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Luego de que la Contraloría General de la República (CGR) detectara que la viceministra de Trabajo Ana Cristina Trejos ha cobrado más de ¢8 millones de forma indebida en el salario, ella negó tener responsabilidad y achacó lo sucedido a la administración del Ministerio.
Según la Contraloría, Trejos recibía en su sueldo el incentivo por prohibición a pesar de que, para ello, se requiere de licenciatura y ella no tiene ese grado académico. Ese plus equivale a un 65% sobre la base salarial y se paga a los viceministros como compensación por el impedimento para ejercer su profesión de manera libre.
Este viernes la viceministra envió a este diario una nota aclarando que en su caso el plus por prohibición equivale a un 25% de su salario.
La noticia sobre la alerta de la CGR la publicó este jueves el diario digital elmundo.cr. Según ese medio, el ministro de Vivienda, Rosendo Pujol, tomó la decisión de suspender preventivamente el pago del incentivo salarial a Trejos, mientras avanza la investigación de lo ocurrido.
Trejos dijo que, si bien ha cursado la mayoría de las materias de la licenciatura en Microbiología y Química Clínica en la Universidad de Costa Rica (UCR), aún no se ha graduado.
"En razón de esa conclusión a la que llega la Contraloría, a pesar de que yo certifiqué mi grado académico, no estoy sujeta a la aplicación de esa norma (para el pago de prohibición) y tendré que devolver los dineros. Hasta que lo diga el procedimiento administrativo se sabrá efectivamente si se me indujo a error o no, pero preventivamente el ministro tomó la decisión de suspender el pago de la prohibición y yo de someterme voluntariamente a un arreglo de pago", recalcó.
Trejos insistió en que ella informó de su grado académico a la administración del Ministerio y, aun así, se le otorgó el beneficio, por lo que se deberá hacer una investigación para determinar qué funcionario se lo asignó.
"(Microbiología) es una carrera que no tiene grado de bachillerato y necesito terminar algunos requisitos de la carrera pero ya cursé la mayoría; y lo que a mí me pidieron al ingreso (al Ministerio), ni siquiera se me indicó para qué trámite, únicamente para los trámites regulares de ingreso, fue traer la certificación de todas las materias aprobadas y una carta de la facultad que acreditara el grado académico", explicó.
No tiene licenciatura. La viceministra añadió vía telefónica a La Nación que aceptó voluntariamente acceder a un arreglo de pago para devolverle al Estado el monto de salario que cobró de más.
"El asunto requiere un procedimiento administrativo hacia las personas que tengan responsabilidad dentro de la institución, pero hacia mí, básicamente lo que el Estado demanda es que haga el arreglo que yo me ofrecí voluntariamente a hacer. Ya el resto del procedimiento administrativo le compete a don Rosendo como jerarca de la institución.
Explicó que, según la CGR, la norma para el pago obligatorio de la prohibición estuvo mal aplicada y que ella fue inducida a error por parte de la administración desde su ingreso al Gobierno, el 8 de mayo del 2014.
La Nación intentó conversar sobre el tema con Pujol, sin embargo, dijo que no podía conversar por estar en una reunión de junta directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
¿Mismo caso? La situación en que se ve involucrada la viceministra de Vivienda Ana Cristina Trejos no es la primera de ese tipo que se presenta durante el actual gobierno.
Ya la viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz, se vio en la obligación de devolverle al Estado ¢11 millones que cobró de más correspondientes, precisamente, al plus salarial de prohibición que no tenía derecho a recibir por no cumplir con los requisitos académicos.
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Muñoz se comprometió a devolver el monto en pagos mensuales de ¢320.000. Producto de la prohibición, la viceministra de Gobernación recibía un pago mensual de ¢900.000.
Muñoz también responsabilizó al Departamento de Recursos Humanos del Ministerio por la autorización para que recibiera el pago de prohibición cuando en realidad no cumplía con los requisitos académicos para cobrarlo.
Este jueves la viceministra Ana Cristina Trejos rechazó que su caso fuera similar al de Muñoz.
"Son instituciones diferentes, aplican normas diferentes y, como le digo, las prohibiciones están reguladas tanto por leyes generales como por leyes especiales. Entonces, la Contraloría analiza cada caso", concluyó.
