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El Gobierno impulsa un decreto ejecutivo que prohíbe durante tres años la perforación de pozos para la extracción de agua en Guanacaste.
La iniciativa busca dar tiempo a que los acuíferos de la Región Chorotega se recuperen de tres años de sequía, sobre todo los ubicados en zonas costeras: Playas del Coco, playa Panamá, Brasilito, Huacas y Sámara.
Además, la directriz busca evitar la intrusión de agua salada del Pacífico en los acuíferos.
Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la escasez de lluvias en Guanacaste es la más fuerte de los últimos 78 años. Por ejemplo, en Liberia, según el IMN, llovió apenas 1,3 litros por metro cuadrado en 2015; es decir, 6,2 litros menos que en 1967, año que registró la mayor sequía en esa ciudad en el siglo anterior.
Édgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía, ya firmó el decreto y está pendiente la aprobación y firma del presidente Luis Guillermo Solís.
“Creemos de que en tres años la situación de sequía en Guanacaste se pueda recuperar (...). En Guanacaste se han estado cavando pozos de forma ilegal y eso hay que controlarlo porque estamos poniendo en riesgo los mantos acuíferos”, manifestó Gutiérrez.
La Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) estima que en la provincia hay cerca de 3.000 pozos autorizados. Se ignora de los ilegales.
La propuesta también ordena coordinar con la Policía de Tránsito para detener y sancionar vehículos que transporten agua de manera ilegal y maquinaria de perforación.
Gutiérrez explicó que solo se permitiría la excavación de fosos que el Estado califique estratégicos, los cuales serían cavados por instituciones públicas y administrados por ellas. Sin embargo, evitó dar detalles sobre esta propuesta pues está en estudio.
La Nación también consultó la opinión de Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, pero prefirió no referirse al tema.
Oposición. La idea del Poder Ejecutivo enfrenta oposición.
Hoteleros, agricultores y el Colegio de Geólogos de Costa Rica cuestionan la moratoria porque traerá parálisis económica.
“Consideramos que es una propuesta precipitada e irresponsable que podría traer desastrosas consecuencias a agricultores y empresas que dependen del agua para sus actividades”, expresó José Luis Angulo, presidente de la Cámara de Caña de Guanacaste, con 1.651 afiliados.
La organización reclamó que desde noviembre han buscado conocer el texto del decreto, pero les ha sido negado.
Jorge Chávez, presidente del Colegio de Geólogos de Costa Rica, también cuestionó la poca transparencia del Gobierno.
“Algo que nos molesta es que no se ha consultado bien a los sectores, no conocemos el borrador, cuando lo conocimos es porque prácticamente nos lo robamos”.
El Colegio de Geólogos envió, en febrero, una nota al Minae en la que expone 10 razones por las cuales se opone al proyecto.
Argumentan que la restricción debería implementarse solo en costas y no en toda la provincia. “El Colegio se opone al borrador de decreto por considerar que carece de fundamentos técnicos y científicos, y que además atenta contra el desarrollo integral de la provincia de Guanacaste y distritos en la península de Nicoya”.
La Cámara de Turismo de Guanacaste (Caturgua) dijo que la norma afectará negativamente el turismo y la inversión.
