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El Gobierno defendió esta tarde el plan del ministro de Transportes, Carlos Villalta, para conectar la Ruta 32 con la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), aunque este incluyera un error que le costará al Estado $14 millones.
"Don Carlos Villalta ha dado explicaciones públicamente y esas explicaciones incluyen las razones que ha tenido para tomar decisiones", expresó esta tarde en conferencia de prensa el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
Este lunes La Nación reveló que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tenía conocimiento del desfase de 80 metros en la construcción de la carretera que conectará la ruta 32 con la TCM, en Limón.
Pese a saber del problema, ese despacho siguió adelante con el proyecto, bajo la excusa de que esta era la única forma de cumplir en tiempo con la construcción del camino, que es necesario para el funcionamiento pleno del nuevo puerto en enero 2018.
"Hay una razón muy dicha y poco escrita por parte de los medios de comunicación: la no terminación en tiempo de este proyecto implicaba un costo (adicional) para los costarricenses de $1.000 millones. Ese era el precio de no terminar a tiempo. Por lo tanto, las decisiones que se han tomado están encaminadas a salvaguardar el país sin tener que cubrir un costo igual al valor de construcción de la TCM", aseveró Alfaro.
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Alfaro se refiere al descuento de $20 en la tarifa por cada contenedor que se movilice en la nueva terminal que ofreció la desarrolladora del megapuerto APM Terminals. La oferta está en firme siempre y cuando el camino de acceso esté listo en enero del 2018.
El jerarca obvió señalar que en marzo del 2016, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) sacó a concurso público un contrato para escoger a una empresa que diseñara y construyera la ruta 257, de solo 2,05 kilómetros, y que dicho concurso contenía coordenadas erróneas, que no iban a permitir la conexión entre la ruta 32 y el puerto de contenedores en Limón.
La defensa de Alfaro no aplaca las críticas y la factura política que el error planificado por el MOPT empieza a cobrar al Gobierno. Apenas ayer, el diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, calificaba de "corrupción pura" la maniobra de generar un error a drede.
"Es una chambonada de las que el presidente describió y sancionó como graves en gobiernos anteriores y yo estuve de acuerdo, plenamente, con el presidente. Ahora, creo que se aplica, como mínimo, esa palabra. Pero, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, es una falta al deber de probidad, o sea, corrupción pura", dijo Solís.
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Por el contrario, Alfaro defendió el trabajo de Villalta, a quien exime de responsabilidades por el error, pesa el llamado de cinco bancadas legislativas para que sea expulsado del gabinete de Luis Guillermo Solís, acusándolo de que el manejo de esta ruta se califica incluso como "un acto de corrupción".
Alfaro no se refirió a la solicitud de destitución de Villalta hecha por los jefes de Liberación Nacional (PLN), Maureen Clarke; del Frente Amplio, Edgardo Araya; Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana; Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense; y Fabricio Alvarado, de Restauración Nacional.
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"Sobre las calificaciones de corrupción que se hacen en la Asamblea Legislativa, con lo que hasta el momento, en cuanto a determinaciones y pruebas, yo no lo veo tan claro. Don Carlos será el que tenga que sentar responsabilidades", apuntó Alfaro.
Sin embargo, Villalta sigue sin sentar esas responsabilidades, solicitadas por el Congreso desde el 23 de marzo, cuando el ministro compareció ante la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público, y el diputado Solís le encaró al pedirle que señalara quién o quiénes eran los culpables de la "pifia" que causó un incremento sustancial en el costo de la conexión entre la carretera a Limón y la TCM.
