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Aquí sobraban 10 pupitres. Solo Katherine y Daniela estaban el jueves recibiendo la clase de lengua bribri con el profesor Dilson, miembro orgulloso del clan Bubölwak y del grupo que defiende la identidad de su etnia en el territorio de Salitre.
En la pizarra sobraban los vocablos bribris: kipo (hamaca), sku’ (mano), kula’ (silla) y sobraban también los 10 pupitres, como en el resto de aulas de la escuela Arturo Tinoco, en el centro de un territorio indígena atrapado en un conflicto entre indígenas y “blancos” que trata sobre recuperación de tierras, pero que va mucho más allá.
En Salitre, un territorio de 12.000 hectáreas en Buenos Aires de Puntarenas, la batalla habla de posesión de terrenos, de poder político y de diferenciación étnica entre los mismos indígenas. Discriminación racial, le llaman algunos pobladores.
Por eso, ese jueves estaban solas Daniela y Katherine con el profesor Dilson, los tres bribris con clan. Es decir, los tres bribris por línea materna y miembros del grupo cuyos dirigentes se consideran superiores en derechos a otros indígenas, incluidos algunos niños que ya no vienen a la escuela. Otros todavía vienen, pero con la maestra Stephanie.
“Mi papá es bribri con clan, pero mi mamá es broran. Soy indígena bribri con clan broran. La identidad no la hace un clan. He vivido aquí mis 24 años”, dice la joven, una indígena que el Ministerio de Educación nombró después de los reclamos de padres de familia de su etnia, broran.
Esta población se considera de cultura bribri, pero con ascendencia teribe.
La matrícula del 2015 fue de más de 100 estudiantes y menos de 15 llegan en estos días, comprobó un equipo de La Nación . La escuela está casi paralizada, pero es solo el espejo de las tensiones del territorio de Salitre, donde nadie se atreve a garantizar episodios de violencia adicionales a los registrados desde el año 2012.
Las sangres. De un lado están los bribris, que se consideran con más derecho al poder sobre el territorio, liderados por Sergio Rojas, quien durante 12 años ha presidido, con cuestionamientos, la Asociación de Desarrollo Integral (ADI).
Esta es la entidad que representa jurídicamente al territorio y que negocia lo relativo a la enseñanza, a la escuela Arturo Tinoco, a los millonarios servicios forestales, bonos, otras ayudas estatales y, por supuesto, la recuperación de tierras en manos de “blancos” y el proceso de “saneamiento”, como lo llama él.
Rojas había sido una suerte de gobernante local bribri, aunque no pueda hablar más de dos minutos en esta lengua. Lo había sido hasta la semana pasada, cuando el Gobierno anuló la asamblea del 23 de agosto en la que fue nombrado, debido a anomalías en la votación y porque él tenía impedimento por medidas cautelares relacionadas con una investigación por supuesto manejo fraudulento de dinero en la ADI.
Por otro lado, hay población bribri, reconocida como tal, pero apartada de las decisiones políticas. Algunos difieren sobre la manera en que el grupo de Rojas impulsa la recuperación de tierras, con una violencia que hizo al Gobierno enviar policías de cinco grupos especializados. Lo hizo para cumplir con la orden cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de proteger a la población indígena, aunque más bien lo que se generó fue más desconfianza.
A ellos se suman los broran, entre quienes hay descendientes de teribes o bribris por línea paterna, algunos de ellos agrupados en una asociación privada llamada Centro Cultural Bribripa, que también promueven el turismo temático bribri. Aquí participan algunos de los padres de familia que denuncian discriminación en la escuela por maestras afines a Rojas, quien acusa a este grupo de “profanar” la cultura bribri (con turismo) y de servir de aliados a los “blancos”.
Los broran señalan que les dan menos recursos educativos, que los maltratan de palabra y que les han grapado papeles sobre el uniforme, pero el MEP archivó el 15 de julio las denuncias por falta de pruebas e inconsistencias en las declaraciones, según la resolución 2.897-15.
A pesar de esto, la directora Vanessa Figueroa fue suspendida del cargo y la escuela está a cargo de la Junta de Educación, presidida por Rodrigo Delgado (“Salitre es para la raza bribri, que tiene el poder y el derecho sobre las tierras”, dice él). Ambos rechazaron alguna exclusión, en una reunión ese mismo jueves por la noche, en una casa anexa a la escuela, junto a Sergio Rojas.
Así van las tensiones en uno de los 24 territorios indígenas del país y con uno de los ocho pueblos reconocidos por la ley costarricense, para un total de 104.000 personas, el 2,4% de la población tica, según el Censo del 2011.
