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Ocho exdirectivos de Judesur, acusados penalmente por malversación de fondos y peculado en un caso contra el exdiputado liberacionista Jorge Angulo, aceptaron haber cometido los hechos con tal de no ir a juicio.
Así lo informó el Ministerio Público, el cual explicó que estos exfuncionarios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) pactaron una conciliación con la parte acusadora y con el Estado.
Cada uno se comprometió a pagar entre ¢1,5 millones y ¢2 millones al erario, en tractos a lo largo de un plazo de dos años y tres meses, y a realizar 200 horas de trabajo comunal en un centro de bien social de la zona sur del país.
Durante ese periodo, los exdirectivos no podrán ocupar ningún cargo público o laborar donde se administren recursos del Estado, además de que deberán mantener un domicilio actualizado. Según el acuerdo, ellos estarán a prueba durante dos años y medio. Si incumplen, continuará la causa penal y el caso podría ir a juicio.
En este caso, al exdiputado Angulo se le acusa de haber influido en el 2011 en la directiva de Judesur para que esta, con fondos públicos, le pagara facturas de hospedaje y alimentación en un hotel de la zona sur a él y a uno de sus entonces asesores.
Los exdirectivos fueron imputados porque presuntamente aprobaron, en dos ocasiones, el pago de facturas y el giro de recursos para el exlegislador de Liberación Nacional (PLN).
El liberacionista, por ejemplo, solicitó que Judesur le pagara una cuenta por ¢971.000 en el hotel Sierra, en Golfito.
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Los exdirectivos que conciliaron son de apellidos:
-Sánchez Toruño (malversación)
-Otero Peralta (malversación y peculado)
-Flores Campos (malversación y peculado)
-Parrales Canales (malversación y peculado)
-Ramírez Araya (peculado)
-Loría Murillo (malversación y peculado)
-Mora Valderramos (malversación y peculado)
-Castro Aguilar (malversación y peculado)
La Procuraduría General de la República, en representación del Estado, aceptó "la medida alterna de suspensión del proceso a prueba" a solicitud de los defensores de los exdirectivos.
"Los daños ocasionados por los directores en la toma de decisión de dos acuerdos, que beneficiaban al exdiputado Angulo Mora, ascendían a ¢1,2 millones, por lo que la recuperación del daño era mayor, además de las otras condiciones que fueron aceptadas", justificó el abogado del Estado en un correo electrónico ante una consulta de La Nación.
La conciliación se planteó el 10 de enero, en la audiencia preliminar que abrió el Juzgado Penal de San José para definir si eleva el caso a juicio.
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Por estos hechos hay otros dos imputados que no conciliaron: el exlegislador Angulo y un hombre de apellidos Arias Dowartt, quien fungía como chofer del Congreso cuando Angulo ocupaba una curul.
"Los miembros de la Junta Directiva de Judesur están dispuestos a someterse a la medida alterna denominada suspensión de procedimiento a prueba, siendo una salida procedente y probable que se dio conforme al Código Procesal Penal", aseguró la Fiscalía en un correo electrónico.
No obstante, el procurador penal, Randall Aguirre, afirmó que el hecho de que los imputados hayan conciliado no significa que hayan aceptado haber cometido los delitos, sino que negociaron una alternativa para evitar ir a juicio.
"La legislación lo que establece, en cuanto a la medida alterna, es que tanto la víctima como el imputado puedan lograr un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes, con el ánimo de evitar un proceso judicial y también ahorrarle costos al Estado de un juicio que puede ser de varios meses. No es que estén ellos aceptando que cometieron un delito, porque no se trata de eso, sino de tener una salida al proceso penal que no sea con la realización de un juicio oral y público", explicó Aguirre.
La audiencia preliminar se retomará el 31 de enero. Ese día, el Juzgado decidirá si acepta la conciliación entre el abogado del Estado, el Ministerio Público y los exjerarcas de la Judesur, que administra el Depósito Libre de Golfito.
El exdiputado enfrenta diez supuestos delitos por este y otro caso dentro del mismo expediente: tráfico de influencias, cuatro delitos de concusión, cuatro de extorsión y de manera alternativa un delito de tráfico de influencias.
Otro caso en el mismo proceso. Angulo también es investigado por presuntamente exigir dinero a la empresa Construcciones Industriales COIN KRJ S. A. a cambio de no entorpecer un contrato que Judesur le había otorgado, también con dinero público, para la edificación de un colegio para 250 estudiantes en San Vito de Coto Brus, en la provincia de Puntarenas.
Según Jorge Sandoval y Rosibel Vittel, dueños de la compañía, el exlegislador habría presionado y amenazado con frenar esa construcción.
Junto a Angulo, por este segundo caso además figura como imputado Arias Dowartt (enriquecimiento ilícito y alternativamente estafa; concusión en calidad de cómplice y alternativamente favorecimiento personal) y dos exasesores del exlegislador de apellidos Gómez Guido y Alfaro Chávez. A los dos últimos se les atribuye un delito de concusión.
Este medio intentó obtener una reacción de Rafael Gairaud, abogado de Angulo; sin embargo, dijo que atendería en la tarde.
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Además, el Estado enfrenta una demanda como responsable solidario, ya que los imputados eran funcionarios públicos cuando se cometieron los hechos denunciados. COIN KRJ S. A. presentó una acción civil y reclama el pago de ¢2.000 millones.
El abogado de la firma, José Pablo Badilla, afirmó que están negociando con al menos uno de los imputados un criterio de oportunidad para que sea absuelto, a cambio de fungir en el juicio como "testigo de la corona".
"El criterio de oportunidad se da en casos en que la participación del imputado fue pequeña; entonces, como para salirse por la tangente, narran lo que sucedió, en este caso cómo Angulo intentó sacar la plata", explicó Badilla.
Las dos acusaciones contra Angulo —las cuales se tramitan bajo el mismo expediente—, se discuten en los tribunales con tres años de atraso.
Inicialmente, se iban a tramitar en la Sala III por la condición de diputado pero, en mayo del 2014, cuando el liberacionista dejó de ser un miembro de un supremo poder, el proceso se congeló y el caso debió ser trasladado para un trámite en la vía ordinaria, como cualquier otro ciudadano. En este caso, ante el Juzgado Penal de San José.
