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Grupos religiosos recogieron más de 4.000 firmas en todo el país para apoyar la presentación, este martes, de un recurso de amparo contra el decreto presidencial que regula la FIV. | ALONSO TENORIO (Alonso Tenorio)
Mientras el mandatario Luis Guillermo Solís celebraba 194 años de la independencia en el Parque Nacional, tres cuadras más allá, decenas de personas de distintas denominaciones religiosas llegaron para apoyar la presentación de un recurso de amparo contra el decreto presidencial que regula y permite la fertilización in vitro (FIV).
La esperanza, dicen estos grupos, la depositan nuevamente en los magistrados de la Sala Cuarta. Quince años atrás, ese órgano constitucional se trajo abajo otro decreto ejecutivo que permitía esa técnica de fertilización asistida en el país.
Claro, en ese entonces no había, como ahora, una sentencia del 2012, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ordenando al país regular el procedimiento.
El decreto del 10 de setiembre anterior y firmado por Solís, se produjo en acatamiento a esa sentencia, ante la falta de una ley sobre el tema, que aún no sale de la Asamblea.
La Organización de Naciones Unidas reconoció este martes como legítimo el decreto ejecutivo de Solís, el cual, además, es considerado como un instrumento válido de acatamiento de la sentencia de la Corte.
¡No! Los diputados del bloque cristiano en la Asamblea Legislativa, se citaron frente al edificio principal de la Corte Suprema de Justicia, en San José, sede de la Sala Constitucional.
Fabricio Alvarado, legislador de Restauración Nacional; Abelino Esquivel y Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, y Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, acudieron junto con grupos religiosos a interponer el recurso de amparo.
En la gestión los apoyó el socialcristiano William Alvarado.
Según Alexandra Loría, de la Asociación de Educación y Promoción de la Bioética, este recurso es el primer paso.
El siguiente es la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra el decreto.
Fabricio Alvarado manifestó que hay un proyecto de ley para la atención integral de la infertilidad. Además, aseguró que el Poder Ejecutivo no ha mostrado interés en convocar el plan.
El presidente Luis Guillermo Solís, reconoció la legitimidad del recurso de amparo. “He señalado que los recursos que se interpongan contra el decreto son enteramente legítimos, constituyen una expresión tan importante como cualquier otra, que debe ser tomada en cuenta. Corresponderá a la Sala IV resolver cuál es la vida de ese decreto”. dijo Solís.
El mandatario también admitió que la población tiene derecho a recurrir a otras vías, incluida, dijo, la acción en la Asamblea Legislativa.“Había necesidad de ratificar la adhesión de Costa Rica al derecho internacional y al cumplimiento de la sentencia de un tribunal internacional.
Eso es lo que hicimos, en salvaguarda del interés nacional”, agregó el Presidente. “Si eso es reconocido internacionalmente me alegra mucho, pero la verdad era una obligación del gobierno de la República, que había asumido como compromiso desde la campaña”, puntualizó el mandatario en referencia al comunicado de la ONU sobre el decreto presidencial.