Escuchar
La CCSS cumple cinco meses de haber adjudicado el contrato para el estudio actuarial que aclararía la sostenibilidad del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pero todavía no lo firma.
Se trata de un análisis que pondría fin al pulso que sostienen desde hace cinco años las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Mientras las primeras aseguran que el régimen será sostenible por varias décadas, la Supén advierte de que le queda menos tiempo.
Según información enviada vía correo electrónico por la gerente de Logística de la Caja, Dinorah Garro Herrera, el contrato no se ha firmado porque el área de Adquisiciones espera varios criterios técnicos.
“Hasta el momento, el contrato ha sido revisado por todas las partes técnicas. El 11 de junio, mediante oficio SP-727-2014, la Supén envía sus observaciones. En el oficio 32.338, del 10 de junio, la Auditoría emite sus observaciones para que sean incorporadas al contrato.
”El 20 de junio, se remite un nuevo borrador a la Supén, a la Gerencia de Pensiones y a la Auditoría. El área de Adquisiciones está a la espera de las observaciones por parte de la Gerencia de Pensiones. Al día de hoy (8 de julio), el área de Adquisiciones está a la espera de los criterios técnicos”, informó Garro en un mensaje remitido por la oficina de prensa de la CCSS a este diario.
Se intentó consultar el plazo estimado para finiquitar estos trámites, pero ningún funcionario de la Caja estuvo disponible, ni personalmente ni por teléfono, para evacuar las dudas.
A principios de junio, la presidenta ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz, adelantó que el estudio no estaría listo este año.
La versión fue confirmada por el jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), Édgar Robles.
“Sí, los resultados estarán el próximo año. Las nuevas autoridades (de la CCSS) nos han dicho que su prioridad es agilizar, pero aún estamos esperando que se firme el contrato”, manifestó el superintendente.
Proceso. En febrero , la Junta Directiva de la CCSS adjudicó la evaluación actuarial del régimen de pensiones más importante en el país al consultor argentino Eduardo Melinksy .
La adjudicación por $125.000 se realizó mediante el sistema CompraRed, del Ministerio de Hacienda, al que se presentaron en total cinco oferentes.
La Caja informó en aquel momento de que, a partir de la orden de compra, el actuario tendría seis meses para realizar el análisis.
Los hallazgos permitirán al Estado tomar acciones para garantizar la sostenibilidad del régimen, las que podrían incluir un aumento en el aporte de los asegurados o cambios en la edad de jubilación.
El IVM tiene más de 1,4 millones de trabajadores afiliados, casi 200.000 pensionados y más de 200.000 beneficiarios; maneja una reserva que ronda los ¢1,7 billones.
“Es completamente ilógico haber pasado más de tres años adjudicando este estudio. Ya hemos alertado de tácticas dilatorias en este proceso”, expresó Édgar Robles.
