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San José
Franklin Corella, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), propone cobrar un 5% a los servicios de transporte que ofrecen empresas como Uber para crear un fondo nacional de movilidad colaborativa que permita financiar iniciativas de transporte público.
La propuesta forma parte del proyecto de ley de movilidad colaborativa que presentará el legislador oficialista la mañana de este jueves en un foro que se realizará en la Asamblea Legislativa.
Corella explicó que el proyecto de ley pretende regular empresas como Uber que ofrecen servicios de movilidad colaborativa.
"Es necesario crear una regulación que garantice seguridad para la empresa, para sus choferes socios y para sus usarios", dijo Corella.
En la propuesta se crearían dos modalidades: la movilidad colaborativa abierta y la movilidad colaborativa cerrada.
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Dentro de la movilidad colaborativa abierta, existen a la vez, dos modalidades: la remunerada —que son empresas como Uber— y la no remunerada.
¿Cómo se regularán los servicios? Las empresas interesadas en brindar una plataforma o red en la que se enlace a choferes con usuarios tendrán que inscribirse en una oficina nacional de movilidad colaborativa que será adscrita al Ministero de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
El segundo paso es registrar a sus conductores o socios en un registro nacional que será controlado por la oficina de movilidad colaborativa.
"Las empresas tendrán que llevar registros actualizados de sus conductores con sus datos personales, su hoja de delincuencia y sus antecedentes laborales", precisó Corella.
Luego de inscribirse en la oficina de movilidad colaborativa y de registrar a sus conductores, las empresas podrán operar.
La propuesta de ley propone cobrar el 5% de cada servicio de transporte que ofrecen empresas como Uber, para crear un fondo nacional de movilidad colaborativa.
El 20% de ese fondo nacional servirá para financiar la modernización del transporte público y el restante 80% se destinará para dotar de recursos a proyectos concursados de transporte.
"Los taxistas, los autobuseros, el Incofer y empresas privadas podrán presentar sus propuestas de movilidad colaborativa o de transporte amigable con el ambiente a una comisión de expertos para que ellos definan cuál proyecto será financiado con el 80% de los recursos del fondo", precisó Corella.
La comisión que eligirá los proyectos estará conformada por especialistas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y de otras entidades especializadas en temas de transportes e infraestructura.
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Otra de las propuestas que incluye el proyecto de ley es obligar a las empresas como Uber a firmar contratos formales con sus conductores socios para establecer una serie de responsabilidades laborales.
Requisitos para choferes. De aprobarse la ley, quienes deseen ser conductores socios de empresas de movilidad colaborativa tendrán que cumplir con algunos requisitos y reglamentos para ofrecer sus servicios.
El texto propuesto por Corella establece que los conductores tendrán que contar con vehículos cuya antigüedad no supere los diez años. También tendrán que contar con pólizas de seguros que cubran al pasajero, al conductor y al vehículo.
La idea de Corella es regular un modelo de economía colaborativa que cada día crece más en el mundo.
"No se puede bloquear o cerrar un modelo como la movilidad colaborativa, porque es un fenómeno que cada día cobra más fuerza en el mundo y porque es algo que se debe regular para el beneficio de todas las partes", comentó Corella.
Para el legislador es importante abrir un diálogo nacional con los sectores involucrados para mejorar el proyecto de ley y lograr un texto de consenso entre las partes.
El proyecto de ley que presentarán Corella la mañana de este jueves atizó los ánimos de los taxistas quienes tomarán las calles con manifestaciones en el parque Central de San José y en las principales rutas del país.
Corella invita a los taxistas, autobuseros y a las empresas privadas que ofrecen servicios de movilidad colaborativa para que se sienten y trabajen un texto que permita regular satisfactoriamente este tipo de servicios.
Uber opera en Costa Rica desde el 21 de agosto del 2015 sin ninguna regulación y sin ningún permiso del Gobierno. Incluso el Consejo de Transporte Público (CTP) calificó el servicio de transporte como ilegal.
La relación entre Uber y sus choferes socios no implica ningún contrato formal. La empresa que provee la plataforma de conexión entre usuarios y conductores cobra el 25% de cada servicio y ofrece convenios con aseguradoras para que sus socios obtengan pólizas a precios más bajos.
