales, los diputados Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), sí reprochan a la administración pública por los errores.
“La culpa de la administración es mínima, porque somos un país de Derecho. Entonces, si dos personas tienen una disputa o se dan de trompadas, los llevan a un tribunal. Cuando hablamos de inversionistas internacionales, hay formas de no irse por el curso normal en el país, y llevarlo de una vez a arbitraje”, dijo el titular de Comex.
Para Guevara, es más fácil establecer la responsabilidad estatal en los casos de expropiaciones.
“Hay casos que podríamos haber resuelto en el país de forma sencilla y sin costos de arbitraje”, manifestó el legislador.
El libertario dijo que en los casos de Baulas, de los cuales ya se perdió uno contra un matrimonio alemán (se tuvo que pagar $3 millones), la ampliación de la zona protegida sin aceptar un régimen mixto en las propiedades de privados, generó esos reclamos y daría pie a muchas demandas más.
En el caso de Ottón Solís, fue más directo en señalar las fallas.
“Son errores originales en gestión, son garrafales, que nos cuestan dinerales, como cambios de criterio de un gobierno al otro”, expresó el oficialista
Concluyó que en casos como Crucitas, fue un error haber aceptado dar entrada a la minera.
