EscucharAntes de terminar de cumplir sus condenas, 370 delincuentes salieron de prisión este año.
La noticia pudo disiparse en un país donde regularmente se otorgan libertades condicionales a presos, pero no pasó inadvertida cuando se supo que la liberación nació de un juez de Ejecución de la Pena que se hartó del hacinamiento en las prisiones.
La decisión del juez Roy Murillo en setiembre, quiso solucionar una seguidilla de desobediencias del Ministerio de Justicia a otros fallos de jueces y resoluciones de la Sala IV que ordenaban disminuir la sobrepoblación carcelaria.
Murillo determinó que la administración penitenciaria debía trasladar a 370 condenados de la Unidad de Admisión de San Sebastián (creada para reos sin sentencia) a otros centros. De no haber espacio, dictó, se debía pasar a esa misma cantidad de reclusos a un régimen de confianza.
Para cuando el juez dio a conocer su fallo, la cárcel de San Sebastián ya había tocado fondo con cifras de 1.250 internos y 79% de hacinamiento. Es decir: por cada 10 camas ocupadas, ocho presos dormían en el suelo.
Esta realidad no dista de la del resto de 13.000 encarcelados en el país. El 36% de ellos había entrado a las celdas a empujones. Hasta hoy, los números no han mejorado. La única diferencia notoria al hacer las cuentas es la ausencia de las personas beneficiadas con la crisis en el sistema de privación de libertad. Lo demás son sumas y pocas restas.
La disposición de Murillo no tuvo un impacto radical en términos absolutos, pero lanzó a la cúspide de la discusión una problemática que se arrastraba y advertía desde años atrás: en las cárceles de Costa Rica no cabe ni un preso más.
Contra el sistema
El rechazo a la resolución del juez ocurrió incluso antes de que esta se ejecutara.
El primer dardo fue disparado cuando el magistrado de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, alegó que el fallo significaba una intromisión del Poder Judicial en el Ejecutivo –encargado de la administración carcelaria–, y dijo que pediría que se declarara ilegal.
El grueso de los jueces consideró el anuncio de Chinchilla como un atentado contra su independencia y salió a protestar, hasta que la Corte Plena reafirmó que no haría valoraciones ni cuestionamientos a la sentencia.
Los ánimos judiciales se calmaron, pero las críticas seguían llegando desde distintos sectores y se volvieron a encender cuando ocurrió lo que muchos temían: delincuentes pasados a régimen de confianza por orden de Murillo empezaron a ser detenidos por nuevos delitos, incluido un homicidio.
La alarma colectiva fue mayor al darse a conocer que el 73% de los elegidos para salir de la cárcel eran asaltantes.
Aun en medio de ese torbellino, Murillo sostuvo que su fallo estaba fundamentado en lo innegable: si el sistema penitenciario no protege los derechos fundamentales, las personas no pueden ser encerradas.
