Escuchar
“De la cárcel casi no se hablaba antes, solo cuando había un motín en Reforma. Nadie sabía qué pasaba en lo interno de las instituciones”, dice Cecilia Sánchez, la mujer que hizo que, este año, todos habláramos de la cárcel. Todos los ministros saben que su labor los expone a críticas, pero no a amenazas de muerte, acoso y violación. A la jerarca de Justicia y Paz le tocó verlo en redes todo el año.
Durante largos y extenuantes meses del 2016, no pasaba una semana sin que un nuevo escándalo sacudiera a Sánchez y a su viceministro, Marco Feoli. Una vez, en un centro comercial, un hombre le espetó: “Usted es la roca que nos está llenando de delincuentes, ¡debería darle vergüenza, vieja!”. Muchas veces, en Facebook y en los comentarios de las noticias en medios informativos, algunos mensajes describían cómo la iban a matar.
Para una persona ajena a la política durante su trayectoria profesional, tan contundentes cuestionamientos le sacudirían la convicción en su trabajo. Pero una tarde reciente, en su despacho en Zapote, hablaba con la ecuanimidad que ha caracterizado sus intervenciones públicas –a pesar de la fiereza de las críticas desde todas direcciones–.
“No deja de ser desagradable que a uno lo anden siguiendo”, dice. “Yo acostumbraba a salir a correr todos los días. Ya no. Mucha gente al principio me saludaba con cariño. Pero también me ofendían”.
¿En algún momento ha sentido que ya no puede más? “No. Es más, cuando yo siento que me estoy debilitando, agotando de tanto golpe, me voy para la cárcel, a cualquiera, porque de ahí salgo otra vez fortalecida. Si a uno o dos de ellos logramos cambiarle la vida, eso ya es un triunfo”.
Cárceles repletas
Lo que trajo tanta controversia a la vida de Cecilia Sánchez fue el nuevo enfoque le dio a la administración de Justicia desde mediados del 2015, cuando asumió el cargo. En un contexto de hacinamiento histórico del sistema penitenciario (154%), casi 5.000 personas que no caben en las cárceles están allí.
En el 2005, 7.748 personas estaban recluidas en el sistema penitenciario costarricense. Diez años después, eran 13.923; con 370 personas presas por cada 100.000 habitantes, somos el cuarto país con mayor proporción de personas tras las rejas. Todos los centros penitenciarios están saturados. No hay espacio para más. Pero siguen llegando.
Tan grave es la situación que, en agosto del 2015, el Instituto Nacional de Criminología emitió la circular 05-2015, en la que promovía el uso del régimen semi institucional para disminuir la presión sobre los recintos carcelarios.
Lo que no se vio bien a ojos de la ciudadanía fue que, proporcionalmente, aumentó la cantidad de población beneficiada por esta alternativa. Esto se hizo para liberar presión, tras una década del sistema de Flagrancia (2008), que acorta juicios y apura sentencias a prisión, y el desbordamiento de las severas limitaciones de la arquitectura carcelaria.
Este modelo genera apertura para que las personas privadas de libertad puedan trabajar y reincorporarse a la sociedad, y empezó a desarrollarse desde los años 70. Excluye a quienes han cometido delitos graves, como violación, homicidio y tráfico de drogas, y somete a sus beneficiarios a regulaciones. Cuando empezó a aumentar el número de beneficiados, tras la circular, en la discusión pública rápidamente se le empezó a llamar “liberación de reos”, nada más.
Para Sánchez, resultan innegociables e insostenibles las políticas que hacinan a los privados de libertad y vulneran sus derechos humanos. “En lo que no puedo estar de acuerdo es en que haya políticas de otra naturaleza y simplemente haga cárceles y meta a todo el mundo ahí. Estaríamos desnaturalizando la pena de prisión capaz de producir algún impacto positivo”, argumenta.
