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Catorce vigilantes y dos perros guardianes custodian el portón del pozo número uno del acueducto comunal de playa Potrero. La amenaza no sondelincuentes, sino policías.
Son las 11 p. m. del martes 11 de marzo.
Los 32 ojos están alertas para, de ser necesario, seguir el protocolo de emergencia y sonar la campana de la iglesia. El sonido es una alarma que convoca a todo el pueblo a defender lo que considera suyo.
Josué, Marvin, Santos, Arsenio, Carlos, Manuel, Esteban, Diego, Rose Mary, Luis, Rigoberto, Leonel, Norman y Juan de Dios, son quienes montan guardia, acompañados de los zaguates Talía y el diminuto Rocky.
Son jardineros, ‘reparatodo’, empleados de hoteles, jornaleros y agricultores comprometidos con el agua.
¿De quién la defienden?, del propio Estado, representado por Acueductos y Alcantarillados (AyA) y acorazado con el brazo más fuerte de la Fuerza Pública: los antimotines.
Las guardias para vigilar el acueducto –divididas en tres turnos: 6 p. m. a 10 p.m., 10 p.m. a 2 a. m. y 2 a. m. a 6 a. m. – se instauraron desde el 7 de febrero.
Ese día, el AyA intentó tomar posesión del acueducto, acompañado por decenas policías. En el proceso, hubo enfrentamientos y un detenido.
“Si tocamos la campana, no es para que la gente venga con machetes, es para que se manifieste de forma pacífica, para que sepan que aquí no vamos a dejar que nos quiten lo que tanto nos costó construir”, aclara Arsenio Gómez, uno de los 1.500 habitantes del pueblo, ubicado en el cantón de Santa Cruz de Guanacaste.
La situación de playa Potrero es un caso entre decenas en el mapa de la batalla por el agua que vive Costa Rica, la cual se ha intensificado en los últimos 15 años.
El decimonoveno Informe del Estado de la Nación reveló que del 2000 al 2010 se han identificado al menos 134 protestas en defensa del recurso hídrico, principalmente en las provincias de Guanacaste y Alajuela.
En un 55% de los casos, estas fueron protagonizadas por los vecinos de las comunidades. La investigación añade que el 58% de las acciones fueron dirigidas contra el Estado, seguido por las orquestadas contra la empresa privada (29%).
Los hechos
Hasta que el agua se convirtió en un conflicto, nada pasaba en la desesperadamente calurosa playa Potrero. El tiempo transcurría entre lentas y viejas bicicletas, y el agua bañaba la arena con excesiva calma.
Todo cambió a inicios del mes pasado. El detonante fue un recurso de amparo presentado por una abonada del acueducto. Ella reclamó por los cortes de agua en verano.
La Sala IV pide explicaciones al AyA, como entidad rectora del agua. El AyA señala que existe un acuerdo del 2009 en que la junta directiva dicta –tras determinar que el acueducto no cumplía con los requisitos administrativos– que la institución debe asumirlo. Los magistrados ordenan que se ejecute el acuerdo.
El AyA alega que no hay cooperación de los administradores para tomar el acueducto. Lo hace a la fuerza, pero con el aval de un Juez Penal de Santa Cruz. Junto con la Fuerza Pública, rompe los candados de los portones de los pozos y pone candados nuevos. La comunidad se enfrenta a las autoridades y, cuando la Policía se va, recupera el acueducto y vuelve a cambiar los candados.
Desde entonces, reina la tensión. El acueducto opera de forma normal, mas con el temor de que el AyA regrese con antimotines en cualquier momento.
El 17 de marzo, el Tribunal Penal de Santa Cruz declaró ineficaz, por carecer de fundamento, la resolución del juez que avaló la apropiación de los pozos por parte del AyA, tras un recurso de apelación planteado por el asesor legal del acueducto comunal, James Siu.
Sin embargo, aún está en pie el acuerdo del AyA de asumir el acueducto. Siu presentó una demanda al Tribunal Contencioso Administrativo en contra de esa resolución. El juicio se realizará en agosto y hasta ese momento se sabrá la suerte del acueducto.
Comunal
Siu es un vecino de playa Potrero que acudió a la entrevista para este reportaje con un cajón plástico lleno de papeles, notificaciones y documentos relacionados con el caso.
La cita se desarrolló en el patio de la casa del presidente del acueducto, Leonel Duarte, bajo un árbol de mangos que soltaba frutos como misiles, y en medio de gallinas y chompipes.
El acueducto de playa Potrero es una Asada (Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales). En Guanacaste hay 263, y en todo el país, 1.500. Estas funcionan bajo la tutela del AyA, el que debe darles supervisión y capacitación.
Mas lo cierto es que las Asadas, en la práctica, surgen como una respuesta al abandono estatal; es decir, los vecinos, hartos de no contar con suministro de agua, se organizan entre ellos y crean su propio acueducto.
En la mayoría de las Asadas, el financiamiento viene del propio pueblo. En playa Potrero, el dinero se recaudó mediante rifas de chanchos, bailes y fiestas patronales, mientras que la mano de obra fue donada por los pobladores.
