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Un nuevo proyecto de ley, cuyo propósito inicial es el fortalecimiento de la producción audiovisual tica y la modernización del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (Centro de Cine), no satisface a las exhibidoras y distribuidoras de cine de nuestro país.
Redactado el 8 de octubre del presente año, la propuesta pretende reformar un impuesto a las exhibidoras de cine que funcionan en el país, con el propósito de crear un fondo nacional de apoyo al audiovisual costarricense.
Además, el proyecto busca variar y formalizar las llamadas cuotas de pantalla, que se refiere al tiempo y a la cantidad de producciones nacionales que pueden y deben permanecer en exhibición en los cines comerciales.
El proyecto de ley –expediente N.° 18601–, que fue presentado por la diputada Alicia Fournier, pretende reformular la ley N.° 841 de Espectáculos Públicos, para que las salas de cine que no están ubicadas en cabeceras de provincia, paguen de un 3% a un 6% de impuesto sobre el valor del boleto.
Actualmente, ese 3% se inyecta al Teatro Nacional y varios de sus proyectos artísticos.
Ese aumento ayudaría a financiar el nuevo fondo de cine, aunado a un nuevo impuesto para las empresas de cable, Internet y celulares, que pagarían, para el mismo fin, un 1% de facturación.
“La Ley N.° 841 es muy antigua y no se adecua a las nuevas condiciones de infraestructura y posición geográfica”, dijo Laura Molina, directora del Centro de Cine.
“El fondo es necesario; muchos países de Latinoamérica lo tienen y el no tenerlo nos pone en desventaja. Creemos que un 3% más es algo mínimo y que esas empresas pueden pagar”, agregó Molina.
Sin embargo, Luis Carcheri, vocero de la Asociación Cámara de Distribuidores y Exhibidores Cinematográficos de Costa Rica (CADEC), no está del todo de acuerdo con esa propuesta.
“El proyecto de ley dice que el ‘cine financie al cine’ y eso nos parece bien. Entonces, pedimos que ese 3% que ya pagamos se dedique al nuevo fondo de cine, pero que no se nos aumente un 3% más, que en ese caso iría dirigido a dos instancias distintas”, dijo Carcheri.
Molina refutó el argumento de Carcheri, diciendo: “Pero, entonces, qué propone Carcheri... ¿Quitarle recursos al Teatro Nacional y sus proyectos artísticos?, yo jamás podría proponer eso”.
Al comentario de Molina, Carcheri respondió: “Jamás deseo quitar recursos al Teatro Nacional, pero sugiero que se busquen otros mecanismos para reforzar las expresiones artísticas. El cine en Costa Rica es uno de los más gravados de toda Latinoamérica”.
Campo en pantalla . En el caso de las cuotas de pantalla, la nueva propuesta pretende disminuir la cuota existente para cine –que actualmente es de un 45%–, pero, al mismo tiempo, busca garantizar su cumplimiento efectivo.
“Sabemos que 45% es mucho, por eso lo queremos bajar a un porcentaje que crecería paulatinamente, hasta llegar a un 20%, al cabo de 10 años”, dijo Molina.
Para el Centro de Cine, formalizar las cuotas de pantalla es necesario, porque hasta el momento no existe ningún mecanismo que regule la relación entre los productores ticos, las exhibidoras y las distribuidoras.
“Si una película tica se mantiene o no en el cine depende de la buena voluntad de ellos (las exhibidoras y distribuidoras). Mejor dicho, está a la libre”, agregó Molina.
Para tal efecto, el nuevo documento propone la creación de un reglamento que especifique periodos mínimos de permanencia de las cintas ticas, pero considerando la cantidad de público que convoquen a las butacas.
CADEC ve con buenos ojos ese cambio, pero analiza con recelo un punto adicional ligado al tema.
“El texto dice que en el caso de que la producción tica no alcance para cubrir los porcentajes, se debe llenar con cine latinoamericano. No se nos puede imponer eso, queremos tener potestad para elegir y proponer cine Europeo, por ejemplo”, finalizó Carcheri.
