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San José
El eventual decreto que valora emitir el Gobierno para regular la fertilización in vitro (FIV) en el país divide a los dos grupos de parejas que ganaron el caso al Estado en noviembre del 2012 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El grupo de parejas representado por el abogado, Huberth May, está a favor de regular la técnica reproductiva mediante un decreto e incluso vía reglamento emitido por el Colegio de Médicos.
Por otra parte, las parejas representadas por el jurista, Boris Molina, se oponen a la regulación de la FIV con un decreto ejecutivo, porque no se podrían sancionar malas prácticas de la técnica con esa norma jurídica.
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Los dos grupos de parejas lograron que la Corte IDH condenara al Estado costarricense el 28 de noviembre del 2012. En esa sentencia, se le ordenó al país regular la FIV para que se aplique en el sistema de salud privado y en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La FIV fue prohibida por la Sala Constitucional en el 2000 mediante una sentencia en la que los magistrados consideraron que la técnica atentaba contra el derecho fundamental a la vida.
Casi tres años han pasado desde la condena a Costa Rica y todavía no hay una ley aprobada que permita la aplicación de la FIV para las casi 15.000 personas infértiles que podrían tener un hijo mediante esa técnica.
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Este jueves 3 de setiembre, los representantes legales de las parejas afectadas, el Estado costarricense y los jueces de la Corte IDH se verán las caras en una audiencia en la que el país debe explicar qué ha hecho durante los últimos 33 meses para aprobar una regulación que permita aplicar la FIV.
La Cancillería informó este miércoles que el Estado tiene la voluntad de cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El equipo que representará a Costa Rica en la audiencia de este jueves ante la Corte IDH, estará conformado por el director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal y la directrora jurídica de la Cancillería, Gioconda Ubeda.
También asistirán la directora jurídica adjunta de la Cancillería, Eugenia Gutiérrez y la abogada de Presidencia, Viviana Benavides.
Peticiones divididas. Los dos grupos de parejas que iniciaron el caso FIV contra Costa Rica en el 2001 presentarán peticiones dividas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los representados por Huberth May pedirán que la Corte IDH emita una resolución de cumplimiento de sentencia que es vinculante y obligatoria.
De acuerdo con May, en ese documento la Corte IDH debe explicar a Costa Rica que la sentencia emitida en noviembre del 2012 deja sin efecto el fallo de la Sala Constitucional del 2000 que prohibió la FIV.
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"Queremos que la Corte Interamericana le interprete al Estado que la palabra "regulación" que está en la sentencia permite que la FIV se implemente mediante un decreto ejecutivo e incluso por un reglamento del Colegio de Médicos; y no solo vía ley como se ha pensando desde el inicio", explicó May.
Según el jurista, la sentencia de la Corte IDH deja vigente de forma automática el decreto de FIV que regía en 1995, lo que incluso permitiría aplicar la técnica en el país actualmente, aunque bajo parámetros desactualizados.
May agregó que "si el Gobierno emite un decreto antes de la audiencia, nos daríamos por satisfechos e incluso retiraríamos el otro caso que tramita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que podría convertirse eventualmente en una segunda condena contra el país".
De lo contrario, si el Gobierno llega sin ninguna propuesta concreta a la audiencia, los representados por May pedirán a la Corte IDH declarar incumplimiento oficial de la sentencia y elevar el caso de Costa Rica a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Nosotros vamos a pedir a la Corte IDH que ordene a los diputados discutir y someter a votación el proyecto de ley para regular la FIV en un plazo máximo de 90 días (tres meses)", manifestó Molina.
El abogado aseveró que si los legisladores incumplen con este mandato de la Corte IDH, entonces exigirán que sean encausados por incumplimiento de las leyes.
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Molina indició que también pedirán a la Corte Interamericana que ordene a la CCSS cumplir con la aplicación de la técnica reproductiva de inmediato.
"Ya sea que lo hagan en el país o que le paguen el tratamiento a las parejas que lo requieren fuera del país", agregó el jurista.
Posible decreto. El pasado 4 de marzo las 23 parejas representadas por Huberth May pidieron al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que regule la FIV por decreto ejecutivo ante el atraso que enfrenta el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.
Las parejas le entregaron al mandatario un borrador del decreto para que fuera analizado por la Dirección Jurídica de Casa Presidencial.
Solís comentó el pasado 22 de julio durante una gira por Guanacaste que "valora" la opción de regular FIV por decreto para evitar una segunda condena al país por incumplir con la sentencia de la Corte IDH.
La Dirección Jurídica de Casa Presidencial analizó las resoluciones de la Sala Constitucional Nº 2014003968 y Nº 2014003715 del 2014.
En esas sentencias los magistrados aclaran que "esa regulación, al estar de por medio derechos fundamentales, necesariamente tiene que ser mediante ley, toda vez que así lo impone el principio de reserva de ley (artículo 28 constitucional)".
El presidente dijo el 22 de julio, que en caso de emitir el decreto para regular la FIV lo haría antes de la audiencia que convocó, para este jueves 3 de setiembre, la Corte IDH para ver el cumplimiento de la sentencia por parte de Costa Rica.
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Presiones. El 19 de agosto 27 organizaciones de derechos humanos de América pidieron a Costa Rica cumplir con la sentencia y regular la FIV.
El Colegio de Médicos de Costa Rica se pronunció a favor de la aplicación de la FIV en el país el pasado 31 de agosto.
"Contamos con una comisión altamente calificada en reproducción humana conformada desde el 2011. Sus aportes deben ser utilizados para que la técnica se perfeccione y se brinde seguridad al paciente", comentó el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Alexis Castillo.
La posibilidad de que el Gobierno regule la FIV por decreto cobró más fuerza luego de que concluyera el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa sin que se aprobara el proyecto de ley que está en discusión en el plenario.
El expediente fue convocado por el Ejecutivo para incluirlo en la agenda legislativa durante agosto, periodo en el cual el Gobierno controla el orden de los proyectos que se discuten en el plenario y en las comisiones legislativas.
Sin embargo, el proyecto de ley no tuvo avances y durante setiembre, octubre y noviembre los diputados se enfrascan en la revisión del presupuesto ordinario para el 2016, lo que deja de lado las posibilidades reales de que se apruebe la ley de FIV en Cuesta de Moras.
