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A partir de ahora, las municipalidades del país podrán eliminar su la basura mediante incineración y generar electricidad.
El ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez, finalmente firmó el reglamento que regula la llamada coincineración, el cual había sido elaborado por un consejo técnico y aprobado por el Ministerio de Salud. Con la aprobación del Minae, se levantó automáticamente la moratoria para la quema de desechos, que rige desde junio del 2014.
El Gobierno estableció esa prohibición con el argumento de que no existía un reglamento que midiera las emisiones de gases, producto de la técnica; tampoco había cómo medir las eventuales afectaciones a la salud y al medio ambiente. De acuerdo con el ministro Gutiérrez, el impedimiento regiría solo mientras no existiera el reglamento que normara la actividad.
Pese a que esas normativa había quedado lista desde el año pasado, fue sometida a varias modificaciones y hasta ahora obtuvo el visto bueno de Ambiente.
"Estamos satisfechos, pues este es un reglamento que se ajusta a los más altos estándares de funcionamiento; fue consultado con distintos actores y establece las reglas del juego, claras y transparentes. Lo importante es que se ajusta a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (8.839); una ley de avanzada que obliga al reciclaje, la reducción y la reutilización. Solo podrán ser coincinerados aquellos residuos que no pueden reciclarse", dijo el ministro Gutiérrez.
El jerarca dejó claro que es responsabilidad de los alcaldes firmar contratos que no vayan a perjudicar a los ciudadanos (con deudas innecesarias, por ejemplo) y que es deber de los pobladores seguir de cerca a los municipios y estar atentos a los proyectos de coincineración que pretendan desarrollar.
La imposibilidad de deshacerse de sus desechos y, a la vez, generar electricidad, generó múltiples reclamos por parte de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Federación Metropolitana de Municipalidades (Femetrom).
Leonardo Quesada, alcalde de León Cortés, explicó que desde junio del año pasado, cuando se emitió la moratoria, el ayuntamiento ya tenía el aval para contratar a la firma Agropecuaria 7048 y construir una planta gasificadora para convertir 45 toneladas en un megavatio. Ese proceso quedó en suspenso.
"Esto nos ha afectado muchísimo. Tenemos deudas enormes con la empresa recolectora de desechos, pues no tenemos relleno propio y debemos llevar nuestros residuos hasta Paraíso de Cartago. La gasificación sería la mejor solución a nuestro problema", dijo Quesada.
Gilberto Monge, vicepresidente de ANAI y alcalde del cantón de Mora, opinó esta mañana que el Gobierno no tiene más justificaciones para impedir la técnica, pero que el retraso en su decisión afecta a todos los ciudadanos, sobre todo porque muchos de los vertederos y rellenos sanitarios del país están a punto de colapsar.
