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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tendrá que pagar más de $1,5 millones anuales (más de ¢810 millones) por ocho medicamentos que la Sala Constitucional la obligó a suministrar a 18 pacientes con enfermedades complicadas.
Se trata de los fármacos más caros que ese tribunal ha ordenado otorgar en lo que va del año, por recursos de amparo.
Estas órdenes intensifican el pulso que han tenido históricamente la CCSS y la Sala IV, por los fundamentos para dictar las sentencias y por el impacto económico que tienen.
En este caso, por ejemplo, significa que la Caja deberá invertir un promedio de $84.000 (¢45 millones) anuales en cada uno de esos pacientes, informó la Dirección de Farmacoepidemiología.
La cifra a es enorme si se compara con los $4 anuales (¢2.160) que, en promedio, gasta la Caja en tratar a los pacientes con hipertensión arterial, que son más de un millón.
La información se desprende de datos facilitados por Albin Chaves Matamoros, director de Farmacoepidemiología y coordinador del Comité Central de Farmacoterapia de la CCSS.
Los ocho medicamentos que la Sala IV ordenó entregar a estos 18 pacientes no estaban en la Lista Oficial de Medicamentos (LOM) de la Caja.
La recomendación provino de médicos tratantes y fue avalada por el denominado “tercer criterio experto” al que la Sala acude desde hace dos años, como explicó el magistrado Fernando Castillo Víquez.
De esa lista de fármacos, seis combaten diferentes tipos de cáncer metastásico (diseminado a otras áreas del cuerpo). Solo uno es para un mal de origen genético y otro es para tratar la esclerosis múltiple (enfermedad neurodegenerativa).
Polémica. Para Albin Chaves, los fallos de la Sala reducen la calidad del debate científico sobre la adecuada selección de los medicamentos, pues se amparan en la llamada “medicina basada en la evidencia”.
Frente a ese argumento, Cintia Solano, fundadora de la Asociación Nacional Segunda Oportunidad, cree que, en realidad, el problema es que la Caja utiliza una lista básica y obsoleta de medicamentos.
Por iniciativa personal, el médico Carlos Zamora Zamora logró contabilizar más de 20.000 sentencias contra la Caja desde 1989 hasta el 2013. Un 40% reclaman el derecho a la salud.
“Los recursos de amparo son un mecanismo legal, válido y necesario, cuya aplicación, en ocasiones, introduce injusticias en el sistema público de servicios de salud”, dijo Zamora, al considerar que quienes los ganan se brincan a otros que esperan cirugías.
Hasta ahora, la CCSS no tiene idea de la carga económica de todos los recursos (por cirugías, medicinas, exámenes o citas).
Según el magistrado Castillo, este no supera el 1% del presupuesto total para medicinas de la CCSS, que es de $221 millones anuales. Para él, lo que se conoce como “judicialización de la salud” es solo un síntoma de que algo en el sistema no funciona bien.
“Hay una deficiente prestación de servicios. Nosotros hemos detectado problemas en cirugías, citas con especialistas y medicinas”, sostuvo.
Comentó que ya dos médicos forenses han sido capacitados en medicina basada en la evidencia.Además, dijo Castillo, los magistrados no descartan entrar a discutir en algún momento, si así fuera necesario, el impacto económico de sus resoluciones para la CCSS.
De los 6.182 asuntos votados por la Sala entre enero y abril de este año, 1.059 (17%) son por reclamos en salud, informó la oficina de prensa de la Sala IV.
