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La Comisión legislativa de Niñez y Adolescencia dio ayer luz verde a un proyecto de ley que prohibiría a las personas homosexuales adoptar menores de edad.
Con la iniciativa se pretende incluir un inciso adicional al artículo 107 del Código de Familia, el cual regula los impedimentos para dar niños en adopción.
Este nuevo inciso prohibiría “aquellas adopciones hechas a título individual o por una pareja, en la que uno o ambos adoptantes hayan manifestado una orientación sexual hacia personas del mismo género”.
La propuesta fue dictaminada por los cinco diputados que acudieron a la comisión.
Se trata de Mario Núñez (Movimiento Libertario), José Manuel Echandi (Unión Nacional), Bienvenido Venegas (Unidad Social Cristiana), Olivier Pérez (Liberación Nacional) y Guyón Massey (Restauración Nacional).
Estuvieron ausentes Andrea Morales, de Acción Ciudadana, y Óscar López, del Partido Accesibilidad sin Exclusión.
Ahora lo que sigue es que los diputados de la Comisión redacten su dictamen y remitan el proyecto al plenario del Congreso.
Argumentos. Mediante un comunicado, el diputado Mario Núñez manifestó: “La adopción es un derecho de los niños adoptables, no de los adultos; por lo tanto, el Estado debe asegurarse que los menores en esta condición sean entregados a familias cuya base esencial sea el matrimonio heterosexual monogámico”.
Agregó que así lo establecen la Constitución Política, el Código de Familia y los principios cristianos.
Mario Víquez, presidente ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), estimó ayer que la reforma chocaría con la dificultad de determinar la preferencia sexual de una persona.
Además, consideró que las actividades sexuales de una persona no influyen en su capacidad de ser buen padre o madre. “Una persona podría ejercer la prostitución y ser una excelente madre”, agregó Víquez a modo de ejemplo.
Por su parte, Abelardo Araya, del Movimiento Diversidad, dijo que si el proyecto es aprobado en el plenario acudirán a todas las vías legales dentro y fuera de Costa Rica para que sea declarado inconstitucional.
“Es un retroceso a los derechos humanos en el país”, sostuvo.
