EscucharTrasladar a las familias del precario Triángulo de Solidaridad, en Goicoechea, para construir el tramo norte de la carretera de Circunvalación, será más caro de lo previsto.
Estimaciones del ministro de Vivienda, Rosendo Pujol, señalan que el Estado tendrá que invertir cerca de ¢7.000 millones en el proceso de reubicación. Esa cifra es 42% más alta de lo establecido al principio, cuando se calculaban ¢4.000 millones.
“Es mucho dinero. Ese es el tema (problema) de haber dejado invadir el lugar”, reflexionó el jerarca.
Parte de los terrenos de ese asentamiento se requieren para concretar los 5,4 km que tendrá la vía que unirá La Uruca con la intersección de Calle Blancos.
El apuro mayor es para liberar un sector de 40 metros de ancho, y de esos, a su vez, hay 20 metros prioritarios. De estos últimos, ya fue posible despejar la denominada franja roja donde la empresa constructora debe realizar tres perforaciones, la siguiente es la franja amarilla, donde se harían dos perforaciones más.
“Ya entregamos la franja roja, ya no estamos atrasando”, dijo Pujol en referencia a la tardanza de 18 meses; el traslado debía comenzar en diciembre de 2014.
Según Vivienda, falta todavía mover a 35 familias de esa franja amarilla, labor que habrían completado para finales de setiembre, si las constructoras tienen listas las casas.
Entre tanto, otras 83 familias que ocupan los 20 metros restantes deben ser reubicadas para finales de diciembre.
Los inquilinos del Triángulo de Solidaridad son reubicados en diferentes partes del país.
“La filosofía es no concentrar gente, todo es concertado. Tuvimos que hacer desarraigo (de la zona) porque no encontramos nada cerca”, explicó el jerarca.
Por estas condiciones es que a cada familias se le lleva previamente a conocer el lugar donde vivirá y luego se les ayuda con el traslado. Todo corre por cuenta del Estado.
Entre las complicaciones que han surgido está el hecho de que aunque el censo realizado estimó 191 familias, algunos ranchos eran ocupados por más de una, de ahí que ahora se habla de 345 familias, aunque no todas califican para recibir una solución.
Asimismo, como no se optó por realizar un gran proyecto de vivienda, fue difícil encontrar empresas constructoras interesadas en el plan.
Luego del a franja urgente, Pujol calcula que quedarán otras 150 a las que también tendrán que responder.
