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Veintisiete cantones, el 33% del total, tienen paralizado el desarrollo de obras constructivas por tiempo indefinido, a raíz del faltante hídrico que sufre el país.
Ya sea por la escasez de agua o la imposibilidad de obtener el aval del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), los 27 municipios frenaron los permisos de construcción.
Del total, siete son cantones de de San José: Alajuelita, Mora, Puriscal, Desamparados, Acosta, Aserrí y Vázquez de Coronado. Cinco pertenecen a Heredia, cuatro a Cartago, otros cuatro a Alajuela, tres se ubican en Puntarenas, dos en Limón y otros dos en Guanacaste.
¿Cuánto perdurarán estas medidas municipales? Eso dependerá del tiempo que tarde en solventarse el problema de los acueductos y la potabilidad del líquido en cada región afectada.
Sin agua no llegan desarrolladores ni tampoco se otorgan facilidades como bonos de vivienda. Tal es el caso de Buenos Aires de Puntarenas, donde ninguno de los 17.000 pobladores podría acceder a la asistencia estatal para tener casa hasta que se solvente la crisis de acueducto.
A estos problemas se suma que a partir de este mes acecha el fenómeno climatológico El Niño.
De acuerdo con los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional, ello ocasionará un déficit de lluvias aún mayor durante el próximo trimestre. El Niño se mantendría, al menos, hasta marzo del 2015.
Crisis. En la mayoría de casos, la carta de disponibilidad del AyA es requisito para avalar obras. Hoy, en el Valle Central están restringidas las zonas altas de Escazú, Alajuelita, Santa Ana, Curridabat, Goicoechea, San Jerónimo de Moravia y Montes de Oca.
“Donde vemos que el sistema no tiene capacidad para aguantar, no damos el aval, y sin conexión de agua el desarrollador se retira. El problema es que en donde hay sistemas municipales no podemos dar permisos, aunque sí haya agua suficiente”, dijo Isidro Solís, de la Dirección de Optimización del Acueducto Metropolitano, del AyA.
El impedimento en algunos cantones no es solo la escasez, sino también de potabilidad del agua.
En Bagaces de Guanacaste, por ejemplo, no se otorgarán visados hasta librarse del arsénico que contamina las fuentes del territorio.
Acueductos tiene a su cargo proveer agua a la mitad de la población nacional. Sin embargo, no cuenta con un plan maestro para abastecer los sectores que le corresponden. En los últimos siete años, el AyA desechó planes de abastecimiento a futuro y la falta del líquido ya impactó a 200.000 personas.
Karen Porras, directora de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) explicó que, contrario al AyA, un gran porcentaje de alcaldías formuló planes maestros para definir alternativas de infraestructura, cinco años atrás.
Empero, recalcó, la mayoría carece hoy de dinero suficiente para iniciar las obras que se planearon.
El detonante de escasez del agua varía según municipio. De 81 alcaldías, el 35% (29) cuenta con un sistema de acueducto propio y por ello no depende del servicio del AyA.
En otros casos, son manejados por las Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (Asadas), la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
¿Quién controla? Porras alegó que los problemas no son únicamente producto de una pobre planificación municipal, sino de la falta de apoyo de Acueductos.
“El AyA se supone que es la institución competente, la que obtiene más recursos del Gobierno y la que podría canalizarlos mejor. El tema es que no lo hace.
”Las municipalidades son las que conocen el cantón mientras que el AyA solo abastece. Por eso, quien debe planificarlo todo es el municipio mismo”, dijo Porras.
La jerarca insistió en que el principal caos actual es la sequía de las fuentes de agua, mientras que Guillermo Carazo, presidente de la Cámara de la Construcción, aseguró que abunda el líquido, pero su administración fragmentada es “un desastre”.
Contrario a Porras, Carazo planteó que el manejo de los sistemas hídricos debe dejar de ser responsabilidad de los municipios, para pasar a manos únicamente de dos o tres entidades técnicas especializadas, en todo el país.
“La crisis es recurrente. Si hay una tierra que no puede satisfacer su demanda de agua, no tiene valor económico. El Estado trabaja por atraer inversiones y cuando lo logra, dice a los desarrolladores que no hay agua en los terrenos que les ofreció ”, criticó Carazo.
En la Cámara no llevan registro de las pérdidas que ha generado la paralización de avales constructivos, ni consta la disminución de trámites en el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos.
