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Las noticias sobre la suspensión del FIA habían sido ágiles en redes sociales. Semanas antes, los artistas contratados por el Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC) del Ministerio de Cultura y Juventud habían usado Facebook para exponer sus preocupaciones inmediatas –los retrasos en las licitaciones, la falta de contratos formales y la escasa publicidad–, además del reclamo que probaría, más adelante, ser el más significativo: la negligencia con la que los entonces jerarcas del ministerio desestimaron sus quejas como un gaje del oficio de producir una fiesta cultural en cuatro cantones josefinos.
Ese jueves, en Acosta, el tiempo discurría lento y sin más información que la que se veía en el lugar. El quiosco del parque estaba vacío, sin parlantes ni micrófonos para la función de los grupos de teatro. Dos horas antes de los conciertos de rock, la tarima de la plaza de deportes de Turrujal apenas se estaba construyendo.
Reunidos en el parque, los acosteños esperaban con preguntas al exviceministro de Cultura, Alfredo Chavarría, quien llegó al cantón para reunirse a puerta cerrada con funcionarios de la Municipalidad. A 37 kilómetros de distancia, en el Centro Nacional de la Cultura (Cenac), el Ministerio sosegaba a los medios de comunicación en una conferencia de prensa convocada esa misma mañana.
“No pudimos solventar el problema de tener luces en Acosta”, declaró Inti Picado, exdirector del CPAC.
En Acosta no hubo conferencia. Los que pudimos ver a Chavarría a su salida de la reunión tuvimos que repetir sus explicaciones al resto del cantón. En ausencia de personeros del Ministerio, nos tocó –a los pocos presentes– darle la cara a los artistas, cocineros, artesanos y turistas que se prepararon para un FIA que, pese a lo que decía la programación, nunca se celebró en su pueblo.
La función debe continuar. Mientras el FIA estuvo en pie, el Ministerio de Cultura se vio forzado a lavar sus trapos sucios en público.
La situación en Acosta evidenció el contratiempo más severo de toda la producción: el CPAC no pudo negociar la licitación de luces y sonido. El primer fin de semana del festival la exministra de Cultura, Elizabeth Fonseca, intentó en vano persuadir a la empresa Luz Art, S. A. de que aceptara la ajudicación que se aprobó dos días antes de comenzar el FIA.
Luz Art explicó su posición en una serie de comunicados de prensa en los que dejaba en claro que la responsabilidad no era suya; que habían seguido las reglas y el Ministerio falló en cumplir los tiempos del procedimiento administrativo.
Salvo esos comunicados, los periodistas recibimos poca o nula información del resto de contrariedades que enfrentaba el CPAC para mantener a flote el festival.
Las visitas cantonales fueron las que revelaron que la mayoría de regentes encargados de los sedes se había apartado porque no tenían contratos y los técnicos de los locales (el Teatro de Desamparados y el gimnasio de CEDES Don Bosco, entre otros) se las agenciaban como podían para continuar.
Una búsqueda detallada en las bases de datos públicas del sistema de compras estatal, CompraRED, dejó expuesto el resto de nervios sensibles al escrutinio público.
En los contratos mal redactados, las órdenes de compra aprobadas a la carrera y, sobre todo, en los costos de cada una de ellas quedaba impresa la más compleja de las trabas: el CPAC no solo no tenía suficiente personal para producir un FIA –Cultura contaba solamente con cinco funcionarios–, sino que no existía un productor o coordinador que se comunicara ordenadamente con todas las partes involucradas.
Picado, como director del CPAC, intentó asumir esas responsabilidades pero la labor excedió sus capacidades. En medio de la crisis, Fonseca le prohibió dar declaraciones a la prensa y confinó el proyecto a su despacho en el Ministerio.
Tres días después de que el festival se desplomara en Acosta, la exministra accedió dar una breve entrevista en la que explicó que su prioridad era reprogramar y sostener la segunda semana del festival. Sus esfuerzos para proteger la integridad del programa y la oficina del CPAC se resquebrajaban.
Después de cuatro días, el FIA ya no controlaba la sede acosteña ni los conciertos al aire libre en Aserrí y Alajuelita. Empero, la obstinación de Fonseca por sacar adelante el festival a como diera lugar sostuvo la inauguración en Alajuelita y logró que el Cenac acomodara en San José los conciertos suspendidos en los otros cantones.
