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La defensora de los habitantes, Montserrat Solano, pide cambios para que el proyecto de reforma a la DIS no se apruebe tal y como lo planteó el Poder Ejecutivo.
¿Por qué la Defensoría objeta ser parte de la comisión que fiscalizaría a la DIS?
Como está regulada, no tendríamos ninguna capacidad real de fiscalización. Nos incluyen en esta comisión junto con el Poder Judicial, que se pronunció en desacuerdo.
”Nosotros también señalamos que no estamos de acuerdo. No solo no nos sacaron, sino que, además, sin consultarnos, incluyeron una reforma al artículo 11 de la Ley de la Defensoría, que de alguna manera nos incluye en la fiscalización de los órganos públicos como órgano de control interno, lo cual desnaturaliza a la institución porque nosotros no podemos fiscalizar aquello que, supuestamente, ya hemos fiscalizado a lo interno. Además, es una reforma que contraviene la división de poderes”.
¿Aclara este proyecto de ley las nebulosas que siempre han estado sobre la operación de la DIS?
De hecho, el proyecto todavía tiene un olorcillo a Guerra Fría: no prohíbe claramente el espionaje político, algo que debería de hacer.
”Hay dudas sobre la confidencialidad de las investigaciones que haga la DIS, pues plantea una confidencialidad de 20 años y quien la dicta es el presidente y, quien debería supervisarlo, en virtud de que es una restricción a un derecho humano, como es el acceso a la información, debería ser un juez.
”Una confidencialidad de 20 años es demasiado, pues todos los delitos prescriben a los diez años. Uno podría pensar en otros países en los que lo que hay es una temporalidad escalonada, que se inicia en cinco años y, después, es un juez el que decide si se extiende o no. Luego, el proyecto habla de investigaciones y no sabemos quién da el punto de partida a esas investigaciones, quién las ordena, no está muy claro tampoco para qué se investigaría”.
¿Les preocupa que la DIS sea una entidad todopoderosa?
Bueno, esa es la preocupación que tiene la Defensoría.
”El proyecto afirma que la DIEN no podrá realizar actividades con carácter discriminatorio, pero en ningún momento dice que no podrá utilizar información para amedrentar personas, que es una actividad típica de los años 70 y de los mecanismos de las instituciones de inteligencia.
”No prohíbe, tampoco, el descrédito ni el chantaje de funcionarios públicos.
”Ni prohíbe el espionaje político, algo que es fundamental (...).
”El monitoreo del espectro electromagnético de frecuencia abierta, o sea, comunicaciones celulares, es un tema que nos preocupa mucho”.