Otra vertiente de las críticas subraya que, al acelerar procesos de este tipo sin estrategias de seguridad y prevención, se pone en riesgo a la ciudadanía. Por otra parte, se cuestiona si se ha realizado suficiente inversión en infraestructura carcelaria en los últimos 30 años, si no bastaría con construir más prisiones para recluir a más criminales.
Quizá la posición más fuerte y extendida entre figuras políticas (de diversas banderas) es la que reclama más recursos para cuerpos policiales que combaten la criminalidad a diario, y exige mayor celeridad (y severidad) a los jueces.
Crisis social
En el fondo, el debate que hemos desarrollado en torno al hacinamiento carcelario no es solo político, sino también ideológico y filosófico. ¿Cómo se determina de cuáles derechos goza una persona encarcelada por cometer un delito? ¿En qué condiciones merece estar? ¿La cárcel es para expulsar o para reformar? En última instancia, ¿qué es humano?
Pero la discusión pública y mediática en torno al tema ha sido de todo menos filosófica. Quizá se ponga peor; para muchos críticos de la actual política, la creciente opción de acceso al régimen semi institucional solamente aumenta la inseguridad, al colocar a “más criminales en la calle”. Otros han sido más radicales y cuestionan la utilidad total de este tipo de acercamientos a lo penitenciario.
“Indiscutiblemente, es un problema filosófico y político, el cual lamentablemente, para nosotros, se va a agudizar con lo que viene, porque entramos en periodo electoral”, lamenta la ministra. “Los espacios se van cerrando cada vez más. Hasta ahora se nos ha obstaculizado, se nos ha censurado y se nos ha atacado. Pero en el proceso que viene, cuando este discurso haya que posicionarlo en el ámbito electoral... el discurso ideológico mayoritario será el de la represión, el discurso excesivamente punitivista”, dice.
“No podría pretender que los candidatos próximos salieran con un discurso de derechos humanos, un discurso no represivo, porque pierden las elecciones”, dice con seguridad. Y quizá tenga razón: día a día, voces que abogan por mayores castigos y más inversión en infraestructura carcelaria se sobreponen a las que proponen sistemas alternativos.
“Cuando se nos dice que esta ministra no quiere construir, refiere liberar, esa es una manera de reducir el argumento y tergiversarlo porque nosotros sí queremos construir”, dice Sánchez. “Claro que queremos construir, pero con una alternativa de arquitectura distinta, y queremos demoler todo lo que está en tan malas condiciones para sustituirlo. Esa es la construcción a la que aspiramos”.
¿Qué pasará cuando asuma otro gobierno, quizá, con otra visión? “Nosotros estamos tratando de sembrar bases muy sólidas que hagan imposible una marcha atrás, pero sabiendo que eso puede no resultarnos tan cierto”, confiesa Sánchez.
Incluso, dentro del Estado hay voces opuestas al cambio; en los mundillos de Corte y Justicia, hay quienes le dicen a Sánchez “la abolicionista” (del sistema penal) o “la alcahueta”.
Incluso dentro del ministerio encontraron cierta resistencia. “Cuando llegamos, la gente estaba tan desacostumbrada a que unos titulares del ministerio se metieran a trabajar desde adentro de las cárceles, que les generó mucha incomodidad. Progresivamente, hemos ido logrando conectar con ellos, que se dieran cuenta de que esta no era una cuestión de o los funcionarios o los privados de libertad, como a veces nos decían al principio, que solo nos preocupábamos por los privados de libertad y no por las condiciones de trabajo en las que estaban muchos funcionarios”
Para los jerarcas, dignificar los espacios de reclusión y fomentar su acceso al trabajo es asunto de derechos humanos, sin matices. “Uno puede estar en desacuerdo y tener posiciones distintas, pero hay un punto en el que uno debería de estar de acuerdo, y es en la dignidad de las personas”, dice Feoli.
“Una sociedad decente no genera formas de humillar a esa persona. Esta es una prueba de que nos falta avanzar mucho en derechos humanos en este país. Cuando vemos que hay personas que tienen menos derechos que los demás, hay algo que está mal”, argumenta.