Antes de las Asadas, las personas se las ingeniaban con un pozo artesanal, de balde, para suplir sus necesidades básicas. Para lavar o bañarse, estaban los ríos y quebradas.
“Nunca el AyA puso un pie acá; el acueducto es un esfuerzo de la comunidad, negar ese patrimonio a la gente es negarle un pedazo de su alma, de su corazón”, dice Siu.
Sus palabras suenan dramáticas y exageradas, pero en realidad representan el sentimiento que se percibe en Guanacaste. Allí, sobre todo en las zonas costeras, el agua es el leitmotiv : el oro azul, el elemento de cohesión, el talón de Aquiles…
El significado que los guanacastecos dan al agua es muy distinto del que se le da en las ciudades del Valle Central. Para alguien que deja el tubo abierto mientras se cepilla los dientes, deja goteando el grifo o permite que una fuga se mantenga por días, es difícil comprender lo que representa el agua en la zona más seca del país.
Leonardo Merino, investigador del Estado de la Nación , explicó que además de las condiciones geográficas de Guanacaste que agravan los efectos del cambio climático, el crecimiento inmobiliario que explotó en la región hace diez años y el desconocimiento del potencial de fuentes de agua subterráneas, provocan una enorme diferencia en el acceso al agua en comparación con otras zonas del país.
“Esto ocasiona un conflicto reiterado, entre agua para el consumo humano versus agua para actividad productiva”, manifestó, y añadió que el bajo desarrollo socioeconómico de Guanacaste limitó la construcción de la infraestructura necesaria para el suministro del agua.
En el enorme y polvoriento salón comunal de Huacas, siempre en Santa Cruz, hablamos con el presidente del acueducto rural de esa comunidad, Eusebio Obando, quien señaló que las Asadas de la costa están unidas para defender el agua.
“Nos llaman comunistas, agitadores y de izquierda... Pero lo que hacemos es trabajar y defender el uso y protección adecuados del recurso hídrico”, enfatiza.
Así como en la zona costera se percibe un compromiso por el agua, también se siente la desconfianza y el malestar hacia el AyA.
Lorenzo Díaz, presidente de la Asada de Brasilito, lo resume de la siguiente forma: “El AyA nunca nos ha ayudado, no importa… pero que tampoco estorbe”.
Para ponerlo más claro: la impopularidad del AyA en la zona costera guanacasteca es similar a la del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (con las presas, trochas, platinas y puentes bailey ) en el Valle Central.
¿Qué motiva tanto desprecio hacia el AyA?
Sentados en unas tablas que se asemejan a la gradería de una plaza de fútbol (estructura hecha específicamente para realizar la vigilancia), los vecinos de playa Potrero responden sin bajar la guardia, pues su turno como centinelas aún no acaba. El mal servicio y la despreocupación por la comunidad son sus principales razones.
“Si fuera que van a dar un buen servicio, pero qué va… no ha visto cómo duran en reparar una fuga. Acá en la Asada pasa algo y el fontanero está corriendo; ellos lo que buscan es sacar agua y cobrar por esa agua. Nosotros pensamos en la conservación, en la comunidad”, manifiesta Santos Flores, jardinero de 46 años.
Todo transeúnte o chofer que pasa por el acueducto –donde los 13 hombres, la mujer y los dos perros montan guardia– saluda y muestra apoyo; entre ellos, varios extranjeros, sobre todo italianos.
Dicen los vecinos de playa Potrero que los foráneos están de su lado, inclusive los “ricachos” (adinerados). Rose Mary, única mujer –en ese momento– en la guardia, es de nacionalidad peruana. Arribó al país hace siete años y siente a Guanacaste como su hogar, razón por la cual se sintió obligada a participar en la batalla por el agua. “Vivo aquí, soy parte de esta comunidad; no puedo darle la espalda”.
La respuesta del AyA
En la sala de la junta directiva, en el tercer piso del edificio del AyA, en Pavas, la presidenta ejecutiva, Yesenia Calderón, junto con otros seis funcionarios (gerentes, subgerentes, directores…) nos concedió una entrevista sobre la situación de playa Potrero.
“Allí pasa lo que pasa en todas las comunidades: sienten que el agua es suya… Yo comprendo: si le hacen algo al tubo que está frente a mi casa yo protestaría, pero tienen que entender que tanto el agua como la infraestructura son de dominio público, no es propiedad de la comunidad, es del Estado”.
Rodolfo Lizano, director jurídico, añadió que el mandato de la Sala IV de asumir el acueducto está en firme, y que pese a que hay una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo, no existe ninguna medida cautelar que les impida realizar el acto, por lo que están buscando los mecanismos para ejecutarlo.
Calderón expresó que están tratando de hacerlo de forma armoniosa, por medio del diálogo con el pueblo, pero alegó que este “no coopera”, y lo acusó de insultar y amenazar a funcionarios.
Al mismo tiempo, aceptó que la falta de presupuesto y las carencias logísticas han impedido a la institución capacitar y apoyar a las Asadas, pero aseguró que en los últimos meses eso se ha venido revirtiendo.
