Elizabeth Odio Benito, segunda vicepresidenta de la República, desenvolvió para Navidad una de las sorpresas que nos traerá enero: un proyecto de amplia reorganización del sector público para racionalizar las competencias del Poder Ejecutivo, ordenar los esfuerzos institucionales y evitar la duplicación de funciones.
El objetivo principal es "liberar" a lo que se considera un Estado maniatado en su actuar político.
El plan, de cuya buena intención no hay razón alguna para dudar, nos recuerda, sin embargo, anteriores esfuerzos tendientes a mejorar el funcionamiento del Estado, que terminaron en alguna gaveta del ministerio encargado de ese tipo de reformas, ante la ausencia de voluntad política, o archivados en la Asamblea Legislativa, ante el exceso de celo partidista.
Ahora escuchamos de nuevo la idea de ministerios rectores a los que se adscribirían los entes relacionados con su ámbito de competencia, la idea del traslado de competencias del Gobierno central a las municipalidades, entre otras propuestas ya esbozadas anteriormente y nunca ejecutadas.
En una de sus frases lapidarias, don Alberto Cañas aseguraba que el problema no es que el Estado sea grande (frenesí liberacionista y sindical), sino que sea tonto (punto de partida de los arrebatos neoliberales), y el Estado costarricense es bien tonto actualmente.
De ahí que cualquier intento por hacerlo más eficiente y eficaz, con todas las transformaciones y ajustes que estas dos simples palabras encierran, debe ser analizado y discutido seriamente.
La posibilidad de que en esta ocasión la nave llegue a buen puerto estará en manos del Congreso, que conocerá el proyecto en sesiones extraordinarias. De los diputados depende, pues, que no estemos de nuevo a las puertas de cambiar de nuevo las cosas para que todo quede otra vez igual.
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