Acción colectiva. En la tarde, cuando el maestro Dilson supo que habíamos hablado también con los padres de familia broran, se enfadó y amenazó con no permitirnos recorrer Salitre. Rápido se comunicó por medio de mensajes de Whatsapp y llamadas y en la noche estaban juntos Rojas, Figueroa y Delgado, con 12 personas más.
“En el 2012 se dieron decisiones judiciales a favor nuestro por tierras ocupadas y a partir de ahí vino el fortalecimiento de la identidad bribri”, explicó Rojas, consciente de que hay otros desalojos judiciales pendientes.
Cumplen entonces tres años de disputas internas y, por supuesto, contra los finqueros blancos poseedores de tierras que por ley solo deben tener indígenas.
Rojas calcula que el 15% del territorio de Salitre está en manos de los sikuas (blancos), pese a años de esfuerzos judiciales y de recuperaciones a la fuerza.
Estos, por su parte, no niegan que Salitre es para los indígenas, pero exigen ser indemnizados, una opción que el Gobierno ve viable, aunque no tenga fondos para hacerlo. Isabel Vargas, por ejemplo, dice que aceptaría una pensión de ¢500.000 mensuales a cambio de las 30 hectáreas que le quedaron después de haber sido desplazada de otra finca que, asegura, fue comprada a otro sikua.
“Aquí vivimos en una zozobra, pensando qué día vienen Sergio y su gente a quitarnos de acá. Es terrible”, expresa Isabel mientras muestra fotografías de cómo le desmantelaron un corral. Ahora, ella reconoce tener un rifle de balines, “pero solo para asustar”.
Antes de proceder a algo, es necesario saber cuántas y cuáles tierras están en manos de quién.
Para eso, el Gobierno anunció semanas atrás, que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) entrará a hacer ese mapa, después de que una fundación privada desistiera de hacerlo por la inseguridad.
Aquí, nadie garantiza seguridad. Todos parecen dispuestos a defenderse con violencia si reciben violencia, aunque nadie reconoce ser el primer en golpear. Basta escuchar los relatos de Sary Sossa, una cabécar musculosa que dice ser matriarca en su familia y haberla defendido contra las “invasiones de la gente de Sergio Rojas, incluida gente de afuera”.
Solución lejana. Ella no deja sola su parcela y si tiene que salir, le pide a un familiar que la cuide, aunque por semanas tuvo a una patrulla de la Fuerza Pública estacionada al frente. Los de Rojas dicen que ella macheteó a un bribri; ella dice que este se cortó con el filo durante una disputa en defensa de su propia casa, que cuando lo vio fue chorreando sangre por la mano. Sangre bribri de clan.
“Esto aquí está como para irse a una guerrilla”, dijo Sossa sin dejar de sembrar chile en la tierra que, afirma, es suya-suya, pues su papá se la había comprado a otro indígena hace décadas.
Su hija no va a la escuela, por si acaso, y dice preferir no caminar sola, por más fuerza que tenga o destreza con el machete. Quiere entrar en la ADI, pero no la aceptaron, lamenta.
La ADI ahora está descabezada. Es decir, Salitre es ahora mismo un territorio en conflicto y sin autoridades, más allá de los awápas o líderes espirituales, que carecen de validez legal alguna.
Esa es la ADI que impulsa la recuperación de tierras y que las otorga una vez recuperadas. ¿Cómo las asignan? “Es secreto de Estado”, contestó la maestra Sonia Suárez en la reunión donde estuvo Rojas. “Es parte de la autonomía indígena ver cómo nos organizamos”, agregó él.
De hecho, la reunión es en una casa ubicada en un terreno “recuperado con un poquito de violencia”, reconoce Rojas.
Él se está quedando en estos días complicados en la vivienda de al lado. “Sigo siendo el presidente de la ADI”, señaló Rojas, un día después de que su nombramiento fuera anulado por la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco).
Asegura tener apoyo de su gente, de otros grupos indígenas fuera de Salitre y de organizaciones políticas y religiosas.
Con él intentó negociar el Gobierno en el último año, preocupado por la violencia y las violaciones a derechos indígenas. En eso estuvo la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, cuya labor nadie aplaude en Salitre. Unos le achacan prepotencia y otros, ingenuidad.
Ella cree que hay una frustración histórica por el abandono de años del Estado y por la falta de comprensión sobre el valor que dan los indígenas a la tierra.
Desde agosto está a cargo la ministra de Justicia, María Cecilia Sánchez, quien en setiembre intentó explicar a los diputados el complicado panorama de Salitre, la necesidad de crear confianza en el Estado y lo resumió así: “Esto no se arregla pronto”.
