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Sebastián Urbina no pidió ser personaje del año. Tampoco ser viceministro de Transportes. Lo que sí buscó fue cambiar el modelo de transporte público actual. Víctima de un idealismo ejecutivo, intentó, con más ganas que apoyo, empujar una serie de reformas para eliminar el dinero en el pago de autobuses, disminuir la cantidad de buses por ruta, crear carriles exclusivos para evitar presas, ordenar el sistema y promover una mejor calidad de vida.
No contaba este ingeniero de 33 años y padre de un hijo con que su autobús del futuro chocaría de frente con el muro de burocracia e intereses que mantienen aceitada y trabajando a una experta maquinaria para frenar el progreso.
La noche del jueves 15 de mayo del 2014, Sebastián Urbina Cañas estaba en su casa, con visitas, cuando le llamó su padre, Alejandro Urbina, para contarle que el recién estrenado ministro de Transportes, Carlos Segnini, estaba tratando de localizarlo. Apenas había pasado una semana desde la toma de posesión del nuevo gobierno, y ya se había hecho pública la renuncia de la viceministra de esa cartera, Ana Luisa Elizondo.
“Yo tenía como una semana de haber regresado de Estados Unidos. Yo trabajaba para una empresa constructora con sede en Atlanta, y estaba allá con un proyecto”, recordó Urbina en conversación con La Nación. En ese momento, gozaba de una sólida posición en una firma estadounidense, y de la nada, se veía impulsado a entrar al primer gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC), la agrupación de la cual su abuelo, el ya desaparecido político y escritor Alberto Cañas, había sido presidente.
Urbina no tenía mucho margen para reaccionar. El presidente Luis Guillermo Solís urgía completar el gabinete, no era algo elegante llegar al primer mes con un hueco en su equipo, el mismo al que había presentado como “el más capaz”.
Esa misma noche Urbina conversó con el ministro Segnini, y se dejó llevar por la posibilidad de entrar a la vida pública y aportar desde su especialidad. Al fin de cuentas, en su familia la función pública no era algo ajeno, recordó algo sorprendido por la entrevista y en pleno plan de reconstrucción de su actualidad profesional.
Dijo sí. Y con ese sí, el máster en Ingeniería Industrial por el Georgia Institute of Technology (GIT), y máster en Economía de McGill University, le daba rienda a una serie de proyectos que, de haberse concretado, podrían haberle cambiado la cara a un servicio de transporte público que sigue ahogándose en filas de buses, en paradas callejeras, en modelos de bus que tosen y en sistemas de cobro arcaicos que obligan a los pasajeros a cargar monedas y billetes.
Urbina imaginó, presentó y promovió proyectos para movilidad urbana, se rodeó con expertos del Instituto Tecnológico, abrió espacios de diálogo y creyó en el empuje que le darían desde el Poder Ejecutivo. Lejos estuvo de imaginar que las tablas bajo sus pies estaban flojas, que la arquitectura de la cosa pública está tapizada con dobles juegos y pecó de eso que llaman buena voluntad.
Sin saberlo, empezó a despertar las defensas de grupos económicos que, incluso desde adentro del Consejo de Transporte Público (CTP), consideran que un cambio significa una pérdida, y nunca previó que esa defensa se llevaría en banda sus proyectos.
Más temprano que tarde, los voceros de la Cámara Nacional de Transportistas (Canatrans) empezaron a hacer presión y a quejarse del viceministro. Sus proyectos de cobro electrónico y sectorización empezaron a entrabarse, a encontrar peros en la Municipalidad de Desamparados, en el mismo CTP y hasta en la Asamblea Legislativa. Su apoyo a lo interno de Casa Presidencial tampoco era fuerte. Pronto, este votante del PAC se dio cuenta de que no era parte de la estructura de confianza del presidente.
Tras año y medio de empujar sus proyectos, un grupo de empresarios de autobuses y taxistas pidieron audiencia con el presidente Solís. Era mayo del 2016, y la tensión subía de tono.
El mercado de entre 150.000 y 200.000 personas que viajan en 267 buses de Desamparados a San José, debía cuidarse. Con la sectorización, Urbina pretendía crear una terminal de trasbordo en Desamparados, lo que iba a reducir la cantidad de unidades necesarias.
La presión sobre el Ejecutivo se elevó hasta volverse incontenible.
“El presidente Luis Guillermo Solís cedió ante la presión de un grupo de buseros y sacó a Sebastián Urbina, viceministro de Transportes, de la dirección del plan de sectorización de autobuses y cobro electrónico en el transporte público. La decisión del mandatario se dio luego de una reunión con representantes de la Cámara Nacional de Transportistas (Canatrans). El encuentro ocurrió el martes 7 de junio”, informó un artículo del lunes 20 de junio del diario La Nación.
Ese mismo lunes por la mañana, sin hacerlo público, Urbina presentaba a Solís su carta de renuncia. Lo hizo en el propio despacho del presidente, en una conversación que se extendió por poco más de una hora. El mandatario logró persuadir a Urbina de que se quedara en su cargo. Con las encuestas cuesta arriba, su imagen golpeada por constantes críticas frente a la toma de decisiones y la falta de experiencia en proyectos, el presidente no se podía dar el lujo de perder a otro de sus viceministros.
Ya le habían renunciado nueve de ellos, además de ocho ministros (incluido el de Transportes) y cuatro presidentes ejecutivos.
Al día siguiente, martes 21 de junio, Urbina escribía en su Twitter el mensaje que serviría de justificación para quitarlo del puesto. Era un mensaje que a criterio del nuevo ministro de Transportes, Carlos Villalta, resultaba contradictorio con el mensaje del Gobierno.
“Las decisiones en transporte público hay que tomarlas anteponiendo los intereses de la ciudadanía sobre los de cualquier grupo económico”.
La frase no fue leída por el presidente hasta varias horas después. Para entonces, ya el propio mandatario había dicho a la prensa que, de acuerdo con lo conversado con Urbina, no tenía entre sus planes destituirlo. Sin embargo, al ser enterado de la frase, el mandatario decidió quitarlo. El presidente despedía a Urbina solo 66 horas después de convencerlo de que no se fuera.
“Sebastián (…) dio declaraciones y posteó frases (en Twitter) que revelaban una contradicción entre los propósitos del presidente y lo que él decía, entonces eso fue lo que motivó al presidente a destituirlo”, dijo el ministro Villalta.
Con su destitución, se allanó el camino para una negociación con menos tropiezos pero, a la vez, menos ambiciosa.
Para coronar la situación, el Poder Ejecutivo nombró como viceministra de Transportes, para ocuparse del tema de la sectorización, a Liza Castillo, una arquitecta directamente ligada con el sector transportista.
La nueva funcionaria, más acorde al sector autobusero, incluso acompañó y tomó notas para la Cámara Nacional de Transportistas, cuando voceros de ese gremio asistían a reuniones con Urbina cuando este era el rector del tema.
Ahora, cinco meses después de su salida del MOPT, Urbina se reconstruye como profesional. Asegura que no ha sido difícil, y que está dispuesto a servir de nuevo en la función pública, pero cuando “las condiciones sean las adecuadas”.
Mientras tanto, el desorden calculado en el tema de buses, sigue causando dolores de cabeza a los usuarios.
