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Francisco José Mora Palma, jefe de Nefrología del Hospital Calderón Guardia, quien está acusado por el Ministerio Público de ser el presunto líder de una red internacional de tráfico de órganos, dejó la prisión preventiva a inicios de esta semana luego de pagar una fianza de ¢100 millones.
La información la confirmó este viernes la oficina de prensa del Poder Judicial.
Además de la fianza, el médico entregó su pasaporte, deberá firmar cada 15 días, no debe molestar ni hablar a testigos del caso (víctimas del tráfico de órganos), y mantener un domicilio fijo.
Esas restricciones se mantendrán durante todo el proceso legal, informó el Poder Judicial.
Mora Palma, de 63 años, es uno de los seis imputados en la investigación que realiza el Ministerio Público bajo el supuesto de la existencia de una red de tráfico de órganos que se encargaba de reclutar a los donadores y montar toda la logística para la realización de las intervenciones quirúrgicas.
Entre los investigados están una oficial de la Fuerza Pública, de apellidos Cordero Solano; otros tres médicos del Hospital Calderón Guardia, y un empresario griego de apellido Katsigiannis.
De acuerdo con la Fiscalía, cada uno de ellos tenía un rol en la organización delictiva.
La única que permanece en prisión preventiva es la oficial de la Fuerza Pública; el resto tiene medidas similares a las que ahora goza el jefe de Nefrología.
El intento. Mora Palma fue arrestado el 18 de junio mientras laboraba en el hospital capitalino.
Un día después, un juez dictó en su contra seis meses de prisión preventiva.
A mediados de setiembre, la defensa solicitó un cambio de la medida cautelar, la cual fue rechazada por el Juzgado Penal de San José, según informó el Poder Judicial.
La resolución fue apelada por el abogado del médico. La nueva gestión la conoció el Tribunal Penal de San José, el cual impuso la fianza de ¢100 millones y otros requisitos para conceder la libertad al médico mientras se realiza la indagación.
La hipótesis del Ministerio Público señala que Mora y el resto de imputados pagaban hasta ¢10 millones por cada extracción de órgano realizada en el país.
