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La empresa china CNPC advirtió de la posibilidad de reclamar daños y perjuicios por la decisión de Recope de disolver la empresa que conformaron para construir una nueva refinería en Moín, Limón.
Este anuncio lo hizo durante la asamblea de socios que se realizó el 11 de enero en Pekín, capital china, a la cual representantes de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) acudieron para negociar la disolución de la empresa conjunta Soresco.
La reunión; sin embargo, no generó ningún acuerdo, informó Sara Salazar, presidenta ejecutiva de la Refinadora, la tarde de este miércoles.
Entre las propuestas planteadas, CNPC (Corporación Petrolera Nacional de China) propuso una reducción de capital de trabajo de $20 millones a ser repartido por igual entre las partes, dejando suficientes fondos para que Soresco continuara operando por un aproximado de siete años; Recope rechazó el planteamiento al considerar que lo procedente es disolver y liquidar de inmediato la empresa conjunta.
La CNPC, según explicaciones dadas hoy por voceros de Recope, la empresa china reclama el supuesto incumplimiento de la Ley de Traducciones Oficiales de Costa Rica por considerar que la traducción libre hecha por Recope en 2009 es contraria a derecho.
También alega que merece un resarcimiento por el retiro por parte de Recope de la demanda contra la Contraloría General de la República en el 2015, sin consultar de previo a CNPC o a Soresco. Finalmente, por la decisión de
Recope de iniciar el proceso de disolución y liquidación de Soresco en 2016.
Al respecto, Salazar señaló que en la Asamblea, la posición de Recope fue que en todo momento ha actuado en el marco de las competencias que el ordenamiento jurídico costarricense le asigna, por lo tanto, no existe ninguna obligación de reconocer indemnizaciones por daños a CNPC.
La decisión de desistir de la construcción de la refinería se tomó desde abril del 2015, cuando la Junta Directiva de Recope decidió separarse de la Sociedad Reconstructora Chino–Costarricense (Soresco).
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Aquella firma fue creada en el 2009 con un fondo de $100 millones aportados, mitad y mitad, por Recope y la estatal CNPC. El objetivo era contratar las obras de construcción y luego arrendar la refinería a Recope durante 15 años.
El plan topó con pared en 2013, cuando la Contraloría General de la República (CGR) advirtió del conflicto de interés con el estudio de factibilidad, pues lo hizo una subsidiaria del socio chino.
Voceros de Recope aseguraron que hicieron varias propuestas en su intento por sacar adelante el proyecto, entre esas, hacer un nuevo estudio de factibilidad y también la venta de acciones, sin que se concretara un acuerdo con el socio chino.
"Por ahora, no tenemos previstas nuevas reuniones con la contraparte. Estamos analizando opciones legales y me permito recordar que Recope siempre expuso la posibilidad de hacer un nuevo estudio de viabilidad y que lo hiciera Soresco, o bien que Recope lo hiciera, pero para ello había que modificar el acuerdo de empresa conjunta. Tampoco eso se aceptó por parte de CNPC", expresó Salazar.
A la fecha, de los $100 millones del fondo conjunto se gastaron $67 millones, informó Salazar. Por mes, en promedio, durante el 2016 se usaron $150.000 en el mantenimiento de la firma, compuesta todavía por tres costarricenses y cinco ciudadanos chinos, cuyas funciones Recope desconoce.
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Sara Salazar reconoció que no han entrado a valorar si ellos también reclamarían alguna indemnización a sus socios chinos.
