EscucharEl Estado podría llegar a pagar, junto con los patronos, una parte de los seguros de salud y pensiones que se deben cancelar a las empleadas domésticas.
Esta es una de cuatro opciones que la Caja analiza desde hace varios meses, como parte de su interés por encontrar un modelo para elevar la cobertura contributiva en grupos laborales tradicionalmente excluidos de los beneficios de la atención en salud y pensiones.
Entre esos grupos están las trabajadoras domésticas, los empleados independientes y los dueños de microempresas.
La Caja tomará los próximos cinco meses para analizar las posibilidades, con miras a definir un modelo de aseguramiento en el 2016, manifestó el gerente financiero, Gustavo Picado Chacón.
Las empleadas domésticas, calculadas en 152.354 personas, integran uno de los sectores laborales con más desprotección, sobre todo en cuanto a pensión, que cubre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), solo un 30% de ellas tiene seguro.
“Todo patrono que tenga una trabajadora doméstica debe entender que tiene la responsabilidad de asegurarla. Con eso, no solo le da acceso a los servicios de salud a esta persona y su familia, sino que le está asegurando un retiro digno con un nivel de ingreso que le permita vivir después de laborar”, advirtió Picado.
La Junta Directiva de la CCSS conoció, el 6 de agosto, una propuesta para elevar el aseguramiento de estas personas.
El documento presentado por la Gerencia Financiera incluye otras propuestas para generar ingresos adicionales que garanticen la sostenibilidad del seguro de salud, a cargo de los riesgos de enfermedad y maternidad.
Los directores estudiarán la propuesta en las próximas ocho sesiones de Junta.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) había advertido a la institución sobre la necesidad de buscar más fuentes de financiamiento. Recomendó, incluso, tomar en consideración los impuestos.
Escenario. Aunque en noviembre, el ministro de Hacienda, Helio Fallas, aseguró que “la situación fiscal no permitía financiar nuevos gastos”, Picado dijo que para el país resultaría de más impacto asumir, en un futuro, la atención de adultos mayores sin seguro ni pensión.
Picado hizo énfasis en el principio de solidaridad financiera, que regiría las nuevas modalidades de aseguramiento.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, expresó que la cobertura universal en salud es todo un reto para el país, que pasó de un 3% en 1943, a un 95% en la actualidad.
Según la Caja, un 44% de los trabajadores que integran parte de la población económicamente activa (PEA) no cotizan para la institución.
La CCSS estudia crear modelos para otros grupos de trabajadores, entre ellos los recolectores de café, que se caracterizan por una gran movilidad laboral.
