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El plan que pretendía dar títulos de propiedad a las 4.700 familias que viven en La Carpio lleva siete años tropezando contra la burocracia.
Desde el 2007 –año en que dio inicio el proceso– , el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) solo ha entregado 33 escrituras del total.
Otras 48 están aprobadas, pero pendientes de inscribir en el Registro Nacional y 24 esperan el visto bueno del IMAS.
La idea era empezar por el barrio San Vicente, conformado por 108 familias y, a partir de allí, extenderse al resto del precario. Sin embargo, para el 2014 aún no se ha completado ni siquiera ese sector.
La lentitud del proceso provocó que la Fundación Promotora de la Vivienda (Fuprovi), encargada de elaborar los planos y asesorar a la comunidad, se retirara del asunto en marzo de este año.
En la carta de retiro, Fuprovi señala que las entidades públicas responsables de la labor “han hecho poco para avanzar, destacan por obstaculizar y hasta hacer retroceder lo que se ha progresado”.
Además, Fuprovi le prohíbe al IMAS seguir usando sus planos para completar la titulación, se lee.
Zulay Valverde, líder comunal también resiente el atraso.
“Sentimos que no hay comunicación entre las instituciones, se tiran la bola unos a otros y nosotros somos los perjudicados”, afirmó la dirigente.
Valverde, junto a otro grupo de mujeres, fue responsable de recoger datos solicitados por el IMAS, certificar que los beneficiarios tenían más de 10 años de vivir en el precario, organizar reuniones para informar a la gente y recaudar los fondos para pagar los planos.
Shirley Barrantes, vecina de La Carpio desde hace 20 años, lamentó la salida de Fuprovi, ya que ahora no hay nadie que se haga cargo de los planos para la segunda fase de titulación.
Esa etapa está prevista para el sector conocido como Pro Desarrollo; allí viven más de 200 familias.
Cada plano costaba ¢130.000.
El 32% de los hogares de La Carpio tiene a una mujer como jefa, según datos de Fuprovi.
Poco compromiso. Carlos Alvarado, ministro de Desarrollo Social, reconoció que la coordinación entre entidades ha sido complicada.
“Esto tiene que ver con la burocracia. Se requiere de un compromiso institucional y político para sacar esto adelante.
”Desde esta administración, está el compromiso y hay disposición del IMAS, de la comunidad y de la Municipalidad de San José”, recalcó Alvarado.
Ana Cristina Trejos, viceministra de Vivienda, consideró que otro de los factores que ha afectado la formalización de propietarios es el cumplimiento de los requisitos municipales.
“Hay algunos lotes que tienen impedimentos en cuanto a su tamaño, su frente , localización o diferentes temas técnicos que han imposibilitado que la Municipalidad dé los visados de los planos”, detalló Trejos.
En el ordenamiento de La Carpio también están involucrados el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA)y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
Importancia. La titulación permitiría a las familias solicitar bonos de vivienda, obtener créditos para mejorar sus casas o reactivar un bono comunal que lleva años a la espera de ser ejecutado.
Hasta ahora, solo tres familias de La Carpio han logrado un bono para reconstruir sus casas.
También daría a las entidades posibilidad de cobrar por servicios públicos y regular el comercio.
Según el censo del 2011, en La Carpio viven 19.000 personas. El 63% de la población tiene entre 16 y 64 años, el 35%, entre cero y 14 ,y el 2% tiene más de 65 años.
En promedio, cada familia está integrada por cuatro miembros y la media de hijos es de 2,5 por hogar.