“Esta es una prueba de que nos falta avanzar mucho en derechos humanos en este país. Cuando vemos que hay personas que tienen menos derechos que los demás, hay algo que está mal. A mí eso me pasa mucho con la gente que reivindica por un lado valores cristianos y defiende la familia y luego son absolutamente indemnes a esto. Sí, hagamos más cárceles y vamos apiñándolos como carne sin darse cuenta de qué hay detrás de esto”, subraya Feoli.
Para Sánchez y Feoli, es obvio recordar que la criminalidad “no surge por generación espontánea”. “Es producto de una situación social y de una decisión política, porque, finalmente, los legisladores son quienes, en un acto soberano, deciden qué conducta es delictiva y qué tipo de sanción le aplican a esa conducta”, subraya Sánchez.
Hasta ahora, la opción ha sido el encarcelamiento masivo. Si a Sánchez y Feoli les da tiempo, habrán instalado un sistema de reinserción y de búsqueda de empleo más eficaz.
De otro modo, las cárceles sucumbirán ante la presión y la inacción del Estado, aunque sus mismas instituciones –la Defensoría de los Habitantes, órganos técnicos del ministerio y jueces– hayan advertido cuán perentorio es un cambio.
El máximo ejemplo de esta crisis fue el ámbito F (Máxima Seguridad vieja) de la cárcel La Reforma. El 22 de agosto, sus 35 reclusos fueron trasladados y las “tumbas”, como se conocían, se cerraron. Era infraestructura vieja e insuficiente, que recluía a personas que no correspondían allí (como una mujer transexual que fue aislada en las “tumbas” para evitar que siguieran violándola en la prisión).
Hasta ahora, según Sánchez, la privación de la libertad se ha enfocado en segregar y encerrar, sacar de circulación a quienes infringen la ley; para ella, esto evidencia que se aplica la pena sin ningún objetivo y, por ende, con pobres resultados.
“Las personas recluidas no tienen libertad de movimiento porque esa es la que cercenamos con la pena, pero tiene todos los otros derechos y nosotros estamos obligados a respetarlos. La gente dice ‘esa alcahuetería, ese chineo’… pero entre mejor nosotros tengamos a nuestra población, mejores personas estaremos egresando a la sociedad”, argumenta Sánchez. “Me parece tan evidente que no sé si estoy nublándome”.
“Esto no tiene ninguna ciencia: dele palo a alguien todos los días, suéltelo a la calle y verá como sale a replicar el palo que recibió y con más violencia”, afirma. Lo que propone Sánchez es un sistema de reinserción social, “de manera tal que nadie egrese del sistema si no tiene trabajo conseguido por la propia institución, con seguimiento”.
Sánchez afirma estar muy convencida. Feoli la describe como una mujer “poco convencional”, pues no busca rédito político: su desempeño está guiado por su pensamiento. “Me complace mucho hacer lo que yo creo. Esa es la primera norma de vida: si no creyera en lo que estoy haciendo, no estaría, y si me obligaran a hacer otra cosa, tampoco estaría. Una de las cosas que más me complace es que siento que la misma población que antes se percibía como mala, que estaba ahí por eso, hoy siento que la población está más motivada con la idea de que es necesario repensar el delito, que es necesario formarse”, dice Sánchez.
“Muchas personas dicen que lo mejor es que estén ahí, pero a la gente se le olvida que regresan. Si cada día están ingresando más, van a regresar más y vamos a seguir en este círculo de violencia. Si se posibilitaran más espacios de trabajo y de formación, habría muchas más historias de éxito”, aspira la ministra.
Por ahora, solo queda el trabajo diario, el tenso y apremiante encuentro con la realidad de las cárceles. “(Los privados de libertad) me dicen algo que me parte el alma: ‘Es que usted es la única que nos ve como personas’. A veces voy a ver partidos de fútbol a San Rafael (La Reforma), me siento en el zacate y converso, y me siento mal de ver que para ellos es una gran cosa que yo me siente ahí. A mí me parece lo más normal del mundo”.
