Escuchar
Si en este momento llega una embarazada a un hospital y requiere un aborto porque su vida o su salud corre peligro, los médicos no lo harán aunque la ley del país lo permita.
La falta de un protocolo que señale las condiciones en las que debe o no interrumpirse el embarazo por razones de salud, frena a los médicos y a los hospitales. La incertidumbre gana.
Las autoridades del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS) reconocen la falta de claridad y aseguran haber dado los primeros pasos para iniciar una discusión.
Costa Rica enfrenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dos demandas presentadas por mujeres a quienes se les negó el aborto terapéutico.
Según ellas, se incumplió el artículo 121 del Código Penal que dice: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”.
El ministro a.i. de Salud, Fernando Llorca, confirmó que están invitando a grupos interesados a debatir el tema, con el objetivo de elaborar una norma que aclare las condiciones para el aborto terapéutico.
“Sí somos conscientes de que va a ser necesario iniciar el proceso, pero será uno donde vamos a invitar a participar a todos los grupos”, dijo Llorca, sin precisar una fecha.
Frenados. La gerenta médica de la Caja, María Eugenia Villalta Bonilla, aclaró que mientras Salud no regule, ellos no pueden actuar.
“La institución es muy respetuosa de la legalidad”, dijo Villalta, quien confirmó la participación de la Caja en una comisión creada por Salud para analizar el tema.
Además, dijo la gerenta, hay otro grupo interno de especialistas en Ginecología y en Derecho, revisando la Guía técnica de atención para la interrupción terapéutica del embarazo.
Esa guía es del 2009, pero nunca se ha aplicado , denunció Margarita Salas Guzmán, de la Organización Colectiva por el Derecho a Decidir.
“Nos parece fantástico que se reconozca la necesidad del debate, pero también preocupa que se hable de un debate previo sobre algo que ya está en la legislación.
”El Estado tiene una deuda histórica de más de 60 años por no crear el protocolo para la aplicación y negar un derecho fundamental como el derecho a la salud”, dijo Salas.
Espera. La defensora de los habitantes, Montserrat Solano Carboni, critica el retraso estatal.
“La normativa está. Lo único que tiene que hacer la Caja es establecer protocolos, y no lo hace. En este caso, hay una omisión por parte del Estado de garantizar la aplicación del aborto terapéutico cuando sea necesario”, expresó.
Solano pidió cuentas a la CCSS sobre este tema en enero pasado, pero hasta esta semana la institución no ha enviado la información solicitada.
Alexis Castillo Gutiérrez , presidente del Colegio de Médicos, explicó que, aunque los Códigos de Ética y Penal facultan a los médicos para hacer abortos terapéuticos, no establecen la obligación de realizarlos.
“Conforme al artículo 14 del Código de Ética, (los médicos) pueden alegar objeción de conciencia para negarse a practicar el aborto, cuando ese procedimiento vaya contra sus principios morales o religiosos”, alegó Castillo Gutiérrez.
