EscucharLa habilitación de un mercado para que 88 artesanos de San José vendan sus productos ha generado discordia entre este gremio y la Municipalidad de San José.
El Centro Municipal de Comercio Artesanal –que ayer fue dado a conocer a la prensa– es un espacio de 1.500 metros cuadrados donde la Municipalidad de San José construyó infraestructura para albergar los 88 puestos de artesanos que desde 1995 laboran en la calle 13 bis (costado oeste de la plaza de la Democracia).
El nuevo edificio, por su parte, está situado al costado sur de la plaza de las Garantías Sociales, en San José, y cuenta con 90 módulos para los vendedores, así como instalaciones para oficinas y servicios internos (soda, sanitarios, limpieza y bodega). Sin embargo, este inmueble –en el que el municipio invirtió ¢1.800 millones– es, por el momento, solo el cascarón, pues no se han definido todos los detalles en torno al traslado de los comerciantes y, además, estos no quieren mudarse.
El 7 de julio pasado, el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria a los artesanos. En esta advierte sobre las condiciones “peligrosas, ruidosas e insalubres” del actual mercado. “En un plazo de 30 días hábiles, se ordena al propietario registral del establecimiento presentar un plan remedial y planos constructivos que contemplen la solución técnica a los problemas señalados”, dice el documento. Tales problemas tienen que ver con las instalaciones, por ejemplo, la estructura de techos y escaleras, las columnas, la resistencia de los materiales al fuego, la accesibilidad, los espacios entre pasillos y el flujo de aguas pluviales, entre otros.
Además, el documento avisa que, de no cumplir con lo ordenado en el plazo estipulado, se procederá a “la respectiva clausura, desalojo y demolición por insalubridad”.
Según reveló Sandra García, alcaldesa de San José, el próximo 31 de julio, la Municipalidad hará un sorteo para definir la distribución de los locales en el nuevo edificio.
No obstante, la jerarca declaró que las condiciones para la ocupación del inmueble están por definirse, pues aún no está claro si se cobrará una patente a los artesanos o serán arrendatarios del local.
Ayer mismo, la Municipalidad entregó a cada uno de los propietarios un documento en el que les indica la revocación del permiso de uso de la calle y les da un plazo de 18 días naturales “a fin de que se retire toda la estructura y la mercadería, y se desocupe la vía pública”.
Férrea oposición. En un recorrido realizado por La Nación, se pudo constatar el descontento y la oposición de los vendedores a un eventual traslado.
Los artesanos consultados coincidieron en que se trata de una decisión unilateral por parte del municipio, que no tomó en cuenta su opinión. “Estamos muy preocupados porque en un principio se manejó como un traslado y ahora se habla de un desalojo. Eso es como una amenaza; ellos quieren que aceptemos el edificio nuevo a la brava”, declaró Juan Rodríguez, presidente de la Asociación de Artesanos Asocatupyme.
Rodríguez destacó que ellos no pagan alquiler porque el mercado tiene un carácter “autogestionable”. “Funciona gracias a nuestros recursos, pues nosotros mismos financiamos la electricidad, el agua y la seguridad privada”, precisó.
Los vendedores afirman que el espacio que han ocupado durante 20 años es el idóneo para vender sus productos. “Ahí donde quieren meternos es un huevito, y además, es zona roja; el turismo no llega”, comentó María Teresa Carvajal.
Una opinión similar expresó Ligia Ruiz: “Somos muchos, y el lugar adonde nos quieren pasar es como una caja de fósforos. De estos negocios dependen muchas familias”.
