EscucharUna nueva ley permitirá a Costa Rica reanudar los ensayos experimentales de medicamentos en humanos, pero le impondrá el desafío de reconstruir una industria de vanguardia que tuvo que cerrar las puertas hace cuatro años debido a la falta de un marco jurídico.
Se trata de la Ley Reguladora de la Investigación Biomédica , número 17.777, que el pasado 8 de abril fue aprobada en segundo debate en el Congreso y que ahora solo requiere de la firma de la presidenta de la República, Laura Chinchilla, para entrar en vigencia.
Dicha normativa establece pautas legales y requisitos para la participación de personas en proyectos de investigación médica y de experimentación farmacéutica.
Su aprobación en la Asamblea Legislativa fue bien recibida por el sector científico nacional, pero los expertos opinan que al país no le bastará con tener una ley para investigar de nuevo.
“El primer paso es reconstruir todo lo que se destruyó hace cuatro años (...). Hubo fuga de cerebros, muchos proyectos de investigación no se dieron y centros relacionados al tema abandonaron el país”, explicó Guillermo Rodríguez, presidente del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas (ICIC).
De acuerdo con cifras de esa organización, Costa Rica perdió unos $43.000 millones en investigación por proyectos no realizados aquí.
En el 2010, cuando la Sala IV frenó la actividad alegando que esta solo se podía realizar por medio de una ley y no vía decreto, tal y como estaba, en el país había estudios experimentales sobre cáncer, sida, sistema nervioso central y cardiopatías, entre otros.
¿Credibilidad? Los investigadores también sugieren que el país debe ganarse otra vez la confianza de la comunidad científica internacional para que ponga de nuevo su mira en nuestro territorio.
Rodríguez estima que pasarán de uno a dos años para que se reactive del todo la investigación.
Para María Luisa Ávila, quien fungía como ministra de Salud cuando la Sala IV se trajo abajo las investigaciones, si bien para el país no será fácil ganarse el espacio que tenía hace cuatro años, “lo que sí se mantuvo fue la credibilidad en los investigadores costarricenses”.
“Todo el mundo entendió que cuando aquí se detuvieron las investigaciones, se trató de un tema político e ideológico, y no de capacidad”, agregó Ávila.
En ese sentido, sostuvo que una de las primeras acciones que se deben tomar es volver a conformar los equipos investigadores, así como estrechar alianzas con organizaciones extranjeras que veían en Costa Rica un terreno fértil para la investigación.
Reglas del juego. Cuando entre en vigencia la ley de investigación biomédica, el Ministerio de Salud deberá emitir un reglamento con las pautas a seguir.
Henrriette Raventós, investigadora del Centro de Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica (UCR), consideró que ese nuevo reglamento deberá dejar claro cuáles podrían ser los conflictos de interés entre investigadores y las compañías farmacéuticas.
También insistió en la necesidad de reforzar la colaboración –a su criterio, perdida– entre la UCR, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y Salud.
Ávila señaló que se debe definir el papel de la Caja en la investigación biomédica y experimental.
