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Un peón de construcción del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cobró ¢1,4 millones de salario en mayo, mientras que un misceláneo se ganó ¢1,3 millones en esos 31 días.
Estos son los salarios más altos en esas categorías; entre las 22.353 personas que trabajan en esa entidad. También hay albañiles que cobraron ¢1,6 millones y cocineros que recibieron ¢1,4 millones de las arcas estatales.
Mientras en el Instituto se cobran esos salarios millonarios, en el sector privado –que no reconoce pluses salariales– le pagan a un peón ¢343.000 y a un misceláneo, ¢300.000 (pagos cuatro veces menores que los más altos del ICE). Los albañiles se ganan ¢353.000 al mes y los cocineros devengan ¢342.000; casi cinco veces menos que sus homólogos mejor pagados en esa empresa estatal.
El salario promedio de los 1.533 peones que reportó el ICE es de ¢585.000, mientras que el de los 423 misceláneos es de ¢505.000.
Los datos se desprenden de la planilla que registró el Instituto ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en mayo de este año. Estos los facilitó a los medios el diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario (ML), con nombre y número de cédula cada uno de los trabajadores.
Según el legislador, lo que pretende al hacer públicos esos pagos es demostrar que el sector público está repleto de excesos, abusos y desproporciones. Agregó que quiere que los costarricenses hagan conciencia y exijan menos despilfarros estatales.
La comparación entre realidades públicas y privadas la hizo este medio a partir de los salarios totales, incluyendo la porción variable, como las horas extra. En el caso de una empresa privada, los pagos de referencia son estimaciones de compañías que cumplen con las obligaciones de ley.
Para el diputado Guevara, algunas categorías de empleo en el ICE están desbordándose por la gran cantidad de empleados.
Por ejemplo, la CCSS registra en esa entidad 1.147 albañiles; 728 artesanos en madera; 400 choferes; 1.524 ingenieros civiles; 200 secretarias y 581 soldadores.
La Nación le solicitó una reacción a los jerarcas del ICE, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. Los sindicatos sostienen que los datos revelados por Guevara son falsos.
Más brechas. La media salarial para un bodeguero de una compañía privada es de ¢407.000, pero si trabajara en el ICE, él podría ganar hasta ¢1,2 millones gracias a pluses salariales como anualidades y dedicación exclusiva.
De acuerdo con el decreto del Ministerio de Trabajo, un empleado de bodega debe ganar, como mínimo, ¢286.000 mensuales.
La realidad para los cajeros es similar: en el Instituto pueden recibir hasta ¢1,5 millones, pero solo podrían aspirar a ¢360.000, en promedio, en una firma no estatal. Para ellos, el salario mínimo decretado no supera los ¢323.000.
La empresa de electricidad y telecomunicaciones solo reporta cinco periodistas, cuyo salario es de unos ¢2,3 millones. En un medio de comunicación privado, serían remunerados con poco más del mínimo legal: unos ¢820.000.
En el ICE, las 200 secretarias ganan, en promedio, ¢691.000 y la de mejor salario gana ¢1,7 millones. Para esta categoría laboral, el salario mínimo es de ¢323.000.
En la planilla del Instituto también figuran un alfarero, dos arreglistas florales, siete artesanos en cuero, un grabador en vidrio, tres técnicos en dibujo artístico, un autor literario, un árbitro y cinco conservadores de museos.
Ayer, este medio publicó un funcionario del ICE, quien ejerce un cargo de alto rango, presentó un recurso de amparo ante la Sala IV con el alegato de que en el Instituto no se le asignan funciones, lo cual le provoca ansiedad y depresión.
Según el reclamo, el subjefe de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos suma casi un año ocioso; sin desempeñar tareas inherentes al puesto que ostenta y, además, sin contar con el espacio físico acondicionado, en caso de que tuviese que realizarlas algún día. El funcionario, de 59 años de edad y 37 de laborar para el ICE, indicó que sus alternativas han sido recurrir a ofrecerle su colaboración a otros empleados, o bien, “quedarse sin hacer nada durante todo el día”.
Intentos por cambiar. En diciembre pasado, la fracción del Movimiento Libertario (ML) presentó el proyecto Ley de Empleo Público (19.431), que pretende reformar los salarios estatales.
Según Guevara, jefe de la bancada, la idea es que se aplique el salario único por categoría para todos los empleados públicos nuevos. Es decir, que en cada puesto de trabajo, sin importar la entidad, se gane lo mismo.
“Para los nuevos empleados debemos pasar de un sistema basado en pluses, a uno de pago único. A los actuales se les podría anular la dedicación exclusiva y las anualidades, siempre que eso no esté incorporado en la convención colectiva”, dijo Guevara.
Sandra Piszk, diputada de Liberación Nacional y exministra de Trabajo, presentó una iniciativa a inicios de este año para que los pluses lleguen a ser de la misma magnitud en todo el sector público, pero que la decisión de fijarlos, o no, dependa de parámetros de medición de eficiencia. Ella rechaza el salario único debido a que impediría esa medición.
La iniciativa Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público (19.506) está en trámite en la Comisión de Asuntos Sociales.
“El desorden de pluses hace que haya instituciones en donde existen salarios mucho más altos que en otras; la diferencia se torna más evidente al comparar Gobierno Central con instituciones descentralizadas”, dijo Piszk.
Ella y Guevara creen que no es posible atentar contra derechos adquiridos, pero sí contra las expectativas de derecho (anualidades). Para ellos, los pluses deben valorarse cada año según rendimiento y no por costumbre.
“Estamos hablando con el ministro de Hacienda, Helio Fallas, para que reduzca la partida de anualidades; con menos dinero, los jerarcas deberán decidir a quiénes les dan ese incentivo, y deben merecérselo”, dijo Guevara.
