Los diputados que investigan la crisis en Cardiología del Hospital México no descartan recomendar destituciones de funcionarios de ese servicio, como parte del dictamen que están a punto de rendir ante el plenario de la Asamblea Legislativa.
Mencionan, entre otros, al director médico, Douglas Montero Chacón; al jefe de Medicina, Carlos Chaverri Montero, y a la jefa de Cardiología, Sofía Bogantes Ledezma.
Los congresistas, incluso, consideran la posibilidad de enviar al Ministerio Público toda la evidencia recolectada desde que la Comisión echó a andar, en abril pasado.
El grupo investigador se conformó luego de que la jefa de Cardiología del Hospital México denunciara que pacientes de ese servicio fallecieron mientras esperaban que se les realizara un cateterismo.
Jorge Rodríguez, legislador socialcristiano y presidente de la Comisión, detalló que solo les resta escuchar la comparecencia de Manuel Navarro, responsable de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE).
Dicha unidad es una dependencia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La audiencia de Navarro está programada para el 4 de agosto.
Posiciones. La Nación consultó a cinco de los siete congresistas que investigan las supuestas anomalías en el servicio de Cardiología del Hospital México.
Marvin Atencio, del Partido Acción Ciudadana (PAC), considera muy probable que el caso lo envíen al Ministerio Público en cuanto finalicen las indagaciones en el Congreso.
“Le vamos a entrar con mano fuerte a temas administrativos y no descartamos recomendar procesos disciplinarios que van desde sanciones escritas y suspensiones, hasta el despido.
“Pasaríamos los hallazgos al Ministerio Público, por ejemplo, tráfico de influencias, entre otras cosas que por ahí se están analizando”, aseveró.
Atencio sostuvo que en los hospitales de la CCSS, no solo en el México, “hay una falta de planificación de los servicios”.
Un criterio similar exteriorizó Edgardo Araya, del Frente Amplio, quien tampoco descartó proponer destituciones y enviar el caso a la Fiscalía.
Cautos. Contrario a sus compañeros, Fabricio Alvarado, diputado de Restauración Nacional (RN), manifestó que, antes de pensar en sugerir alguna medida disciplinaria, esperará la comparecencia del jefe de la UTLE para ver cómo funciona esa oficina.
No obstante, aseguró que si se comprueba que murieron pacientes por esperar un cateterismo, se deberá enviar la información recopilada a la Fiscalía para que se establezcan responsabilidades de tipo penal.
Más precavido, el liberacionista Juan Marín Quirós manifestó que no quería adelantar criterio antes de que la Comisión emita su dictamen.
Sin embargo, consideró necesario “meter mano dura en el tema administrativo gerencial y de control”. Señaló que en esa materia es donde él ha encontrado las mayores carencias.
“Hay desorden en el sistema de las listas de espera. Los funcionarios no tienen claro cómo funcionan”, enfatizó.