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En Aguacaliente de Cartago, una jefa de hogar de 48 años prefirió rechazar un subsidio económico del Estado para no tener que asumir el compromiso de regresar de estudiar.
La mujer no ha concluido el sexto grado y tampoco sabe leer ni escribir. Su familia era una de las elegidas por el Gobierno para su programa estrella de combate a la pobreza extrema.
Pero, según Laura Calvo, cogestora a cargo de coordinar el beneficio en esa comunidad, la señora renunció al cupo que se le ofreció porque no quería regresar al salón de clases.
A ella solo le interesaba un curso de manualidades. Además, sus dos hijos acababan de dejar el colegio. “¿Cómo voy a establecer un compromiso mútuo si hay resistencia?”, cuestionó Calvo.
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Otras 253 familias también han desistido de recibir un empujón desde que la administración Solís arrancó, hace once meses, el programa denominado Puente al Desarrollo.
Ellas representan solo el 1% de los 27.388 hogares que han sido elegidas para algún tipo de ayuda social, a cambio de un compromiso para seguir estudios o prepararse para un oficio.
Las causas de retiro no siempre son las mismos. En ese sentido, Calvo comentó que los motivos van desde el simple desinterés de la persona, hasta la vergüenza o la poca confianza en sus capacidades académicas.
Agradecidos. Aunque algunas familias han desertado, los responsables de Puente al Desarrollo dicen haber encontrado una respuesta positiva durante el proceso de búsqueda de beneficiarios.
“La mayoría de familias agradece mucho. Nosotros lo que buscamos son transformaciones profundas en ellas”, manifestó Carlos Alvarado, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
El IMAS es, precisamente, una de las instituciones del sector social del Estado involucradas en este programa que pretende sacar de la pobreza extrema a 54.600 familias antes de que termine el presente gobierno.
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Los beneficiarios reciben un subsidio de ¢75.000 al mes, a cambio de que asuman el compromiso de capacitarse para que luego puedan encontrar empleo y ya no necesiten de esa ayuda.
De hecho, a ellos se les da acceso preferente a cursos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu); a bonos de vivienda y a los beneficios del Fondo Nacional de Becas (Fonabe).
Así, por ejemplo, se incluye a los niños en la Red de Cuido para que puedan ir a una guardería mientras sus padres salen a trabajar o estudiar, lo que a mediano y largo plazo les permite mejorar su calidad de vida.
El IMAS desplegó 160 cogestores en todo el país para velar que las familias cumplan sus compromisos. Cada uno atiende a 172 familias de un mismo distrito.
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Para el jerarca del Instituto, la gran cantidad de hogares asignados no impide a esos funcionarios dar un seguimiento cercano.
“ Son como héroes, porque en nombre de todo el país están llevando la red de protección social a los más necesitados. Siento un gran respeto lo que hacen”, dijo.
Alvarado agregó que para supervisar la correcta inversión de los recursos, este año se contratará una auditoría externa.
