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El nuevo edificio para la Asamblea Legislativa le costaría al Estado cerca de ¢13.500 millones más de lo que pactaron el Banco de Costa Rica (BCR) y la administración del Congreso en el 2011, cuando firmaron el contrato de fideicomiso.
Así se desprende de un oficio remitido por Julio Cedeño Maglione, director de la empresa Novatecnia y gerente de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP), al director ejecutivo de la Asamblea, Antonio Ayales, en julio pasado.
En esa carta, Cedeño detalla que el costo aproximado del proyecto incluye el edificio principal (de 18 pisos y cuatro sótanos), los parqueos, plazas, mobiliario y equipo, así como imprevistos, servicios públicos, gastos financieros y comisiones.
A eso se le deben sumar los ¢2.795 millones que se destinarían a las obras de remodelación y rehabilitación de los edificios patrimoniales donde actualmente se ubica el parlamento.
Sin embargo, el contrato de fideicomiso firmado originalmente por el BCR y el Congreso establecía que los fondos para el proyecto del nuevo edificio legislativo eran de $76 millones (o sea, ¢41.000 millones).
El exceso en el costo, que ha sido fuertemente criticado por diputados como el libertario Otto Guevara en días recientes, deviene del segundo diseño para el edificio, ordenado por la administración legislativa y el Directorio liderado por Henry Mora, del PAC, en abril del 2015.
Ese diseño se adjudicó directamente al mismo arquitecto que realizó el primer diseño, fallido porque nunca logró un visto bueno del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Costarricense (CICPC).
Según lo establecía el concurso que ganó Javier Salinas, en el 2013, el proyecto de nueva sede legislativa debía costar $60 millones, para lo cual el arquitecto diseñó dos edificios de 13 pisos que se interconectaban con una estructura por encima del inmueble actual y que recibió múltiples críticas y el bloqueo por parte de Patrimonio.
Salinas, encargado por el Directorio del 2014-2015 “por conveniencia” –según acta del Directorio 057-2015– hizo un nuevo diseño que mantiene el mismo costo solo para la edificación principal, más todos los costos ya indicados, hasta superar en ¢13.500 millones el presupuesto original.
Consultado por La Nación, Cedeño aseguró ayer que el monto definido por el fideicomiso solo era un costo “de referencia”. También criticó que se compare ese proyecto con el oficentro El Higuerón, como lo ha hecho Otto Guevara.
‘Sarcófago’. El libertario calificó el nuevo diseño, que tiene 80 metros de altura, como un “sarcófago”, con problemas de iluminación y ventilación. Añadió que no se puede pagar tanto por un edificio así para el Congreso, en una época de crisis fiscal.
El actual Directorio está analizando continuar con el proyecto, luego de que la contralora general de la República, Marta Acosta, señaló hace una semana que el fideicomiso administrado por el BCR le pagó, de forma indebida, ¢390 millones a Salinas.
De acuerdo con el presidente del Congreso, Antonio Álvarez, tienen que analizar la conveniencia de suspender todo el proyecto o continuarlo, pero luego de corregir los problemas de administración señalados por Acosta.
Si se suspendiera el plan, la Asamblea no tendría que pagar ninguna indemnización, pero sí cancelar los gastos en que ya incurrió, a junio de este año, el BCR. Estos ascienden a unos ¢3.000 millones, entre los diseños del anteproyecto y los planos constructivos hechos por Salinas.
El arquitecto adujo que él no tiene nada que ver con los costos, sino que estos son previstos por Cedeño y la UAP.
