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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) cambió su posición histórica y permitió al PAC tomar recursos públicos para cancelar a la CCSS casi ¢60 millones en intereses moratorios por cuotas obrero-patronales no pagadas.
Los magistrados electorales se trajeron abajo dos resoluciones, que el mismo TSE había emitido en 1999 y en el 2015, en las que había rechazado cubrir este tipo ese tipo de pagos, con el financiamiento estatal, por considerar que no constituía un gasto reembolsable.
Hace dos años, por ejemplo, los magistrados concluyeron: "Avalar el pago de las referidas sanciones pecuniarias —multas o intereses moratorios a la CCSS—, valiéndose de los recursos de la contribución estatal, conllevaría el reconocimiento de deudas pendientes de la agrupación (generadas por la falta de pago oportuno) y no de erogaciones partidarias efectivamente realizadas".
Ahora, esa posición cambió ante el reclamo del Partido Acción Ciudadana (PAC). Los magistrados alegaron "interés público" y se fundamentaron en otra resolución, pero del año 2009, en la que el Tribunal autorizó retener recursos a un partido, como medida cautelar, como consecuencia de los intereses moratorios generados por deudas que la agrupación tenga con la Caja.
"La tesis principal es el interés público que tiene el pago de estas obligaciones con la seguridad social. Ya había habido una resolución del 2009, en la que el Tribunal dispuso, con base en el artículo 73 de la Constitución Política sobre el derecho fundamental a la seguridad social, que parte de la contribución estatal podía ser retenida de manera cautelar por deudas de los partidos con la seguridad social, ese fue un primer paso en esa dirección".
"Ahora, el paso nuevo que está dando la jurisprudencia del Tribunal es reconocer que, como gastos de organización, se pueda reconocer a un partido el pago de estos intereses moratorios con la CCSS", declaró el asesor de la Gestión Política del TSE, Gustavo Román.
La resolución de hace 11 días, la 1663-E10-2017, agrega: "La conveniencia de ese criterio se justifica, concretamente, en el ya expresado interés público que reviste ese tipo de obligaciones y se complementa con el hecho de que, desde la óptica del órgano electoral, en la normativa vigente no se contemplan obstáculos formales que tornen improcedente esa alternativa de acción".
Este criterio obedece a una apelación del partido de gobierno, pues en un principio el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE se negó a cubrir los intereses moratorios con el financiamiento estatal.
Ese fallo fue notificado a las partes el 7 de marzo y tomaría firmeza el 21 de marzo, si el PAC no presenta un recursos de reconsideración.
Por su parte, el tesorero de la agrupación de gobierno, Anthony Cascante, considera que no hay razón para cuestionar las solicitudes de reembolso hechas.
"La Nación cuestiona el origen de los recursos con que se paga este cobro, es importante aclarar que el pago de cargas sociales por medio del aporte estatal a los partidos políticos es absolutamente legítimo y está debidamente reglamentado en la normativa electoral, en donde el artículo 93 del Código (Electoral) sostiene que la contribución estatal a que tienen derechos los partidos políticos podrá servir para sufragar los que gastos en que incurran como parte de su funcionamiento permanente", expresó Casante.
Los ¢60 millones en intereses moratorios forman parte del arreglo de pago que la agrupación de gobierno negoció con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para cancelar una deuda de ¢465 millones en cuotas mensuales a lo largo de 36 meses.
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El caso. La deuda de la agrupación oficialista con la Caja corresponde a cargas sociales que, en criterio de la aseguradora social, los rojiamarillos no pagaron por 490 profesionales y técnicos contratados durante casi cuatro años, entre julio del 2006 y marzo del 2010.
La aseguradora social también le achaca haber subdeclarado el salario de otros 25 empleados durante ese mismo lapso de tiempo.
La mayoría de las cuotas obrero patronales reclamadas corresponden al personal que el PAC contrató por servicios especiales para la campaña presidencial del 2010.
Por esos contratos, en diciembre del año pasado, la agrupación fue condenada por un delito de estafa mayor en perjuicio del Estado, cuando el Tribunal Penal de San José concluyó que la mayoría de personas que fueron contratadas por esa modalidad no recibieron ningún pago, sino que trabajaron por voluntariado y que, en algunos casos, el servicio ni siquiera se brindó. A pesar de eso, fueron cobrados al TSE.
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Con base en esa sentencia judicial, el PAC sostiene que el cobro de ¢465 millones hecho por la Caja no procede. Sin embargo, el tesorero de la agrupación, Anthony Cascante, afirmó que continuarán pagando la deuda, hasta que no se resuelva la denuncia que presentaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
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