Como muestra, habló de un proyecto para mejorar el suministro del agua a 24 comunidades costeras, entre ellas están playa Potrero, Brasilito y Huacas.
No obstante, hay dos elementos que despiertan la suspicacia y malicia entre los pobladores; primero, que se dotará de líquido a hoteles y desarrollos turísticos privados; segundo, que se deberá explotar el manto acuífero del río Nimboyores, en la comunidad de La Lorena.
En defensa de Nimboyeres (nombre de una princesa indígena), se desarrolló la primera gran batalla del siglo por el agua.
Sucedió en el 2004, cuando la comunidad frenó, a punta de protestas, la explotación de dicho manto por parte de un megaproyecto turístico privado.
¿Desarrollo?
La maestra de escuela María Rosa Angulo fue la líder del movimiento. Nos recibió en el salón comunal de La Lorena, distrito de Cartagena, el cual, desde el terremoto de Nicoya del 2012, opera como salón de clases debido al deterioro que sufrió la escuela del pueblo.
María Rosa, quien ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales por las batallas que ha dado por el agua, asegura que cualquier cosa que quiera hacer el AyA debe realizarla con la participación y el conocimiento de las comunidades. Ella critica que en el pasado todo se hacía ignorando al pueblo.
“Aquí en la Lorena somos solo 350 personas; es una comunidad pequeña, pero la más brava. Tiene que haber diálogo. No es que nos oponemos al desarrollo, es que nos preocupa cuál es el tipo de desarrollo que se quiere imponer”, cuestionó.
Ese mismo discurso escéptico es una constante en las distintas comunidades costeras.
Por su parte, Calderón señaló que sin infraestructura no puede haber desarrollo y dijo que toda la información del proyecto ha sido expuesta a las comunidades y que las labores técnicas cuentan con el aval requerido, por lo que, en su criterio, la desconfianza viene sobrando.
“Hay comunidades con las que no se puede trabajar: protestan sin fundamento, parece que se oponen solo por oponerse”, criticó.
En playa Potrero, los vigilantes del acueducto comparten la necesidad de que se generen ofertas de trabajo y que haya atracción de capital, pero sostienen que no se puede pasar por encima de la comunidad y del ambiente con esa bandera.
Así lo narran mientras disfrutan de un arroz con atún y un fresco de tamarindo, provisiones que una de las vecinas les mandó para contribuir con la causa.
Cada noche, cada turno, los guardianes reciben alimentos y café de forma gratuita, una donación de la gente del pueblo y de ecologistas y universitarios que envían contribuciones como una forma de solidarizarse.
La organización ambientalista Cofraternidad Guanacasteca también es muy crítica con las alianzas entre el Estado y la empresa privada.
Su principal argumento es que la inversión privada en Guanacaste no se ha transformado en desarrollo y prueba de ello es que la región Chorotega es la segunda más pobre del país. Allí, 35 de cada 100 familias viven en pobreza , según la Encuesta Nacional de Hogares 2012.
Gadi Amith, un argentino que lleva 30 años de residir en Guanacaste, ejemplifica la posición crítica de la Cofraternidad: “Hay proyectos que están beneficiando a empresas privadas a espaldas de las comunidades”.
El ambientalista citó el caso del acueducto de Sardinal (Coco-Ocotal), del 2009, al cual él se opuso junto con la comunidad.
Amith nos puso en contacto con Chicho , combatiente de esa batalla, quien nos atendió en un poyo del parque de Sardinal. Su nombre es José Ángel Vallejo, es un electricista de 48 años que trabaja como taxista.
“De un pronto a otro, vimos unas enormes tuberías, iban a succionar todo el agua para dársela a unos hoteles sin decirnos nada. El pueblo iba a preguntar, a pedir documentos, y nos bailaban; tuvimos que cerrar las calles y evitar que la maquinaria pasara” recuerda.
El proyecto, impulsado por 25 desarrolladores privados y el AyA, pretende llevar líquido de Sardinal a casas y hoteles en las playas Ocotal y del Coco, en el cantón de Carrillo. La Sala IV, tras un recurso planteado por un vecino de la comunidad, sostuvo que el desarrollo del acueducto violentó la Constitución por omitir la participación ciudadana.
Sin embargo, la misma Sala IV acreditó la certeza técnica de la explotación del recurso hídrico; luego, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorgó la viabilidad ambiental al proyecto .
Casi cinco años después, la fase dos del proyecto, en la cual se explotarán los pozos ubicados en Sardinal, no ha iniciado operaciones, aunque el AyA realiza las gestiones administrativas para ponerlo en marcha.
Dado este panorama, los habitantes de las zonas costeras mantienen la guardia arriba en todo lo que tiene que ver con el agua.
Los vigilantes de playa Potrero están claros de que la lucha que dan por su acueducto no es solo por su acueducto…
Marvin Salazar, uno de los 14 vecinos que custodian el pozo, entiende la responsabilidad que tiene el pueblo sobre sus hombros y sabe que, en todas las batallas, cada trinchera es esencial.
“Hoy es este acueducto; mañana, ¿cuál seguirá? Hoy es mi agua... Mañana... ¿la suya?”.
