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El Gobierno pretende recortar ¢8.320 millones de la convención colectiva de trabajadores de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
La recomendación está contenida en un informe emitido por la Comisión de Negociaciones de Convenciones Colectivas del Sector Público.
Este foro revisa desde el año anterior las convenciones colectivas del sector público conforme se cumple su fecha de vencimiento, con el objetivo de identificar abusos.
La Comisión pidió eliminar 19 artículos que considera “abusivos” en el instrumento laboral de Recope.
Se destaca un salario adicional de aguinaldo en el mes de diciembre, la injerencia del sindicato en la contratación de personal, un subsidio de alimentación en la soda de la empresa y el pago de ayudas económicas para la atención de los hijos de los empleados en guarderías.
Según el artículo 110 bis de la convención, Recope debe entregar entre ¢43.000 y ¢70.000 por mes a los funcionarios que ganen menos de ¢650.000 mensuales para el pago del cuido de sus hijos. Este monto, según el contrato colectivo, debe ajustarse cada año de acuerdo con la inflación.
Actualmente, la Refinadora debe destinar en su presupuesto anual ¢5 millones para la compra de útiles escolares para hijos de trabajadores y ¢6,2 millones para actividades sociales y sindicales.
Además, paga ¢28.000 a sus colaboradores cuando nace un hijo, ¢39.000 cuando contrae matrimonio y ¢253.000 a la familia de un agremiado que fallece. Esta última cifra es por concepto de “ayuda para el sepelio”.
El foro negociador también propone reducciones en otros 75 artículos de la convención.
“Acá, como en otras instituciones, el objetivo es que las convenciones sean un derecho, pero no un abuso (...). Algunas convenciones lo que han generado son funcionarios de primera, de segunda y de tercera categorías en la función pública”, dijo Hárold Villegas, viceministro de Trabajo y presidente de la Comisión.
En el 2013, los privilegios de los 1.800 funcionarios de Recope le costaron al país ¢25.700 millones. Bajo el nuevo esquema, el monto sería de ¢17.400 millones.
La Nación trató de conocer la posición de Sara Salazar, presidente ejecutiva de Recope, pero se informó de que estaba en sesión de Junta Directiva.
Por medio de un correo electrónico, la entidad manifestó que recibieron el informe y que será estudiado en los próximos días.
En las próximas semanas, Recope deberá tomar las recomendaciones del Gobierno y convocar al Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapequia) para negociar la nueva convención.
Defensa de beneficios. Manuel Rodríguez, secretario general de Sitrapequia, alegó desconocer el informe de la Comisión.
“No me puedo referir porque aún no hemos sido notificado; necesito ver el documento para luego dar algún criterio”, comentó el líder sindical.
“Estamos dispuestos a negociar, pero quiero ver la propuesta que traen”, añadió Rodríguez.
Sitrapequia denunció, meses atrás, la convención con el fin de aumentar muchos de los subsidios existentes.
Según Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), los recortes que pretende el Poder Ejecutivo en las convenciones son una persecución contra los sindicatos.
