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Seis autobuseros pidieron a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) valorar un castigo para el intendente de Transportes de esa dependencia, Enrique Muñoz, por contratar un estudio de verificación de las cantidades de pasajeros y carreras reportadas por esos empresarios.
El intendente ordenó el análisis para obtener datos independientes sobre la operación de los servicios con el fin de utilizarlos como parte de los análisis para fijar tarifas en esas rutas.
Aresep contrató el estudio a la Universidad de Costa Rica mediante el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (Produs) de la Escuela de Ingeniería Civil.
El resultado del análisis, motivó que Muñoz ordenara una revisión tarifaria aún en trámite en seis de ocho rutas al sospechar alteraciones en las cifras debido a inconsistencias detectadas.
Las rutas que se analizaron fueron las Alajuelita, Hatillos, Moravia y San José-Heredia.
Produs halló diferencias de hasta 28% entre la cantidad de pasajeros promedio que cada empresa reportó en el 2014 y los datos del estudio hecho en el 2015.
La cifra de pasajeros es clave para la Aresep en el cálculo del pasaje: a mayor cantidad de pasajeros, menor tarifa y viceversa.
Del igual modo, según la Aresep, si una empresa reporta más carreras de las que hace, la compañía puede solicitar una tarifa mayor para cubrir los supuestos costos operativos más altos.
Produs también detectó inconsistencias en la cantidad de carreras que los empresarios reportan, las que tienen autorizadas y las que sí se efectúan.
Los empresarios elevaron su protesta el 2 de julio mediante una denuncia dirigida al regulador general, Roberto Jiménez, pidiendo sanción para Muñoz y también descartar el estudio.
Según los autobuseros, el trabajo es “defectuoso” y “contrario a las reglas de la ciencia y de la técnica”, indica el documento.
Se consultó a Jiménez, pero evitó referirse porque el caso se halla en revisión en el área legal.
El escrito añade que “las actuaciones del señor Muñoz Aguilar podrían haberle generado responsabilidad ante la propia Aresep por el precio pagado en la contratación y, eventualmente, responsabilidad disciplinaria de dicho servidor público, lo cual solicitamos por este medio se investigue debidamente”.
Objeción. Los empresarios también afirman por escrito que el procedimiento de contratación de Produs “viene defectuoso desde su etapa inicial y ese vicio se transmite a su ejecución de forma exponencial”.
Para los firmantes, el trabajo incumplió el fin público que perseguía (aportar datos para fijar tarifas) debido a una contratación carente de los requisitos necesarios.
“Como consecuencia, un uso ineficaz de los fondos públicos destinados”, agrega el grupo.
Los empresarios denunciantes integran la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), la cual se opone a una nueva metodología de cálculo tarifario que la Aresep aprobó en marzo.
La Autoridad ya estrenó ese modelo de cálculo que arrojó un propuesta para rebajar un 23% (¢80) los pasajes de la ruta 50 entre San José y los cantones Montes de Oca, Curridabat y La Unión.
La ruta 50 con está a cargo de la empresa Autotransportes Cesmag S.A. cuyo propietario es Orlando Ramírez Biolley y vicepresidente de Canatrans.
A días de que Aresep resuelva el ajuste (el 19 de octubre) un grupo de 16 diputados escribió el 26 de setiembre al regulador pidiendo aclarar si esa rebaja afectará la calidad del servicio. Para ello, le solicitan presentar ocho documentos aclaratorios antes de que resuelva la rebaja.
Los firmantes:
- José Enrque Mora Madrigal, presidente de Microbuses Rápidos Heredianos S.A.
- Álex Álvarez Abrahams, presidente de Autotransportes Moravia S.A.
- Víctor Hugo Víquez Ulate, presidente de Transportes Unidos La Cuatrocientos S.A.
- Alexánder Vega Pereira, presidente de Metrocoop R.L.
- Maritza Hernández Castañeda, presidenta Transportes Doscientos Cinco S.A.
- Cristina Navas Hernández, presidenta de Transmasoma S.A.