En mayo, la recién nombrada ministra de Cultura, Sylvie Durán, confirmó que en total se realizó el 67% de las actividades anunciadas, aún cuando las condiciones de las presentaciones no fueran las óptimas y el público estuviera desalentado para asistir.
El hermetismo de Cultura no aplacó la tormenta. Un día después de su entrevista con La Nación, Fonseca envió a sus viceministros a anunciar la suspensión de los conciertos más importantes del festival: las presentaciones de la agrupación chilena La Ley y los cantautores argentinos León Gieco y Miguel Mateos.
Con el festival mermado, los artistas denunciando públicamente el desorden del CPAC y la obligación adquirida de indemnizar a los artistas cancelados (Fonseca se comprometió a hacerlo), la inversión de ¢782 millones que en marzo fue baluarte de la institución, se convirtió en el flanco más vulnerable para flagelar al FIA en sus últimos días.
Pese al resto de atrasos, el CPAC cumplió de forma expedita con los trámites de los tres contratos que cubrían a los 12 artistas internacionales. Juntas, las tres adjudicaciones sumaban ¢372 millones. De esa cifra, casi ¢100 millones estaban destinados al grupo La Ley, el cual recibió el 50% de su remuneración por un concierto que nunca sucedió.
Con este panorama, no solo era improbable rescatar al FIA de su calamidad sino que era imposible esquivar las responsabilidades políticas de los jerarcas del Ministerio y el director del CPAC por continuar con una función sobre la cual había caído el telón desde antes de comenzar.
La amarga fiesta que no acaba. Cuando la ineficiencia del CPAC quedó expuesta, el Ministerio perdió el poco control que tenía del FIA.
La cara más pública de la institución quedó mancillada. Los artistas reclamaban respuestas, los diputados de la Comisión Legislativa de Control del Ingreso y Gasto Público cuestionaban la probidad de los tres jerarcas y del director del CPAC.
Dos días después de que se terminara el festival, el presidente Luis Guillermo Solís pidió a la exministra un informe para “sentar responsabilidades políticas”.
Fonseca entregó el documento el lunes 11 de mayo. Ese mismo día, Picado y los viceministros fueron cesados de sus cargos. Fonseca anunció su renuncia al día siguiente. El descabezamiento mitigó el escándalo pero no resolvió los problemas.
Los diputados abordaron el caso pensando que encontrarían indicios de engaño y robo al erario público; en su lugar, encontraron otra cosa: negligencia, pura y llana.
Fonseca conocía las trabas que tenía el FIA para cumplir con las fechas originales de programación; de hecho, ignoró varias veces el consejo de sus subalternos de posponer el proyecto. Picado estaba a cargo de un departamento que se creó para sustituir la contratación externa de un productor –que era el procedimiento usual–, pero era tan ajeno a los procesos de contratación administrativa que se perdió en sus vericuetos legales más de una vez.
A falta de regentes, papeleo ordenado y un productor a cargo, lo que faltaban eran todas las cifras que despertaron la curiosidad de los diputados: cuánta plata había perdido el Ministerio, cuánta plata faltaba por ejecutar para resolver los embrollos de las contrataciones y cuánto se habían arriesgado el resto de producciones que debía asumir el CPAC según el decreto de su creación (Enamorate de tu Ciudad, la Feria Internacional del Libro y otras).
Así que cuando la ministra Durán entró a la institución, a finales de mayo, tuvo que –simultáneamente– recuperar el orden de sus puestos ejecutivos, ponerse a sacar las cuentas que Fonseca nunca pudo entregar y continuar con las producciones que quedaron en jaque sin derecho a fallar.
El recuento presupuestario fue de ¢613 millones, según datos que entregó Durán al cierre de esta edición. Durante estos meses el Ministerio se ha abocado a pagar las deudas con los artistas, los servicios que se recibieron sin contratación formal y a rescindir los contratos de las presentaciones que nunca se realizaron.
La institución postergó entrevistas hasta el jueves pasado. El mensaje que entregó Durán ese día es de paciencia: mientras limpian el desastre del FIA 2015, están diseñando el del 2016 con el objetivo ulterior de cambiar la estructura de trabajo para los que vengan en el futuro. No es una tarea fácil.
El hermetismo, tan familiar en la época de Fonseca, parece que protege al equipo de otra vulnerabilidad. Las heridas del festival cultural más grande del país sanan lento y nunca cicatrizarán con los dedos del país hundidos en sus llagas.
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