EscucharVarias noticias de la semana pasada, publicadas en este periódico, acerca de la educación universitaria, pública y privada, así como de la ciencia, la tecnología, el mercado del trabajo y asuntos afines tienen un común denominador que se desprende, como conclusión, de todas ellas. Su consideración objetiva entraña una obligación para sustentar la toma de decisiones no ya en estos años, sino en estos meses, a la luz del interés público.
En nuestra edición del domingo pasado, leíamos en la primera página: “Universitarios topan con mercado laboral saturado”, de acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). En dicha información se destaca que la cifra de graduados supera sobremanera el número de plazas o de puestos de trabajo disponibles. Por otra parte, las carreras técnicas y científicas presentan las mejores opciones para la inserción laboral de los graduados. La oferta universitaria, como expresó el coordinador del área de análisis económico del MEIC, José Blanco, influye en la productividad y en la atracción –o desestímulo– de la inversión extranjera. Es evidente, entonces, como manifestó la directora ejecutiva de la Cámara de Industrias, Marta Castillo, que el país necesita formar más técnicos, operarios y científicos, y mejor calificados.
El mismo día se informaba del proyecto de creación de la Universidad Tecnológica, pública, en Alajuela, así como del esfuerzo de la Universidad de Costa Rica en la formación de ingenieros que, venturosamente, triplican, en esta institución, el número de abogados, cuya plétora, junto con los graduados en ciencias sociales, está formando una legión de desocupados. Las dos informaciones citadas pueden leerse a la luz de una publicación, el 10 de setiembre pasado, del Consejo Nacional de Rectores (Conare), intitulado “un llamado a fortalecer la capacidad de desarrollo científico, tecnológico y de la innovación” en nuestro país. Este documento se orienta a promover la aprobación legislativa de los empréstitos con el BID y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por $30 millones, para fortalecer la educación, la ciencia y la tecnología. Sin embargo, su apoyo no es meramente utilitarista. Se funda en sólidas razones conceptuales sobre el desarrollo económico y social del país.
Conare proclama. sin ambages y a limine, que “la sociedad moderna afronta desafíos de especial relevancia que requieren soluciones impostergables”. Este enunciado sería suficiente para fundamentar nuestras conclusiones, pero bueno es agregar otros. Hace hincapié, luego, “en la imperiosa necesidad de establecer políticas y estrategias que nos permitan alcanzar los más altos niveles de productividad y competitividad, aspectos esenciales en la construcción de un país de mayores oportunidades para todos sus habitantes”. Reconoce, asimismo, con honda preocupación que “el vertiginoso y acelerado proceso de cambio tecnológico en diversos ámbitos del mundo amenaza nuestra capacidad en ciencia y tecnología y nos puede llevar fácilmente a un proceso de obsolescencia”. Insta también a las autoridades a fortalecer “las acciones de modernización del sistema bancario y financiero en general”, tema tabú, por cierto, hace pocos años, y clama por una atención esmerada del sistema educativo público en todos sus aspectos.
Este tipo de declaraciones o de tomas de posición entusiasman y merecen el apoyo del país. Señalan un camino, nos dan luz y atacan los bastiones del miedo y del statu quo en ciertos sectores del país. Lamentamos, sin embargo, señalar que no guardan coherencia con declaraciones anteriores de los consejos universitarios de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional y del Instituto Tecnológico de Costa Rica, miembros de Conare, así como de sus principales autoridades, sobre la urgencia de la apertura del país para atraer inversiones, incrementar y diversificar el empleo, sobre todo profesional, e intensificar el comercio y la transferencia de tecnología.
Los planteamientos de estas universidades, en estos meses, a contrapelo de los sentimientos de buena parte del país, invitan al retraimiento y a la demora, con sus fatales consecuencias en el orden económico, social, científico y tecnológico. Estos planteamientos contrarían la lúcida y vigorosa instancia inicial del propio Conare al imperativo de “las soluciones impostergables en la sociedad moderna” y agosta las esperanzas de sus estudiantes y graduados, urgidos de nuevas y amplias fuentes de trabajo, cuya escasez con toda razón los angustia y desalienta.
